La misión de Amado Boudou en los Estados Unidos terminó con un fracaso que puede tener imprevisibles consecuencias sobre la Argentina. Un eventual default, acarrearía un efecto claro en la economía: se cerraría el crédito comercial y la economía entraría en recesión.

Por eso, la Audiencia en los tribunales de Manhattan tuvo un saldo pésimo para la Casa Rosada y su resolución quedó muy distante de lo que Hernán Lorenzino le había prometido a Cristina Kirchner.

Los informes previos del Palacio de Hacienda eran optimistas y aseguraban que, al final, el desenlace iba a ser positivo para la Argentina. El equipo económico sobrevaloró un tibio y formal apoyo de EE.UU. y creían que el aval del Banco de Nueva York y los bonistas era decisivo para volcar las cosas a favor.

Hernán Lorenzino repitió esos argumentos en los medios estatales y para-estatales que incluyeron en la misión a EE.UU. El propio Boudou se sumó a la delegación –por orden de la Presidenta– para capitalizar una audiencia supuestamente favorable al país.

Pero esa realidad virtual que se construyó en la Quinta de Olivos, no tuvo correlación con lo que ocurrió. Ya hace unas semanas en reuniones privadas, Javier Alvaredo y Daniel Marx advertían que el trance judicial no era fácil. La primera señal del duro traspié la dio la jueza Reena Raggi.

Al comenzar la audiencia, los abogados entendieron que el tribunal había resuelto lo que hubiera sido una verdadera derrota política para la estrategia oficial. Así lo dijo: “El tribunal rechaza el pedido argentino de autorizar un en-banc”. Jonathan Blackman y Carmine Bocazzi enmudecieron.

Esto implicaba invalidar el “en-banc”, el pedido argentino de ampliar el caso a la totalidad de los 13 miembros de la Cámara de Apelaciones de Nueva York. El Palacio de Hacienda quería ampliar el tribunal, porque los actuales tres miembros ya habían fallado contra la Argentina y avalaron lo actuado por Thomas Griesa. La dudas corrieron hasta la última hora de ayer, cuando se supo finalmente que la posibilidad aún seguiría abierta.

El otro mazazo fue cuando el tribunal desacreditó los apoyos de los bonistas que adhirieron al canje y del abogado del Banco de Nueva York. El funcionario del BNY se esmeró en advertir las consecuencias de un fallo adverso para la plaza bancaria de Manhattan. Pero sufrió un sofocón, cuando el tribunal le preguntó quién pagaba los honorarios del banco y admitió –tras una consulta– que era la Argentina. En forma maliciosa y para desacreditar su testimonio, la jueza Raggi lo acusó: “Entonces Ustedes están actuando en tándem con Argentina”.

Pero el clima no se recuperó nunca después de que los funcionarios manifestaran que iban a desconocer, si era adverso, el fallo del tribunal. Blackman dijo: “Argentina no va a acatar una orden así”.

Esa afirmación la fortaleció después Boudou y provocó un embrollo, similar al que había cometido la Presidenta en noviembre, cuando se conocieron los primeros fallos de Thomas Griesa favorables a los fondos buitres.

La Presidenta antes, como Boudou ahora, tratan de sacar un rédito político interno, atacando verbalmente a los “fondos buitre”. Pero esas declaraciones provocan el efecto inverso en los tribunales: son funcionales a los “fondos buitre”, porque dinamitan la estrategia judicial argentina.

El estudio Cleary Gotlieb las desaconsejó, pero el gobierno desoyó la recomendación profesional de la defensa. El abogado Blackman la repitió sólo por la orden presidencial y porque no quieren perder sus jugosos honorarios de 20 millones de dólares anuales.

Sin embargo, el miércoles la movida generó mayor malestar en el tribunal, porque contradice un escrito oficial del gobierno argentino entregado en los tribunales de Manhattan. Cuando habló Cristina en noviembre, ese documento no existía.

Precisamente para subsanar la rebeldía judicial declarada por la Presidenta, el estudio de abogados Cleary Gottlieb le exigió a la Casa Rosada enviar un escrito que asegure que Argentina va a aceptar el fallo final.

Para evitar un revuelo político se decidió que el Ministerio de Economía enviaría una nota secreta al tribunal desmintiendo las bravuconadas públicas de la Presidenta y ratificando el acatamiento al tribunal.

El texto, lo firmó Francisco Eggers, como Director de Crédito Público del Palacio de Hacienda. En su redacción se dice taxativamente que Argentina va a cumplir con plazos y decisiones que tome el tribunal de Nueva York. Esa carta fue clave para que la Cámara de Apelaciones postergara a fines de 2012 la sentencia de Griesa que había puesto en jaque a la economía con la amenaza de un eventual default técnico. Ese documento permitió que los magistrados aceptaran la apelación de la Casa Rosada y abrieran el plazo de 90 días que terminó el miércoles.

Ahora, en la audiencia, el Gobierno cambió: dio marcha atrás y desautorizó esa presentación oficial en el tribunal. Ayer el resultado tuvo un efecto devastador sobre los bonos.

Un informe confidencial del Banco Morgan Stanley habla de un eventual default, en un trabajo cuyo título lo dice todo: “Argentina en un asiento judicial caliente”. La consultora Ana Heltern –que trabajó en un momento para Cleary Gotlieb– informó a sus clientes de Wall Street : “Ahora Argentina debe ser tratada como un paria”.

Una conclusión increíble, fruto de la falta de pericia del gobierno.

La Casa Rosada esta amenazada con un default cuando siempre tuvo una decisión clara: pagar a los acreedores externos, al punto de imponer medidas impopulares, como el cepo cambiario, para cumplir con los banqueros.