El Centro Europeo para la Política Económica Internacional (conocido por su sigla inglesa ECIPE) acaba de dedicar el más reciente de sus Resúmenes de Políticas, el I-2013, a proponer una acción gubernamental coordinada contra todas las decisiones de la Argentina que implican el sistemático desconocimiento de sus obligaciones internacionales hacia las reglas del comercio y la inversión, algo que los autores definen como el continuo desdén oficial hacia los consensos, las deudas y los compromisos jurídicos aplicables a cada una de esas actividades.
En concreto, el informe pone en esa categoría a los casos que se ventilan en el Centro Internacional para la Solución de Controversias que auspicia el Banco Mundial (ICSID) cuyas resoluciones todavía no fueron acatadas y satisfechas; al desconocimiento deliberado de las reglas de la OMC, aspecto que en la actualidad es motivo de controversia legal; a la sistemática inobservancia de las obligaciones rutinarias de miembro del FMI y al modo de encarar los debates y respetar los compromisos políticos que el país adquiere en foros como el Grupo de los 20 (G20).
El informe fue elaborado por Lisa Brandt y Fredrik Erixon, se titula Paria de la Economía Internacional: ¿Cómo Deberían Responder los Países al Retorno del Nacionalismo Económico Argentino? y en él se sugiere, entre otras cosas, revisar quirúrgicamente la presencia del país en cada uno de los ámbitos antes citados y aplicarle el manual con especial rigor. Sus autores sostienen que los gobiernos deberían excluir a la Argentina de las deliberaciones del G20 o retirarle la condición de Miembro del Fondo Monetario si las autoridades nacionales insisten en incumplir, en este segundo caso, las obligaciones básicas, entre los que figura en lugar prominente la obligación de suministrar estadísticas y datos confiables acerca de su actividad económico-financiera, requisito aplicable a la totalidad de sus 188 Miembros.
Aunque las conclusiones se fundamentan en un extenso y detallado inventario de los conflictos que tiene abierto el país con empresas, gobiernos y organismos internacionales, el documento entra en un territorio de manifiesta ignorancia al poner en la misma categoría a los incumplimientos contractuales o la ilegalidad de determinadas conductas de política comercial, sobre en la que en este comentario no se abre juicio, con la adopción de políticas cuestionables que no sólo definen a la gestión oficial de la Argentina, sino a la mayoría de los miembros del Grupo de los 20 y por lo tanto a buena parte de la masa crítica de la comunidad internacional. Determinadas violaciones de reglas de la OMC por la aplicación, por ejemplo, de normas sobre Compre Nacional son tan condenables (o tolerables, nosotros nos inclinamos por la primera calificación) en la política comercial de los Estados Unidos, ciertos países de la UE, China, Canadá, India, Japón y otros dignos miembros del G20, como en la Argentina. Si en cambio los autores pretendían aludir al estilo o el enfoque político con el que se manifiestan tales conductas, deberían haberse restringido a ello o a señalar que es lamentable que la Argentina imite con tanta energía los malos ejemplos de quienes forman la masa crítica del G20, ya que la mejor política de compre nacional es tener una política económica que favorezca a las inversiones, al comercio exterior y al fomento de empleo en el territorio propio sin exportar por vía cambiaria o subsidios la irracionalidad doméstica (Japón).
El informe tampoco acierta en detalles formales, como cuando adjudica a la Argentina el carácter de miembro fundador del GATT (ya que el país accedió a ese Acuerdo y se convirtió en Parte Contratante veinte años después de suscripta la Carta de la Habana por sus 23 signatarios originales). Ni tampoco parece condenable el pecado, si es que todavía resultase imputable al gobierno argentino, de promover con vehemencia la liberalización de la agricultura mundial, planteo cuya efectividad e intensidad se deja para otro comentario. Sólo cabe recordar que el proteccionismo comercial es una de las fuentes reales y profundas de la destrucción de ingresos de otras naciones y del medio ambiente de todas (se sugiere leer la vasta literatura de la OECD o de las ONGs ligadas al tema). Pero ¿No es un pecado tener que recordar estas nociones elementales a una entidad financiada por el Foro de la Libre Empresa?
En el mismo plano de argumentos, el ECIPE debería saber que la UE tiene reservas para participar en el ACTA (Parlamento Europeo), instrumento de muy dudosa legalidad OMC, o en el Acuerdo sobre Bienes Ambientales que se discute con vistas a la próxima Asamblea Ministerial de la OMC en Bali y otras configuraciones que no convierten a sus autoridades en ejemplos de conducta políticamente correcta en el ámbito internacional. Obviamente, tampoco esto último convalida lo que haga o deje de hacer la Argentina.
EL ECIPE se fundó en el 2006, tiene su sede en Bruselas, es básicamente sostenido con aportes de la Fundación para la Libre Empresa que se localiza en Suecia y se autodefine como una entidad de investigación (think tank), lo que convierte su testimonio en uno de los tantos datos referenciales de la realidad. Ni a la Argentina le conviene pasar por alto esa opinión por el origen real del que proviene, ni al ECIPE parece convenirle, en términos de confiabilidad, hablar sobre temas cuyo aprendizaje aún no terminó. La Ley de Murphy dice con toda claridad que todo es posible si Ud. no sabe de que está hablando.
