En pocas semanas, la Argentina no será la misma de hoy. A la vista de todo el mundo, el Gobierno lleva a cabo en estos días un verdadero golpe institucional que, una vez consumado, se traducirá en el peor avasallamiento de la sociedad y las instituciones desde la recuperación de la democracia.

No es difícil medir todas las consecuencias posibles de la reforma judicial que impulsa el Poder Ejecutivo mediante seis proyectos de ley, de segura y pronta aprobación, bajo la consigna falaz de "democratizar" la Justicia , cuando de lo que se trata es de someterla al absoluto arbitrio de la Casa Rosada, violando flagrantemente la Constitución.

Tan "democrática" es la reforma que el oficialismo, haciendo valer su mayor número de legisladores, se niega a efectuar en el Congreso la menor modificación en los textos de los proyectos y aspira a sancionar las iniciativas del Ejecutivo en un veloz trámite a libro cerrado.

Tres de los seis proyectos oficiales concentran el verdadero interés del Poder Ejecutivo para sojuzgar al Poder Judicial: el de reformas a la ley que regula el Consejo de la Magistratura, el de la creación de tres cámaras de casación y el de reformas al régimen de las medidas cautelares contra el Estado. Los tres restantes, esto es, el del acceso a las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios de los tres poderes del Estado, el del denominado ingreso igualitario al Poder Judicial y el de la publicación obligatoria en Internet de todas las decisiones emanadas de la Corte Suprema y de los tribunales nacionales de segunda instancia son meramente efectistas, y la implementación de algunos aspectos de estas iniciativas constituye además un cuestionable avance sobre facultades propias de la Justicia, que ni siquiera ameritan el dictado de leyes a tales efectos.

Para empezar, las nuevas leyes le permitirán al Gobierno, mediante una nueva reforma del Consejo de la Magistratura, decidir la elección y remoción de los jueces. Es fácil advertir que este inmenso poder obrará como otro fortísimo factor de amedrentamiento de los magistrados que deban resolver en casos que atañan al Gobierno y a sus funcionarios. Para calibrar el efecto del miedo basta tener en cuenta que ya hoy son varios los jueces y fiscales del fuero Federal que mantienen en estado letárgico causas que entrañan peligro para altos funcionarios.

Se busca convertir al Consejo de la Magistratura en un apéndice del actual gobierno, mediante el engañoso postulado de buscar "democratizar" la elección de sus miembros consejeros, violando además de modo ostensible el artículo 114 de la Constitución Nacional.

Ese artículo establece un sistema de equilibrio en la composición de los estamentos que lo integran, compuesto por representantes de los jueces, académicos, abogados de la matrícula federal, legisladores y del Poder Ejecutivo. Y si bien este equilibrio ya había sido violentado en la anterior reforma de la ley que actualmente rige el Consejo, lo que motivó diversos planteos de inconstitucionalidad irresueltos a la fecha, el Gobierno cayó en la cuenta de que esto aún no era suficiente al no lograr contar con la mayoría de los dos tercios de votos para lograr imponer la designación de candidatos a jueces altamente cuestionados, ni para instar y lograr la remoción de sus cargos de diversos magistrados que osaran resolver conforme a lo que consideraran que en derecho corresponde, en causas judiciales en las que el Poder Ejecutivo no está dispuesto a admitir la posibilidad de que se decidiese de forma contraria a sus deseos.

Bajo el declamado propósito "democratizador" se propugna sujetar la elección de los representantes de los jueces, académicos y abogados al proceso eleccionario de autoridades electivas nacionales, por lo que los candidatos deberán integrar listas propuestas por los partidos políticos, circunstancia que indudablemente condicionará su actuación a la pertenencia a un determinado espacio político, coartando así su independencia de criterio. Al mismo tiempo, el proyecto de reforma dispone que la elección de esos consejeros se celebre juntamente con las elecciones para presidente de la Nación. Así, una fuerza política gobernante que, por el caudal de votos circunstancialmente obtenido, logre hacerse de la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Nación y de una mayoría simple de miembros en el Consejo, logrará manejar los tres poderes del Estado, violentando la esencia de nuestro sistema republicano, donde el Poder Judicial constituye el órgano natural que ejerce el control de la legitimidad sobre la actuación de los otros dos poderes. Y esto es así por cuanto en el contexto de las nuevas facultades que asimismo se le otorgan al Consejo de la Magistratura, con esa mayoría simple se manejarán discrecionalmente todos los recursos económicos, técnicos y de infraestructura del Poder Judicial, a la par que se verá allanado el camino para designar jueces adictos como para remover a los réprobos que cometan el pecado de resolver conforme a derecho y honrando sus convicciones éticas y morales.

Que no se busca la democratización sino el sometimiento judicial lo prueba el hecho de que, en 2005, Cristina Kirchner, por entonces senadora, defendía el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura para reducir de 20 a 13 sus consejeros y así tornarlo "menos burocrático". Esa reforma mereció tres demandas de inconstitucionalidad.

Por si alguna duda quedaba sobre las razones del súbito cambio de opinión de la Presidenta, el senador kirchnerista y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, dijo a LA NACION: "La Presidenta entendió en ese momento [año 2005] que la reducción daba el lógico equilibrio y control del funcionamiento político-institucional del Consejo. Pero esa reducción no dio el equilibrio que debería dar el sector político en contra del sector corporativo de los jueces". A confesión de parte, relevo de prueba. La palabra "equilibrio" que menciona el senador neuquino del Frente para la Victoria no es más que un eufemismo que encubre el deseo de control del órgano encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados por el partido gobernante.

La Presidenta, que hoy propugna esta reforma, encabeza un régimen que, como sostuvo el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, designó nada menos que a 400 de los 730 jueces en funciones, propuso a la mayoría de los miembros de la Corte Suprema, mantiene vacantes en 183 tribunales nacionales y federales, y, hace pocos meses, impulsó la ley del per saltum para que la Corte pueda abocarse a ciertas causas en forma directa.

Pero haber designado a más de la mitad de los jueces no es suficiente para un grupo político que aspira a gozar de un poder hegemónico y a tener a disposición de su proyecto a una nueva categoría de jueces, partidarios y militantes.

Las reformas propuestas no hacen sino cristalizar un viejo anhelo totalitario del actual gobierno que se ve elocuentemente sintetizado en la declaración de la diputada kirchnerista Diana Conti, en el sentido de que "en la democracia, la mayoría gobierna en los tres poderes". Si las iniciativas prosperan, por vía de una ley, se estará suprimiendo la operatividad del principio basal de la división de poderes con las gravísimas consecuencias que de ello se pueden derivar para la vida republicana y el ejercicio y vigencia de los derechos y garantías constitucionales.

Contrariamente a lo que sostiene el discurso oficial, la reforma no favorecerá a la gente. Por el contrario, uno de los grupos más perjudicados será el de los jubilados, que ya en la actualidad sufren con la mala liquidación de sus haberes y con el desvío de los fondos previsionales que el kirchnerismo destina al proselitismo político en desmedro de quienes deberían ser los únicos beneficiarios del sistema. Su futuro, que es el de prácticamente todos, será más negro aún porque la reforma judicial contempla la creación de nuevas cámaras de casación en los fueros en lo Contencioso Administrativo; Civil y Comercial, y Previsional y Laboral. De esta manera, la nueva instancia demorará aún más el trámite judicial y obligará a los litigantes a perder más tiempo y dinero, cuando si hay algo que no les sobra a los jubilados es, precisamente, tiempo y dinero.

Puesto que el Gobierno ya ha perseguido a jueces que resuelven en favor de jubilados, no es arbitrario suponer que para la Cámara de Casación Previsional elegirá a magistrados que fallen contra los jubilados. Al margen, la ampliación del sistema de casación contradice el espíritu del per saltum que el oficialismo aprobó hace pocos meses.

La creación de esta nueva instancia judicial no sólo demorará los procesos judiciales, sino que apunta a reducir el papel de una Corte Suprema que, como se sinceró hace algo más de dos años el funcionario Carlos Zannini, fue elegida por el kirchnerismo "para otra cosa".

Otro de los puntales de la justicia kirchnerista será el límite que se establece para las medidas cautelares contra el Estado. De esta manera, el Gobierno procura un poder absoluto para el Estado y que no vuelva a repetirse una de sus peores derrotas: el fracaso, debido a una cautelar, de su intento por debilitar al Grupo Clarín mediante la aplicación de la ley de medios audiovisuales. Similar derrota y con el mismo instrumento sufrió cuando quiso confiscar el predio de Palermo de la Sociedad Rural Argentina.

No hay ningún misterio en cuanto a los verdaderos propósitos que subyacen en esta autoritaria y antidemocrática reforma judicial. Con ella, el Gobierno colonizará el Poder Judicial y, a partir de allí, prácticamente no encontrará límites a sus ambiciones en todos los terrenos, al tiempo que verá asegurada la impunidad de sus funcionarios en la enorme lista de casos de corrupción.

Asistimos, así, al surgimiento de un régimen totalitario bajo el ropaje de una democracia que el Gobierno degrada hasta convertir en una cáscara formal. Es de esperar que legisladores del oficialismo o cercanos a él, que en su momento juraron respetar la Constitución, tengan la dignidad y el coraje necesarios como para no rendirse como mansas ovejas a levantar la mano en contra de la República..