En efecto, la Ley 8318 -vigente desde hace más de 20 años y tomada como modelo tanto a nivel nacional como internacional- otorgaba exenciones impositivas de hasta el 80% en el impuesto inmobiliario rural para los establecimientos que realizaban prácticas para la conservación y protección de sus suelos, según planes de largo plazo que se debían presentar previamente. Sin embargo, la Ley impositiva para 2013 puso un techo del 35% a esa exención vulnerando así un derecho adquirido y legislando en forma contraria al cuidado del recurso tierra.

De esta forma, no sólo se actúa en forma inconstitucional sino que se pone en riesgo el buen uso de la tierra, al minar su posibilidad de incorporar las mejores prácticas y últimas innovaciones tecnológicas a los planteos productivos. Además, se agrava la presión fiscal total que sufre el productor ya que este cambio resulta, en la práctica, en un mayor aumento encubierto del impuesto inmobiliario rural, un tributo que, por otro lado, registró un desmedido aumento en 2013.

Tal como lo manifestamos oportunamente, cuando se trató este aumento, el campo sufre una presión impositiva récord ya que, además de los impuestos a las ganancias, bienes personales, al cheque y el Inmobiliario, entre otros, enfrenta un impuesto a las ventas (retenciones) que llega al 35%. Como consecuencia, la presión impositiva del campo es un 50% más alta que el que afronta el resto de los sectores económicos de la Argentina y el pago de impuestos se lleva del 80 % del resultado de la empresa agropecuaria.

El aumento del impuesto inmobiliario atenta contra la capacidad productiva del campo, contra la inversión de largo plazo y contra el desarrollo de los pueblos del interior.

El único afán que tiene el gobierno de la provincia de Entre Ríos es recaudar sin respetar los derechos constitucionales, el principio de equidad en materia tributaria, la necesidad de establecer una política agropecuaria previsible que permita el desarrollo genuino y el concepto de sustentabilidad.

Por último, la suba del impuesto inmobiliario y los cambios legislativos se enmarcan en una irresponsable política fiscal del gobierno nacional que transfiere el ajuste a las provincias y que termina sofocando económicamente al campo, a los demás sectores productivos y, en definitiva, a las ciudades del interior, en una actitud contraria al federalismo.