La propia Presidenta buscó afanosamente los titulares de hoy, que dan cuenta de otro importante revés político y judicial de su gobierno. No le dejó a la Corte otro camino que rechazar un per saltum fundado en un capricho: Cristina Kirchner no quería que nadie de su gobierno se presentara ante ningún juez de la Cámara Federal Civil y Comercial.
Ahora tendrá que recorrer ese camino ingrato, si aspira a levantar la cautelar que protege las propiedades de Clarín; es el camino que marcan la ley y sus procedimientos.
¿Hubo apuro en la Corte para resolver el caso? Sí, lo hubo. No fue un gesto de respuesta de los máximos jueces del país al encendido discurso de Cristina para rendir homenaje a su democracia y a su singular concepción de ella. Fue un apuro empujado por la deferencia al Gobierno. A la administración le están corriendo, desde el pasado jueves, los diez días hábiles que tiene para presentar una apelación a la resolución de la Cámara que prorrogó la cautelar hasta sentencia definitiva. Esa decisión de la Cámara es del jueves.
La apelación debe ingresar en la propia Cámara que dictó la resolución, que podría concederla y trasladarla a la Corte Suprema. También podría decir que no, pero no hará eso. Un día es un día cuando los plazos son tan cortos. Por eso, la Corte se reunió dos veces en un día no habitual de encuentros del cuerpo para definir la situación. Las reuniones semanales del tribunal son los martes, pero adelantó la de hoy para ayer.
Una vez presentada la apelación del Gobierno, la Cámara deberá requerir la opinión del Grupo Clarín, que también tendrá diez días hábiles para contestar. Es el procedimiento normal, salvo que la Cámara entienda que la Corte Suprema debe abocarse cuanto antes a este conflicto. La Corte se lo sugirió ayer de alguna manera, aunque le ordenó también garantizar todos los derechos de ambas partes.
El Gobierno pidió un per saltum sobre ese procedimiento, no sobre la causa de fondo. El per saltum es raro, pero es más raro cuando se lo trata de usar sobre meros procedimientos jurídicos que están para garantizar el debido proceso. Debido proceso que merece cualquier argentino sometido a la Justicia, no sólo el Grupo Clarín.
La aclaración es pertinente. El per saltum rechazado ayer no es sobre la constitucionalidad o no de dos artículos de la ley de medios, sino sobre una medida cautelar. El irracional per saltum fue creado para saltar por encima de una instancia judicial. Sin embargo, más arriba de la Cámara Civil y Comercial sólo está la Corte Suprema. No se necesitaba saltar por encima de nadie.
El per saltum auténtico podría presentarlo el Gobierno ante la Corte si el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, declarara inconstitucionales esos artículos. Pediría en tal caso, ciertamente, que se eluda la instancia de la Cámara, que es el escalón superior a Alfonso. Es la Cámara que Cristina detesta con todo el poder de su alma. Malo o bueno, y seguramente malo, ese reclamo de per saltum sería irreprochable desde el punto de vista jurídico.
La Corte no le respondió a Cristina. Gran parte del espíritu de la decisión de ayer ya estaba presente entre los jueces el viernes pasado. Aceptar un pedido tan arbitrario hubiera significado la inmolación de la Corte. Eso no significa, desde ya, que haya pasado inadvertido en la Corte el crispado discurso presidencial de la noche del domingo, tal vez el más intolerante que dijo en su saga de discursos intolerantes. Cristina hasta recordó la acordada de la entonces Corte Suprema de Justicia que declaró legítimo el golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen en 1930. Han pasado más de 80 años. ¿Qué relación sensata podría hacerse entre situaciones, épocas y personas casi un siglo después? Leída al revés, la declaración de la Presidenta fue una advertencia clara: esta Corte podría ser tan golpista como aquélla. No hay nada tan falso como esa certeza presidencial. El problema es que ella cree en lo que dice.
Hay un sesgo que agrava más aún el conflicto de estos días. Exitosa o no, Cristina es abogada y ejerció su profesión. Es difícil exculparla por lo tanto de tanta transgresión institucional y, sobre todo, de las maneras toscas y bruscas con que trató a otro poder del Estado. Sabe que no se llega a la Corte si no pasando por una Cámara. Sabe que una recusación masiva de jueces no puede tener destino en la Justicia. Sabe, en fin, que sus antojos sirven para gobernar a ministros sometidos, no a la cabeza política de un poder constitucional.
La resolución de ayer fue firmada también por el juez Eugenio Zaffaroni, el único magistrado de la Corte auténticamente cercano al cristinismo. No obstante, Zaffaroni anunció que ampliará los fundamentos de su voto, seguramente con argumentos más simpáticos para el oficialismo. Las palabras importan poco cuando el núcleo duro de la decisión, el rechazo del caprichoso per saltum , fue decidido por la unanimidad de los siete jueces del máximo tribunal de justicia.
Cristina Kirchner había hecho toda su apuesta política al 7-D y también al 10-D, según una concesiva orden que le dio luego a su trivial mariscal Martín Sabbatella. Perdió el 7-D y ayer volvió a perder. La Corte no podía reaccionar a contramano del estado de ánimo que preexistía entre los jueces. Podía menos aún vulnerar el derecho y el sentido común. La pregunta que corresponde hacer, después de tantos estragos y de tantas excesos, es hasta dónde está dispuesta a llegar la Presidenta con su proyecto fundacional. El país, sus leyes y su sistema político dependen de esa respuesta.
