MONTEVIDEO.- Son varias las instituciones que cumplen funciones policíacas en un Estado y por eso deben tener sus potestades delimitadas: alguien debe vigilar a los que nos vigilan. Un inspector de Aduana está autorizado a revisar un galpón para ver si hay contrabando escondido o abrir las valijas de un viajero y revolver su ropa interior. Un inspector impositivo o de la seguridad social entra a una oficina privada, vacía los cajones para mirar recibos y registra las computadoras para ver si la empresa está al día con los aportes jubilatorios de su personal o con el pago de sus impuestos.
Alguien debe cumplir esa tarea, necesaria para la marcha de un Estado. Pero quien la hace tiene demasiado poder y corresponde que sea vigilado y controlado. Si un país no tiene previsto mecanismos para eso, un día llegará a la misma situación que cuando la policía pasa de perseguir ladrones en una democracia a arrestar opositores en una dictadura. Así, estos organismos pasarán de ser meros vigilantes respecto a la evasión tributaria o al contrabando a convertirse en organismos de amedrentamiento en una dictadura.
Esto ya sucede con creciente desembozo en varios países de América latina y el fenómeno comenzó a preocupar también a los argentinos. Hay gobiernos que usan las inspecciones lisa y llanamente para que marchen presos los que se atreven a contradecirlos. Otros mandan con ellas un claro mensaje para atemorizar y hacer saber que debe pensarse dos veces antes de hablar. Y, por último, están los que con inspecciones casuales, aunque muy oportunas, le recuerdan al visitado que lo que hoy parece inocuo algún día será usado de otra manera.
Los países democráticos que garantizan los derechos y libertades de las personas parten del supuesto de que el hogar es "un sagrado inviolable", lo que implica que nadie entra a él sin el consentimiento de su jefe o con orden escrita de un juez. Ese mecanismo no sólo vale para la policía, sino para el Estado en general, por sólo serlo y, por lo tanto, para todos los organismos que actúan en su nombre.
En el imaginario popular, los allanamientos corren por cuenta de la policía. Pero el ingreso de un inspector impositivo a una empresa para revisar sus ficheros y discos duros es un allanamiento. Nadie está acostumbrado a verlo así, pero lo es. Por eso mismo deben trabajar con el debido control. Cuando éste no existe, se convierten en una instrumento de extorsión política.
Hay incidentes que generan alarma en la Argentina. Hubo ocasiones en que bastó que alguien hiciera pública o colgara en su Facebook una reflexión crítica hacia el Gobierno para que aparecieran los inspectores. Tal vez la persona revisada esté al día con sus pagos. No se pretende encontrarlo en falta, sino hacerle sentir el aliento en la nuca por haber dicho algo "fuera de lugar". La escalada podría luego pasar a una segunda etapa en la que, por más que todo esté en orden, los inspectores harían arbitrarias lecturas de una situación y, hasta que todo se aclare, el mal momento lo pasa el indagado. Cuando hay garantías, un juez resuelve el dilema. Pero si no las hay, el problema puede agravarse. La última etapa sería la de llevar la escalada al tope, usando lo que el cine llama el set up , que es cuando los inspectores hacen aparecer papeles y facturas que no existían.
En algunos países, es lícito que un empresario pida que se exhiba la orden judicial antes de entrar. Pero por sólo pedirla se supondrá que esconde algo y bastará detectar un minúsculo error para convertirlo en delito. En realidad, esa orden debería ser mostrada sin que nadie la reclame. La vigilancia del Poder Judicial sobre estas actuaciones tendría que ser más certera. Y así como un mal procedimiento policial puede desarticular un caso penal, igual debería ocurrir con procedimientos aduaneros e impositivos en los que sobra el abuso de poder y escasea un genuino interés de detectar evasiones.
Lo que está pasando en la Argentina es preocupante y puede llevar al contagio en la región, pues otros gobiernos encontrarán en ese método una forma fácil de ser arbitrarios. La gente sabe que nada detiene estas escaladas y, en poco tiempo, por más electo que sea un gobierno, dejará de ser democrático al eludir el funcionamiento institucional y no respetar los derechos básicos de un ciudadano.
