No hace mucho, el directivo de una empresa privada en cuyo directorio debe convivir con uno de los representantes de la Anses, proveniente de La Cámpora, confió a LA NACION: "¡Son terribles estos muchachos! Allí donde creen ver un buen negocio, se preguntan por qué no puede ser gerenciado por el Estado".

La anécdota traza el perfil actual de un gobierno que, sin pausa, viene haciendo del capitalismo de Estado su bandera y al que sólo le falta que Cristina Kirchner imite a su par venezolano, Hugo Chávez, con su ya célebre latiguillo: "¡Exprópiese!".

El anuncio del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, sobre el decreto presidencial tendiente a arrebatarle el tradicional predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, sorprendió a todos.

Dejó sin aire a los dirigentes de la histórica entidad agropecuaria, a la cual el gobierno de Carlos Menem le transfirió el centro de exposiciones en 1991 por unos 30 millones de dólares. También dejaron trascender su sorpresa representantes de las empresas concesionarias de la explotación del predio ferial, que son el grupo Fénix, compañía líder en el negocio del entretenimiento y los shows musicales, y Alto Palermo Centros Comerciales (APSA), del grupo IRSA, que comanda Eduardo Elsztain.

Un dato innegablemente llamativo es que el grupo Fénix, de Marcelo Fígoli y Diego Finkelstein, le había comprado un mes atrás el 50% de La Rural SA -la empresa que explota comercialmente el predio- al grupo del empresario y diputado nacional Francisco de Narváez, en tanto que hace apenas 20 días, Fénix vendió la mitad de aquella compañía a APSA.

Supuestamente, ninguno de los involucrados sabía algo sobre la inminencia del decreto presidencial confiscatorio. Claro que las sospechas estarán a la orden del día, por la supuesta información privilegiada con la que podría haber contado un dirigente político como De Narváez o por la cercana relación con el Gobierno que tiene el grupo IRSA, por su asociación con el Estado nacional en los planes de préstamos para la vivienda a través del Banco Hipotecario.

Pero el asombro fue más allá y se apoderó de no pocos especialistas en derecho constitucional, que tildaron el acto gubernamental como ilegal y arbitrario.

Según el artículo 17 de la Constitución Nacional, la expropiación sólo puede estar fundada en una causa de utilidad pública y ser declarada por ley, además de ser previamente indemnizada. El Gobierno intenta ampararse en que no se trata de una expropiación, sino de retrotraer una situación irregular a su origen.

El jefe de Gabinete ha dado a entender que el decreto 2699, que en 1991, determinó la venta del predio ferial del Estado a la Sociedad Rural Argentina por 30 millones de dólares es absolutamente nulo. Entre otras razones, porque esa operación se realizó en forma directa, sin licitación previa ni remate, y por un "precio vil", a partir de una tasación efectuada entonces por los bancos Ciudad e Hipotecario que era inferior a la mitad de la valuación calculada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

El hecho de que la Justicia haya procesado a ex funcionarios que intervinieron 21 años atrás en la venta del predio a la Sociedad Rural no genera certeza alguna sobre la ilegalidad de la transferencia. En tal sentido, el jurista del radicalismo Ricardo Gil Lavedra sostuvo que "se debió esperar al dictado de una sentencia definitiva en sede penal, o recurrir a un juez para que declare la nulidad" de la operación, antes de proceder a una virtual confiscación por decreto presidencial.

La Sociedad Rural recurrirá a la Justicia, seguramente por la vía de un recurso de amparo, que podría derivar en una medida cautelar y, eventualmente, en un nuevo foco de conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, que el Gobierno intentará utilizar para volver a atacar a los jueces desobedientes.

Desde la oposición se señala que sólo la sed de la tecnoburocracia kirchnerista por apropiarse de negocios privados o una venganza contra una de las entidades más representativas del campo podrían justificar el modus operandi del Gobierno.

Quizá la respuesta la tenga el diputado kirchnerista Roberto Feletti, quien cuando se desempeñaba como viceministro de Economía, poco antes del triunfo electoral de Cristina Kirchner del año pasado, había augurado que, con el triunfo del oficialismo, "el populismo no tendría límites, por cuanto poseería las herramientas para apropiarse de la renta".

Si Abal Medina, durante la conferencia en la que hizo el anuncio, hubiera dado lugar a preguntas de periodistas, se lo podría haber interrogado sobre si los terrenos fiscales de El Calafate adquiridos por el matrimonio Kirchner y otros representantes de la política santacruceña a precios más que irrisorios no deberían ser también objeto de confiscación.