Al enviar a la Legislatura bonaerense el proyecto de presupuesto para 2013 y una nueva ley impositiva, el gobernador Daniel Scioli volvió a manifestar que el déficit fiscal adquiere mayor magnitud con motivo de la distorsión provocada por la inadecuada distribución de la renta federal, una queja que comparten buena parte de sus colegas. En el caso de Buenos Aires, el presupuesto suma 139.000 millones de pesos y prevé un déficit de 3400 millones, muy inferior al que registrará el actual ejercicio, del orden de los 9000 millones, diferencia ésta a la que se debe agregar el problema salarial del personal provincial, que suma medio millón de agentes.

En líneas generales, la ley impositiva que alimenta el presupuesto del principal distrito del país calculará el impuesto inmobiliario para casas y terrenos urbanos sobre un 85 por ciento de su valor fiscal, muy superior al correspondiente al corriente año, en una proporción del 30%. Como amortiguador de semejante incremento, las propiedades de valor fiscal inferior a 25.000 pesos, que son el 10% del total ,estarán exentas de tributación, en tanto que las valuadas entre 25.000 y 40.000 pesos, que representan el 21% de las propiedades, pagarán una cuota adicional de 12 pesos.

En un tercer escalón, los inmuebles valuados entre 40.000 y 100.000 pesos, que abarcan el 51% de las partidas, pagarán una cuota adicional de entre 17 y 24 pesos, y así en adelante, De allí en más se hace notorio el apetito fiscal: por propiedades de más de 350.000 pesos y automóviles de valor fiscal superior a los 110.000 pesos, deberá pagarse una cuota adicional.

Para las propiedades rurales regirá un sistema de unificación de partidas catastrales conocido como ley Armendáriz, reglamentado y aplicado en la gestión de Antonio Cafiero, considerado viciado de ilegalidad, que consiste en sumar las bases impositivas rurales de propiedades de un mismo dueño como si fuera una sola partida, cualquiera que sea la localización provincial. Este proyecto de ley impositiva, basado en la unificación, cambia la naturaleza jurídica del tributo, sumando sus valuaciones en lugar de promediarlas, tal como se hace en cada parcela rural, cuando se trata de propiedades de distintos tipos de suelos y otras características productivas. Se crearía así un impuesto nuevo, distinto, que llevaría a crear dos impuestos sobre un mismo bien.

Otra cuestión en estudio en las entidades rurales es el referido a la introducción de reformas a artículos de la ley de catastros, que delegaron potestades en el Poder Ejecutivo provincial y en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre la determinación de los valores inmobiliarios, eliminando la necesaria representación de los contribuyentes en las comisiones locales.

En suma, el descalabro presupuestario de la mayor provincia del país, que aporta el 36% del Producto Bruto Interno, ha caído ya sobre las espaldas de muchos de sus habitantes por la vía del "impuestazo". Sin administraciones austeras y eficientes a lo largo y ancho del país, seguiremos navegando sin rumbo, a tontas y a locas, sin el destino que un territorio rico debería reservarnos.