Por primera vez en su historia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha emitido una moción de censura hacia uno de sus países miembros. Lamentablemente, el triste privilegio de inaugurar dicha sanción le ha correspondido al nuestro. La sanción ocurre luego de que la Argentina incumplió el artículo VIII de los estatutos de la organización. Ese artículo establece que los países miembros deben proveer información adecuada que permita el proceso de monitoreo macroeconómico regular que lleva a cabo la institución a todos sus miembros asociados, sean o no estos receptores de financiamiento bajo algún programa de apoyo.
En el caso de la Argentina, el incumplimiento del artículo VIII se ha producido por la negativa de nuestro país a medir adecuadamente su inflación y sus cifras referidas al Producto Bruto Interno (PBI). Ambos indicadores han sido manipulados sistemáticamente desde que el Gobierno tomó la decisión de intervenir el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), a partir de enero de 2007, hecho del que no dudan ni la población en general, ni los sindicatos oficialistas ni opositores, ni probablemente las más altas autoridades del gobierno nacional.
La Argentina se había comprometido en numerosas ocasiones ante el FMI a revisar la elaboración del índice de precios y a reemplazar el tradicional Indice de Precios del Gran Buenos Aires (IPC-GBA) por uno de alcance nacional, que en la visión del Gobierno reflejaría mejor la verdadera tasa de inflación de la Argentina. Llamativamente, horas después de conocerse la sanción del FMI, el gobierno nacional confirmó para este año la implementación de un nuevo índice para medir la inflación. El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, dijo que se está trabajando en uno que reemplace el del IPC-GBA, que solamente tiene alcance en la Ciudad de Buenos Aires y en algunos partidos del conurbano.
Es una nueva promesa sobre un tema que, no obstante, jamás había presentado inconvenientes de ningún tipo. ¿Por qué querría calcular el Gobierno un Indice de Precios Nacional, cuando el único interés oficial ha pasado siempre por sostener, falazmente, una mentira que inauguraron en enero de 2007?
De hecho, previo a aquella intervención, tanto el Indec como el IPC calculado por la Argentina eran considerados como modelos para otros países de la región. Uno de los más importantes especialistas en la elaboración de índices de precios y de cálculos de la contabilidad nacional, el estadístico canadiense Jacob Ryten puede dar cuenta de ello, ya que colaboró en forma muy intensa con la Argentina y durante muchos años en lograr mejoras continuas en los cálculos efectuados por los entonces respetados trabajadores del Indec.
En una reciente entrevista realizada a Ryten por el diario Ámbito Financiero, opinó que hace mucho tiempo el Indec viola normas internacionales en cuanto a la información que debe suministrar al FMI. Y fue aún más lejos: "No es posible -dijo Ryten- seguir hablando con la dirección [actual] del Indec porque no tiene los conocimientos, la experiencia, los contactos con expertos internacionales y, sobre todo, la integridad moral para elaborar IPC [índice de precios al consumidor] con la calidad y la credibilidad necesarias. Antes de discutir con la dirección lo que sea, yo exigiría su renuncia inmediata".
Los estatutos del FMI han incorporado desde 2004 una metodología para el tratamiento de los países miembros que falsearan sus estadísticas. El primer paso dentro de esa metodología es la moción de censura, de la que ya se ha hecho merecedora la Argentina. Le seguirá luego, en caso de persistir las falencias estadísticas, la declaración de no elegibilidad para el uso de fondos de la entidad y, luego de ello, el retiro del derecho a voto en el directorio de la institución. Finalmente, sucede la expulsión del organismo.
Si bien no es posible conocer en forma oficial cómo fue la composición de los votos en el Directorio del FMI que llevaron a la moción de censura, trascendió que los principales países del mundo votaron en contra de la Argentina. Y del grupo de 24 naciones que componen el Directorio sólo Brasil, Venezuela y Chile se habrían opuesto a la medida. Ni siquiera Rusia y China, habitualmente propensos a acompañar medidas opuestas a las de los principales países occidentales, acompañaron a nuestro país.
Las teorías conspirativas, los complots a los que es tan afecta a denunciar nuestra presidenta Cristina Kirchner no parecerían en este caso entrar en la mente de ningún analista medianamente informado. Cuando la CGT oficialista declara abiertamente que la inflación es del 25 por ciento anual, la teoría del complot goza de menos credibilidad que la negación de la llegada del hombre a la Luna.
Dejar las estadísticas argentinas en manos de patoteros del mercado central o de barrabravas tiene sus costos. Un paso más en el aislamiento total de la Argentina, el único país de la región al cual el mundo se le ha desplomado sobre su cabeza.