Todos los ministros de la Corte Suprema, mediante un comunicado, expresaron ayer su respaldo a la negociación que el presidente del alto tribunal, Ricardo Lorenzetti, mantuvo con el Gobierno para que el tribunal conserve la atribución de administración de todo el Poder Judicial .

Anteayer, Lorenzetti quedó en medio de fuertes cuestionamientos cuando se supo que, en una reunión que mantuvo con la presidenta Cristina Kirchner, defendió esa facultad de la Corte, pero omitió hacerle saber la "preocupación" que tienen los jueces y camaristas inferiores frente a las amenazas que, según ellos, representan las modificaciones al Consejo de la Magistratura para su independencia y estabilidad.

Quien puso de relieve las sospechas que había despertado la jugada de Lorenzetti entre magistrados y políticos fue la diputada Elisa Carrió, quien en el Congreso calificó la conversación del juez con la Presidenta como un "pacto".

En el comunicado de la Corte, firmado por los siete jueces del tribunal supremo, se dice:

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación informa que fue decisión unánime de este cuerpo colegiado que su presidente y su vicepresidente -Elena Highton- remitieran a la Cámara de Diputados de la Nación la nota firmada por el presidente de la Junta de Cámaras Nacionales y Federales en la que se nos hacía saber que, de sancionarse algunas de las normas de los proyectos de reforma judicial, puede producirse una verdadera paralización del Poder Judicial".

Y después agrega: "También fue decisión unánime de esta Corte que en la comunicación enviada a la Cámara baja se manifestara que esta Corte tiene la obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento en el Congreso de la Nación o que puedan ser materia justiciable".

La nota de la Corte era previsible después de la polémica del día anterior. Firmada por todos sus integrantes, el tribunal en pleno dejó en claro que el cuerpo conocía las negociaciones que Lorenzetti mantendría con la Presidenta y las respaldó por completo.

Todos los jueces conversaron sobre este asunto en dos acuerdos de ministros, que fueron revelados en forma exclusiva por LA NACION. "Lorenzetti estuvo con Cristina en un acto en Gobierno. Era el hombre adecuado para hablar con la presidenta. Hizo lo que tenía que hacer", afirmaron en la Corte.

El segundo párrafo del comunicado también avaló el criterio de Lorenzetti de tan sólo limitarse a defender ante la Presidenta las atribuciones de la Corte, aunque no haya hecho lo mismo para garantizar mayores dosis de independencia de los jueces frente a las amenazas que trae el proyecto de Consejo.

Ésa fue la posición que, desde un primer momento, mantuvo la Corte: el tribunal puede defender su atribución de administrar la Justicia, porque es inherente a la organización del Poder Judicial, pero no puede inmiscuirse, en abstracto, en la facultades del Congreso de optar por sancionar una norma. Será en el futuro cuando le corresponderá pronunciarse sobre la validez de esa ley.

La movida de Lorenzetti y la consiguiente justificación que dio la Corte, sin embargo, no terminaron de calmar del todo los ánimos. En una nota del 15 de abril, firmada por todos los presidentes de cámaras federales del país, estos magistrados le habían hecho saber al juez supremo que respaldaban la supremacía de la Corte, pero, al mismo tiempo, lo instaban a defender la independencia de todos ellos frente a las amenazas del futuro Consejo.

Esta primera nota efectivamente existió y, como dijo Carrió, también es cierto que en la nota del 18, que Lorenzetti sí le hizo llegar a la Presidenta, el párrafo que contenía esa preocupación de los jueces había desaparecido. El comunicado que difundió ayer la Corte curiosamente sólo se refiere a esta segunda nota.

Los jueces inferiores no están convencidos de que Lorenzetti, por motivos constitucionales, no podía introducir el tema de la independencia en la charla con la Presidenta. Muchos de ellos sienten que les soltó la mano.

Algunas cámaras federales salieron ayer a respaldar a la Corte, pero también le recordaron la necesidad de que "en el futuro defienda la independencia de los jueces".