En lugar de que los exportadores paguen los derechos de exportación a la Aduana, se depositaría ese importe en un fideicomiso

El fideicomiso, que operaría dentro del Banco Nación, sería administrado por AFA, ACA, CIARA y CAPECO.

Concluida la cosecha, ese fondo se distribuiría entre los productores de acuerdo a la declaración de producción de trigo que hayan acreditado en AFIP, 90% en abril y el resto en noviembre.

Esta medida es una mejora respecto de la situación existente, pero que ataca una parte del problema, que es la menor rentabilidad del trigo por la existencia de derechos de exportación, sin solucionar las distorsiones comerciales del esquema de ROE VERDE, ni aportar un esquema claro y transparente de cómo se administrará y se llevará adelante este sistema.

Las dudas que vamos a plantear más adelante son:

Porqué quitarle a los productores los derechos de exportación para después devolvérselos?

Dado el mal precedente del incumplimiento en los programas trig plus / maíz plus, que nos hace pensar que esta vez el sistema funcionará?

Qué condiciones se les pondrán a los productores a la hora de acceder al pago? Esto podría convertirse en una herramienta para que el Gobierno fuerce a los mismos a vender soja, por ejemplo.

Los pagos serán en efectivo o bonos a cuenta de pago de otros impuestos?

Dado que el pago será una parte en abril y otra en noviembre, como se cubrirá la desvalorización del dinero recaudado en esos meses?

Están AFA, ACA, CIARA y CAPECO en condiciones de administrar un fideicomiso de 300 millones de dólares?

Los trascendidos indican que la presidente hará los anuncios por cadena nacional el lunes por la tarde. Esperemos sorprendernos gratamente con los detalles del anuncio, y que estos comentarios sean tenidos en cuenta.

En cuanto al monto que corresponderá recibir por parte de los productores, dependerá de cuanto trigo se exporte. Tomando el FOB oficial de trigo nuevo de 281 U$S/tt, y un derecho de exportación de 23% serían 64,6 U$S/tt por cada tonelada exportada. Pero el trigo que se destina al consumo interno no genera derechos de exportación, y son unas 6 mill.tt. Si tomamos una intención de siembra para el año próximo de 4 mill.tt. con un rinde de 30 qq/ha, serían 12 mill.tt. producidas, la mitad iría al consumo interno, y el saldo exportable sería de 6 mill.tt. De esta forma el fideicomiso recaudaría unos 380 millones de dólares, que distribuidos en 12 mill.tt. producidas generaría un reintegro para el productor de 32 U$S/tt. Fuentes periodísticas indican que en realidad serían 20 a 25 U$S/tt, lo que de todas formas sería un monto importante.

Viendo el vaso medio lleno, en primer lugar esto llevaría el valor del trigo de los 185 U$S/tt que se ofrecían en el Mercado Forward sobre Rosario a valores bien por encima de los 200 U$S/tt, haciendo que el ingreso bruto del trigo mejore fuertemente. Si tomamos el valor del término que orilló los 200 U$S/tt, esta conclusión se potencia más.

Sin embargo, este mecanismo no genera cambios en la capacidad de pago de los exportadores, ya que estos deberán continuar pagando 23% de las ventas externas como derechos de exportación. Por ello la suba del mercado de los 170 a los 200 U$S/tt pensando en una reducción de derechos de exportación fue un error, que debería corregirse con una fuerte baja.

Luego esto no modifica el sistema de ROE VERDE, que viene trabando la comercialización de trigo y generando excedentes productivos de mercado interno que hacen muy difícil prever cuando se terminará cobrando y que precio se logrará obtener por el trigo que no se pueda colocar con la exportación.

Recuperando la visión optimista del asunto, de todas formas esto representaría un plus sobre las condiciones actuales del mercado. Tomando como un dato lo mal que el mercado del trigo viene funcionando, esto representaría una mejora, aunque diste de ser lo que esperaríamos.

Dicho esto veamos los puntos que deberían reconsiderarse en esta propuesta:

La pregunta de fondo es: si el gobierno va a devolver el dinero a los productores… porqué se lo quita inicialmente? No sería mucho más sencillo de administrar que se eliminaran los derechos de exportación?

El problema allí sería que el consumo interno que compite con la exportación para hacerse del trigo Argentino, también debería pagar 23% más por el trigo para evitar que se le escape la mercadería al sector externo. Sin embargo, una vez que los exportadores queden fuera del mercado por el agotamiento del saldo exportable, quedarían comprando solos y podrían llevar el precio a los niveles que les resultaran convenientes. El problema en este caso sería que la diferencia entre valor de exportación y de consumo interno se haría todavía más grande de lo que es hoy, y que aquellos productores que coloquen mayor porcentaje de su producción con la exportación, terminarían logrando un mejor precio que sus pares que se hayan quedado retrasados.

Igualmente debería repensarse si tiene sentido preocuparse por generarles a los molinos un precio más bajo de compra por el trigo, con el afán de que esto no se traslade a los precios de los bienes de consumo, cuando es un hecho que estos vienen subiendo fuertemente. O bien era cierto que el valor del trigo es sólo una parte del costo de los panificados, y que hay otros componentes del costo mucho más gravitantes que justifican la suba, o los molinos se han enriquecido gracias a esta medida. La respuesta es un poco de ambas. Siendo la molinería un sector concentrado, resultará difícil desarmar esta estructura de subsidio.

La otra cuestión que genera dudas con este régimen, es que no es el primero en el que se ha programado hacer devoluciones a los productores. Existe un programa llamado trigo plus y maíz plus, por el cual en la medida en que la producción creciera los productores recibirían devoluciones similares a las que aquí se ponen en estudio aquí. A pesar de que las cláusulas que gatillaban el pago se dieron en el pasado, nadie recibió esas devoluciones.

Por otro lado también se despierta la susceptibilidad en el sentido de las condiciones que se pondrán para que esta devolución se efectivice. Por ejemplo, se podría instrumentar que sólo podrán recibir devoluciones de trigo nuevo, quienes acrediten haber vendido la totalidad de la producción de maíz y soja, o cierto porcentaje a abril y noviembre de cada año.

En cuanto al pago de las devoluciones, no sería descabellado pensar que en vez de efectivo, se liquiden bonos para pagar otros impuestos, como ganancias, IVA, seguridad social, etc. De esta forma el gobierno se aseguraría que quienes reciban la devolución de derechos de exportación cumplan con sus obligaciones tributarias. Si bien es cierto que esto de todas formas permitiría un ahorro, el mismo se daría a la hora de la liquidación y pago de los impuestos.

Además, no menos importante, es considerar que si se redujeran los derechos de exportación, el productor podría obtener el valor adicional de los derechos de exportación ni bien entregue sus granos, o bien si no vende de inmediato, ese importe quedaría en dólares. Si el fideicomiso se establece en pesos, habrá una desvalorización del dinero entre el momento de la cosecha (diciembre/enero) y el momento de la liquidación (grueso en abril, remanente en noviembre). Dejemos de lado la cuestión de que ese dinero quedaría improductivo todos estos meses, porque se supone que los administradores del fideicomiso deberían colocar esos montos en inversiones. La pregunta es si ACA, AFA, CIARA y CAPECO son entidades con la capacidad para administrar fondos, y si podrán hacerlo sin interferencias del gobierno nacional.