El gobierno de Cristina Kirchner analiza prorrogar el congelamiento de precios dispuesto hace dos semanas por 60 días y extenderlo directamente hasta las elecciones legislativas del 27 de octubre próximo, en las que la Presidenta se juega su futuro político.

Dentro de las alternativas en evaluación se encuentra la idea de disimular ese objetivo estableciendo renovaciones sucesivas del control de precios en todos los sectores de la comercialización.

Esto se estudia puertas adentro de la Casa Rosada, principalmente desde una perspectiva electoral, ya que la preocupación por el día 61 llegó hasta el despacho presidencial. Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, Cristina Kirchner sabe que el 1° de abril estará en los albores de la campaña electoral y teme un desborde en los precios de los supermercados que termine de cristalizar la idea de que la inflación no puede ser morigerada. Un eventual impacto negativo en el humor social repercutiría directamente sobre la intención de voto del Frente para la Victoria.

En forma paralela, la Presidenta bendijo al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, para que ajuste los controles sobre todas las cadenas comerciales, de todos los rubros.

"Moreno le llevó un informe a la Presidenta en el que detectó, por medio de las asociaciones de consumidores, que los mayores aumentos se producen en el último eslabón de la cadena de comercialización, en el vendedor minorista, o sea el supermercado o el almacén", confió a LA NACION una fuente de la Casa Rosada de frecuente diálogo con la jefa del Estado.

"Hay saltos en los precios de hasta 70% cuando se analizan los precios mayoristas y luego los minoristas", agregó el funcionario.

En este sentido, tanto Moreno como todo el equipo económico, desde el ministro Hernán Lorenzino hasta el viceministro Axel Kicillof, comenzaron a evaluar con preocupación el escenario del día 61, cuando en teoría se debería levantar el actual congelamiento de precios. El acuerdo compulsivo con los diversos sectores comerciales generó una expectativa para ese día que en el Gobierno evalúan difícil de desmontar.

"Es por ello que podrán renovarse los acuerdos de precios hasta las elecciones y aplicar fuertes controles, multas y sanciones para quienes no los cumplan", aseguran en Balcarce 50.

La campaña electoral está en el trasfondo de los análisis sobre inflación que hacen la Presidenta y Moreno en las reuniones nocturnas de la Casa Rosada, cada vez con más frecuencia. Más allá de cuestiones de listas y candidatos, allí se analiza el impacto del rumbo económico sobre el electorado.

Cristina descuenta que la economía no crecerá a los niveles del pasado, a tasas chinas, sino que se estacionaría en un 3,5% de suba del PBI. Y busca entonces, al menos, minimizar las malas noticias.

Una suba descontrolada en los precios podría arruinar cualquier campaña electoral. En el Gobierno estiman que si el FPV obtiene menos del 45% en las elecciones será muy complicado instalar la necesidad de una reforma de la Constitución para obtener la habilitación para una segunda reelección presidencial. O al menos para incidir en la sucesión en el sillón para 2015.

Otros números de la economía inquietan al Gobierno. En 2012, el déficit fiscal primario fue de 8181 millones de pesos (sin el pago de la deuda), en tanto que el rojo financiero ascendió a 56.071 millones. Esos desequilibrios se cubrieron con mayor gasto público y más emisión monetaria.

Es por ello que, tal como anticipó LA NACION la semana pasada, Cristina Kirchner le ordenó al equipo económico consultar a un grupo de economistas externos sobre planes alternativos. Esos técnicos recomendaron cambios en la política cambiaria, fiscal y monetaria.

Entre esa medidas se encontraría la posibilidad de acelerar una devaluación del tipo de cambio oficial. Sobre fin de año, el dólar podría quedar en 6,50 pesos, aunque en las elecciones rondaría los 5,40.

También se evalúa una moderación en el gasto en subsidios y en la emisión, sin llegar a un ajuste que en el Gobierno consideran "neoliberal".

Sigue en pie, además, la posibilidad de replicar la creación de mercados centrales en diversos puntos del interior del país para que sirvan como reguladores de precios. La Presidenta quiere llegar a las elecciones de octubre sin que la inflación se note demasiado en el bolsillo de los sectores que la votan.