Cada uno de los hombres de la Presidenta está mentalizado para señalar que las políticas de un gobierno no se cambian con movilizaciones callejeras, sino sólo por medio de las urnas. En tal sentido, si la marcha de este jueves reuniera a un número significativo de manifestantes -se estima que podría superar el millón de personas en todo el país-, más de un funcionario o legislador del oficialismo saldrá a decir que a Cristina Fernández de Kirchner la votaron casi 12 millones de ciudadanos en los comicios del 23 de octubre de 2011.
En las horas previas a la concentración del 8-N, el kirchnerismo seguirá alimentando a través de todas sus usinas mediáticas la idea de que se trata de una convocatoria golpista, alentada por "facciones de ultraderecha pagas" y por "viejos remanentes de la dictadura militar", como ha señalado el senador Aníbal Fernández. Transcurrida la protesta, y frente a la muy probable evidencia de que el componente social de la manifestación será bien distinto, con una proporción de jóvenes que descalificaría cualquier simetría con nuestro pasado trágico, el mensaje oficial sería distinto.
Cada uno de los hombres de la Presidenta está mentalizado para señalar que las políticas de un gobierno no se cambian con movilizaciones callejeras, sino sólo por medio de las urnas
Entonces, paradójicamente, un Gobierno que no ha demostrado apego por principios republicanos como la división de poderes, se escudará en la lógica ortodoxa de la democracia representativa para cuestionar indirectamente la protesta. "Los cambios hay que pedirlos en las urnas" o "Hay que respetar la voluntad popular" serán algunas de las frases con que el kirchnerismo cerrará filas en torno de la Presidenta y en contra de los caceroleros.
¿Puede, entonces, que nada cambie a partir del 8-N, aun cuando asistamos a una de las más multitudinarias movilizaciones desde la reapertura democrática de 1983? Que el Gobierno no esté dispuesto a mostrar el menor signo de retroceso no significa que se quede de brazos cruzados recordando los logros que posibilitaron el holgado triunfo de Cristina Kirchner un año atrás. Sobre todo, de cara al 20 de noviembre (20-N), fecha elegida por la CGT liderada por el camionero Hugo Moyano y la CTA encabezada por el estatal Pablo Micheli, para realizar un paro nacional con movilización, al que también adhirió la CGT Azul y Blanca, que conduce el gastronómico Luis Barrionuevo.
Paradójicamente, un Gobierno que no ha demostrado apego por principios republicanos como la división de poderes, se escudará en la lógica ortodoxa de la democracia representativa para cuestionar indirectamente la protesta
No resultaría extraño que, antes de esa fecha, el gobierno nacional anuncie una elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias para los trabajadores en relación de dependencia, de manera de posibilitar un incremento real de las remuneraciones, como lo vienen pidiendo al unísono los distintos sectores en que se divide el sindicalismo, incluido el más cercano al Gobierno y liderado por el metalúrgico Antonio Caló.
La gran duda que impera es el efecto que podría tener el 8-N en el 7-D, día elegido por el Gobierno para el inicio de su batalla final contra el Grupo Clarín. La letra D no sólo alude al mes de diciembre; también puede representar palabras como "desembarco" o "desguace". Y se conoce que el objetivo de máxima del Gobierno es la intervención de la empresa Cablevisión, para repetir con ella algo parecido a lo que hizo en YPF.
Claro que, si para antes o poco después del 7 de diciembre no hay una sentencia judicial que declare la constitucionalidad de los artículos de la ley de medios audiovisuales impugnados por Clarín, y si además el 8-N reúne a más de un millón de almas a lo largo y ancho del país, la idea de tomar Cablevisión "a lo guapo" debería ser dejada de lado por el Gobierno o, al menos, postergada para mejor momento.
Más allá de lo que pueda hacer o dejar de hacer el oficialismo frente a la demostración popular prevista para este jueves, un interrogante no menor pasará por las acciones que, en adelante, lleven a cabo dirigentes opositores que serán tan destinatarios del mensaje de las calles como el propio Gobierno y que, al igual que Cristina Kirchner, habrán de advertir que son blanco de una profunda desconfianza ciudadana.
En ese sentido, cabe citar la última encuesta de Management & Fit (2100 encuestados en todo el país entre el 18 y el 29 de octubre), según la cual el 59,3% de la ciudadanía no aprueba la forma en que la Presidenta está conduciendo el Gobierno, pero el 70,4% desaprueba la labor que está desarrollando la oposición.
