El kirchnerismo quiere «democratizar» la Justicia para emancipar a los tribunales de los intereses económicos. Al juez Sebastián Casanello, simpatizante de La Cámpora, le tocó poner en práctica la teoría con un caso muy incómodo: debe determinar si Lázaro Báez, el socio de Néstor Kirchner, montó un circuito de dinero negro.
Casanello buscó consejo en jueces retirados. Le propusieron una receta sencilla. En vez de entretenerse con Leonardo Fariña y el resto de la farándula, debería enviar un exhorto a los países en los que Báez creó sociedades offshore. Y solicitar el número y los movimientos de las cuentas bancarias de esas firmas. Así quedarían identificados los destinatarios finales del dinero.
¿Serán sólo el constructor y su familia? "Nadie arma una ingeniería financiera tan costosa para muy pocas personas", imagina un experto. ¿Hay otros usuarios de esos canales? ¿Habrá algún funcionario? Nada puede descartarse. Dos cosas quedaron claras. Que Casanello quedó paralizado. Y que los ex magistrados que lo asesoraron no son amigos del Gobierno.
