El Gobierno prepara varias innovaciones para mejorar sus perspectivas electorales el año próximo. Uno de esos conejos salió ayer de la galera de Carlos Kunkel, que confirmó que el oficialismo impulsará el voto de los jóvenes desde los 16 años. Aníbal Fernández, por su lado, propuso dar el sufragio a los extranjeros con residencia permanente en el país. El objetivo es incorporar al padrón electoral contingentes que, presumen estos legisladores, les resultarán favorables en las urnas. La ansiedad es comprensible en ambos casos: es difícil que Kunkel o Fernández conserven el trabajo el día que deban prescindir de la generosidad de la Presidenta. El oficialismo confía en que irá a las elecciones en un clima económico más favorable, debido a la reanimación de la demanda brasileña, la cosecha de soja y una reducción de los compromisos externos. Y, como a la economía hay que ayudarla, los funcionarios estudian lanzar líneas de crédito para jubilados y otros ciudadanos de escasos recursos.

Aun así, para alcanzar los dos tercios de la Cámara de Diputados y prescindir de un acuerdo, el Frente para la Victoria necesita una elección igual o mejor que la de 2011. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde se librará la gran batalla. Allí el año pasado, con la señora de Kirchner en la boleta, consiguió el 57% de los votos. Es una meta demasiado pretenciosa para Alicia Kirchner, la candidata más probable a encabezar la lista de diputados. En el Senado el desafío es superior. El kirchnerismo perderá bancas difíciles de reponer, como las de los porteños Daniel Filmus y Samuel Cabanchik.

Las primeras iniciativas para reformar la Constitución fueron consistentes con este panorama parlamentario. Cuando Eduardo Sigal, Luis DElía y Pedro Wasiejko abrieron este proceso en la Facultad de Derecho, el 25 de abril pasado, propusieron modificar el régimen de derechos y garantías, pero dejaron de lado la reelección. DElía y Sigal fueron más allá: se opusieron a que se habilite otro período.

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Varios movimientos posteriores, que incluyen la convocatoria a los valencianos Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez Dalmaso -consultores de las constituyentes de Venezuela y Ecuador- y a la senadora boliviana Gabriela Montaño, se mantuvieron en esa huella: el gran objetivo sería democratizar la Constitución incorporando nuevos derechos y relativizando algunos antiguos -sobre todo el de propiedad- para emancipar a la sociedad de la normativa colonial y liberal del siglo XIX. Las cuestiones instrumentales, como la reelección, no formaban parte de esa agenda. Opositores suspicaces, como el radical Horacio Jaunarena, alertaron en su partido: "Cuidado; nos van a invitar a una reforma sin reelección para después declarar soberana a la Constituyente y hacer lo que quieren".

Este curso de acción hacía juego con la tarea del Gobierno. La defensa más desenfadada del estatismo, el cuestionamiento al régimen de propiedad de la tierra, el dirigismo en la orientación del crédito, la intrusión de la militancia en el sistema educativo y el repliegue más enfático sobre una política exterior bolivariana parecían estar al servicio de una polarización del espacio político destinada a facilitar un pacto parlamentario. El kirchnerismo reforzaría su interpretación habitual: el país se divide entre los defensores de una democracia cada vez más inclusiva y las marionetas de los poderes transnacionales y de la corporación mediática. "Pueblo y antipueblo", se diría en el geriátrico. Fijado ese diseño, la oposición de centroizquierda sería conminada a elegir en qué equipo va a jugar el partido constitucional. Los contactos con Alicia Siciliani, del socialismo, y con Leopoldo Moreau, de la UCR, preparaban esa transacción.

Esta línea operativa quedó congelada hace dos meses. En su reemplazo irrumpió el peronismo clásico con una defensa desembozada de la reelección presidencial. Desde Fernando Espinoza, de La Matanza, hasta el sanjuanino José Luis Gioja, intendentes y gobernadores del PJ transformaron la continuidad en el poder de la Presidenta en el único objeto visible de una reforma.

Este reeleccionismo es hoy el principal obstáculo en la marcha constituyente del kirchnerismo. No sólo aleja un acuerdo parlamentario. También pone en manos de una oposición atomizada un motivo de coordinación muy aceptable: la resistencia al establecimiento de una monarquía presidencial. Por si hiciera falta un ejemplo: la agenda de los derechos socioeconómicos alejaba a Hermes Binner de Mauricio Macri; pero la continuidad de Cristina Kirchner los acerca, entre otras cosas, porque ambos quieren ser presidentes.

Existen tres hipótesis acerca de la aparición de este inconveniente desde las propias filas del oficialismo. La primera, infaltable, es conspirativa: el PJ clásico, en defensa propia, decidió cortar el camino de Cristina Kirchner hacia una nueva reelección. Esta tesis, que circula en la izquierda del kirchnerismo, tiene varias modulaciones, sostiene que la Presidenta ha iniciado una deriva que no amplía, sino que disminuye el poder del peronismo tradicional, a favor de otras visiones de la economía y la sociedad. Basta leer el último documento de Carta Abierta, donde se propone el abandono del unicato sindical. En su extremo paranoico, la tesis del complot involucra a Julio De Vido: como quienes proponen la reelección a secas están ligados al ministro, hay quienes ven una venganza de De Vido por su desplazamiento del poder.

Sin sofisticación

La segunda hipótesis es que, en realidad, el Gobierno carece de sofisticación para la relojería que exige la reforma de la Constitución. Es decir, los errores se deben a la habitual incompetencia oficialista para alcanzar objetivos que demanden cierta sutileza. Como bromea un encumbrado kirchnerista: "A veces me acuerdo de aquel entrenador Pancho Villar, que cuando sus jugadores salían a la cancha, en Colombia, les gritaba: «¡Marquen a los nuestros!» Pobres: eran muy torpes".

Según esta lectura, el reeleccionismo contraproducente de los gobernadores e intendentes sería sólo una manifestación de obsecuencia para estar cerca del poder. El diagnóstico incluye a De Vido, el malquerido.

Hay una tercera explicación, vinculada con la anterior. Los descuidos se deben a que a Cristina Kirchner no le interesa hacerse reelegir. La discusión es bizantina hasta que ella se pronuncie. Perón negó hasta último momento que le interesara otro mandato. Y la Presidenta jugueteó con que no se presentaría en 2011, para decir después, con los números en la mano, que nunca había dudado de que debía competir.

Si esta última versión fuera verdadera, el oficialismo está en problemas: no hay una figura, salvo la señora de Kirchner, capaz de mantenerlo unido. A pesar de su ocultismo, el texto de Carta Abierta lo deja entrever cuando identifica a la "nueva derecha que pretende considerarse heredera" con el optimismo comunicacional sentimentaloide, la criminalización social, la tortura, la despolitización y la contención social no transformadora. Si se suman esas lacras, aparece el retrato de Daniel Scioli en el pincel de la izquierda kirchnerista.

El fracaso del reeleccionismo plantea la posibilidad de que el bloque oficial vaya dividido a las elecciones de 2015. Ni José Manuel de la Sota ni Scioli atraerían a los devotos más fervientes de la Presidenta. En ese horizonte se dibuja un ballottage.

Ante ese escenario, los ultrakirchneristas apuestan a distintas opciones. Algunos creen que Carlos Zannini reclamará ser el continuador adecuado. Otros miran a Agustín Rossi, sobre quien pesa el infortunio de pertenecer a un distrito en el que el Frente para la Victoria no hace pie. La mayoría mira a Jorge Capitanich, el gobernador del Chaco, quien anunció que no intentará reformar la Constitución provincial para forzar la reelección. Extraña disonancia con el clima oficial imperante. O primer atisbo de que en las conversaciones de Capitanich con la Presidenta podría haber algo pactado.