Enormes daños están ocurriendo con motivo de desusadas precipitaciones, principalmente en el centro y oeste de la provincia de Buenos Aires. Según diversas estimaciones, unos cinco millones de hectáreas se encontrarían ya bajo las aguas en zonas críticas donde se registró la caída de hasta 400 milímetros de lluvia sólo durante el pasado mes. El perjuicio económico sería de entre 3000 y 4500 millones de pesos.
Los daños afectan a 36 partidos bonaerenses, algunos de ellos, con hasta el 60 por ciento de su territorio inundado. Por esa razón, la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la provincia de Buenos Aires (Cedaba) declaró en emergencia o desastre agropecuario a 15 de esos distritos, pero podrían ser más. Tal situación abre el camino para la postergación del vencimiento de los impuestos y, en los casos de desastre, a su lisa y llana derogación.
Los mayores daños económicos ocurren en la ganadería vacuna, centrados en la mortandad de vacas y, en aún mayor proporción, de terneros, hechos que se han visto incrementados al coincidir las inundaciones con la época de parición. Unos 300.000 vacunos se estiman perdidos, precisamente una buena parte de la recuperación reciente de ese stock, luego de la reducción de 8 a 10 millones, fruto amargo de la política oficial y de las sequías.
También los tambos sufren parecidos perjuicios que significan la reducción de la producción de leche, a lo que se suma la dificultad de su entrega por el pésimo estado de los caminos.
Los cultivos granarios tienen lo suyo: el trigo, la cebada y otros cereales de reciente siembra invernal, cuyos plantíos ya se hallaban en emergencia, sufren ahora el agua. La siembra de maíz y soja que ya comienza pagará su cuota de perjuicio basada en el retraso, particularmente en las variedades tempranas que deberán esperar su turno, con consecuencias también en sus rendimientos.
Hay otros efectos de variada naturaleza. La fotografía de la tapa de LA NACION del domingo 9 del actual mostraba a cuatro jinetes cabalgando en medio de una laguna creada por la acumulación de aguas. Se desplazaban de ese modo para alcanzar alimentos y medicamentos a pobladores aislados por la inundación. Tractores y algún helicóptero complementaron estas épicas jornadas. Ni hablar de la concurrencia a clases y del desorden, retraso y perjuicios para las actividades de esa gran porción del territorio provincial, con impacto naturalmente económico y social.
En tanto, los daños siguen su curso, el gobernador Daniel Scioli adeuda la firma de un decreto que permita diferir el pago de impuestos o su derogación para esta nueva emergencia provocada por las inundaciones. El mandatario bonaerense recién firmó anteayer un decreto que reconoce la situación de los afectados por la sequía, un reclamo que se venía realizando desde principios de año, el que previamente tuvo que pasar por la consideración de la Cedaba.
Mientras tanto, se reitera el pedido de finalizar el Plan Maestro del Río Salado, una obra hidráulica diseñada en los años 80 y que sólo se encuentra realizada parcialmente.
Por su parte, el gobierno nacional muestra otra vez su desinterés por el agro: acaba de asignar 16,2 millones de pesos que estaban destinados a obras hidráulicas a un stand de la exposición de Tecnópolis, en Villa Martelli.
Esa anomalía fue reconocida por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, no obstante lo cual el funcionario nacional la estimó como de menor cuantía, procedimiento habitual en el oficialismo cuando no cabe otra explicación a tan absurdo proceder. Paralelamente, la Presidenta anunció una asignación de 37 millones de pesos -una cifra a todas luces insuficiente para obras de infraestructura- para paliar situaciones críticas del presente y poner fin a programas incumplidos de larga data.
En suma, una importante porción del territorio agrícola y de su población en la provincia de Buenos Aires requieren un programa de largo aliento que supere situaciones que se repiten y que pueden adquirir dimensiones aún mayores en la medida en que se acentúen las graves consecuencias del cambio climático.
Lo mismo cabe expresar respecto de otras áreas del país que han sufrido situaciones devastadoras, como las inundaciones en Santa Fe, las muy recientes en San Antonio de Areco y otras varias que reclaman programas que permitan afrontar con celeridad y equidad hechos de tamaña dimensión.