Pese a que el Gobierno decidió dejar, mediante un esquema de retenciones móviles, en 19,11% los derechos de exportación para el biodiésel, no publicó aún ninguna resolución con esa tasa, y esta indefinición derivó en los últimos días en un hecho insólito: la Aduana exige cobrar, hasta tanto no se conozca por escrito la norma, las retenciones con el viejo nivel.
Así lo confirmaron fuentes de la exportación y del negocio del biodiésel. Tras la confirmación por parte de la presidenta Cristina Kirchner, el 19 del mes pasado, de la puesta en marcha de un esquema de retenciones móviles para este biocombustible, tal como lo había anticipado LA NACION, el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, informaron al día siguiente que este producto pasaba a tributar 19,11%, casi cinco puntos menos que su anterior alícuota del 24,4 por ciento.
Pero eso no se tradujo en una norma como para que la Aduana tomara la nueva retención. Vale recordar que, en cambio, el Gobierno sí publicó el decreto 1718/12, que determina que haya una fórmula de cálculo en función de precios y costos para fijar las retenciones móviles.
"Por decreto se fijó el régimen de retenciones móviles actualizable cada quince días. Por una resolución del Ministerio de Economía o por una resolución conjunta de Economía, Industria y Planificación, se debió establecer para la primera quincena de puesta en marcha de este plan el 19,11% de retención efectiva. Ahora bien, como dicha resolución no fue emitida, la Aduana pretende cobrarles a los exportadores el 24,24% efectivo de retención [el nivel anterior de derecho]", contó una fuente del sector que pidió no ser identificada.
Otras fuentes del sector confirmaron esta controversia. "Como no está la resolución, la Aduana quiere que paguemos las retenciones anteriores", señaló un empresario. En el organismo, les informaron que una vez que se publique la norma se va a tomar la nueva tasa.
Según explicó otra fuente, algunas empresas en los últimos días pagaron las retenciones viejas con tal de poder exportar para no enfrentar el costo de un buque parado a la espera de la resolución. Se estima que tener un buque inmovilizado representa un costo diario de unos 20.000 dólares. El viernes pasado, había por lo menos dos barcos en rada a la espera de que se publicara la resolución.
Los exportadores no son los únicos que están a la expectativa. Las pymes de biodiésel, que aportan más del 35 por ciento del producto que usan las petroleras para su corte en un 7 por ciento con gasoil, se encuentran también en un clima de incertidumbre, porque el Gobierno todavía no publicó el nuevo precio interno al que deberán vender su biocombustible.
En agosto pasado, el valor de la tonelada para la plaza local se fijó en 4405,3 pesos, lo que significó una merma del 15% respecto del precio anterior. Como reacción, la mayoría de las pymes pararon su producción. La semana pasada una firma de Tres Arroyos anunció su cierre.
