El término "democracia" siempre conlleva un sentido emocional positivo; por eso cuando se dice que es necesario "democratizar" algo, la primera sensación es que ello es bueno ya que, si hay que democratizarlo, es porque no lo está y, si ese algo no está democratizado, en principio, es malo. Cuando el Gobierno dice que hay que "democratizar" la Justicia, logra producir un efecto positivo en la gente, porque básica y popularmente, democratizar siempre es bueno, en la medida que sea bueno el sistema de gobierno democrático.

Sin embargo, la misma Constitución que consagró un sistema democrático de gobierno dispuso también un sistema republicano; y si bien en principio ambos conceptos parecían referir a la existencia de gobiernos elegidos por el pueblo, con el tiempo y la depuración de la ciencia política y constitucional, el término "república" comenzó a adquirir su propia identidad; su significado actualmente refiere a la existencia de órganos de gobiernos definidos y con potestades separadas, así como también la independencia del Poder Judicial respecto del político.

Si nuestra ley fundamental consagró a la democracia y a la república como sistemas de gobierno, es porque entendió que ambos son diferentes, pero compatibles entre sí. Por lo tanto vivimos en democracia porque la titularidad del poder reside en la gente; elegimos a nuestros gobernantes, a quienes transferimos mediante el voto ese poder político para que conduzcan los destinos del conjunto; y porque esos gobernantes tienen que gestionar buscando el bien común de sus representados.

Pero por otra parte tenemos un sistema de gobierno republicano, porque se debe respetar la división de poderes y, fundamentalmente, porque debe existir un órgano judicial independiente del poder político, en el que la palabra "democracia" no cuenta, no porque sea mala, sino porque la verdadera democracia es la que se profundiza en su propio andarivel, sin pretender penetrar en ámbitos en los que la voluntad popular está limitada, como le es el Poder Judicial.

Para resguardar esa independencia, la Constitución Nacional ha establecido que los cargos de los jueces sean vitalicios, para alejarlos del fragor de la campaña política, absolutamente necesaria para que la voluntad popular encuentre su cauce, pero definitivamente negativa para el imparcial desarrollo de la administración de justicia.

Ya ha sido negativa la reforma constitucional de 1994 al permitir que el Consejo de la Magistratura pudiera estar integrado por representantes del ámbito político (legisladores y mandatarios del PE). Mas grave aún es que a los representantes de los abogados y de los jueces dentro del Consejo se los obligue también a realizar proselitismo en busca del favor popular, con el objetivo de desempeñar las importantísimas tareas que nuestra Constitución le encarga a dicho órgano.

Un "sofisma" es un argumento aparente con el que se pretende sostener algo que es falso. Pues todos los argumentos que se exponen para justificar que es necesario "democratizar" la Justicia son sofismas, ya que tienen una apariencia de lógica benevolencia, pero arriban a una cívicamente falsa conclusión, la de que es necesario que haya democracia en el Poder Judicial. En cambio sí es necesario profundizar su independencia, para lo cual no hay que democratizarlo, sino "republicanizarlo".