Antes la cosa parecía sencilla. En el país no existe la inflación; los sueldos aumentan para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores; la carga impositiva creciente garantiza una digna distribución del ingreso; un opositor que denuncia agresiones es un llorón; la inseguridad, una sensación. Si el Gobierno hace una denuncia, los malos siempre son los otros. Si había un apagón, "alguien bajó la palanca".

Ahora, desde que empezó el año, al Gobierno le cuesta calibrar su coherencia interna. Sigue sin admitir el problema de la inflación, pero fuerza un "congelamiento de precios" por dos meses. ¿No había dicho el Indec que los precios no subieron más que 0,3% en los últimos meses? ¿No había advertido la Presidenta el 25 de enero que acordar precios "no sirve", cuando le pidió a la gente boicotear a quienes especulan con los aumentos?

La inseguridad entró en el discurso oficial: la enorme campaña propagandística del Gobierno para denunciar el flagelo en la socialista Santa Fe amplifica el silencio que aplica el kirchnerismo ante los crímenes que se suceden en dosis aterradoras en Buenos Aires, la Capital y el resto del país (allí, como disertó ayer el secretario Sergio Berni, aún rige la teoría de "la sensación").

¿Cómo imaginar tiempo atrás que Julio De Vido iba a admitir 2000 cortes de luz en un día de verano? ¿O que el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, al quejarse de la publicación en LA NACION del aumento de las dietas legislativas, justificara la medida con que ellos pagan mucho por impuesto a las ganancias?

Entre kirchneristas y opositores también sorprendió el traspié de la Presidenta en su denuncia de las asociaciones de defensa del consumidor: reveló una supuesta estafa sin saber que estaban involucrados en esa operación tres funcionarios kirchneristas, uno de ellos ascendido hace poco por ella y de íntimo nexo con el funcionario estrella Axel Kicillof.

Las crecientes complicaciones de la economía, la tensión con los gremios y sobre todo un proceso de toma de decisiones y comunicación interna cada vez más cerrado explican en gran medida el desajuste en la construcción del mensaje oficial. Fuentes que circundan el poder kirchnerista suelen describir alarmados esa cada vez más amplia distancia entre la Presidenta y quienes deben gobernar con ella. Al punto de que algunos tuvieron que aprender de urgencia a usar Twitter para enterarse rápidamente de los humores de la jefa, cada vez más asidua a lanzar en sus horas libres cataratas de mensajes en los que marca la línea discursiva que deben seguir funcionarios y legisladores para involucrarse en el debate público.

Es curioso cómo diputados, senadores y hasta ministros esperan ansiosos que alguien les cuente de qué se trata la "democratización de la Justicia" que Cristina Kirchner prometió en un discurso y que tendrán que defender de acá a unos días.

Esa incertidumbre nubla el escenario electoral. "Nadie nos baja línea", se sincera un kirchnerista que opera en el territorio soñado, Buenos Aires. ¿Hay que creerles a quienes dicen que Cristina quiere que Daniel Scioli y Sergio Massa no huyan del oficialismo? ¿O tomar como un mensajero "de arriba" a Amado Boudou cuando dice que el gobernador es "un cobarde"? Esa dualidad desconcierta a Scioli, claro, que todavía cree en la posibilidad de ser un heredero sin conflictos, mientras teme que el ahogo financiero le incendie la provincia.

La pelea electoral obsesiona a la Casa Rosada. Para ganar en octubre con márgenes que inviten a pensar en la reelección o en algún otro plan autosucesorio Cristina Kirchner necesita antes que nada revertir la tendencia de caída en su imagen. Y desprestigiar en un goteo diario a sus potenciales rivales: está en marcha una maquinaria de denuncias y acciones contra Mauricio Macri, Hermes Binner, José Manuel de la Sota y, preventivamente y con prudencia, Scioli y Massa.

La idea de controlar los precios apunta al primer objetivo. Es clave evitar un descontento generalizado en el amargo regreso de las vacaciones y allanar el cierre de las complicadas paritarias estatales y de los gremios más pesados. Al menos en ese punto el Gobierno aceptó el precio relativamente bajo de sacrificar el relato. Algo que siempre podrá volver a cambiarse.