La provincia de Santa Cruz es y se comporta desde hace dos décadas como un feudo, desprovisto de libertad de prensa y de una Justicia independiente para los numerosos casos de corrupción de funcionarios provinciales. Mientras el Poder Judicial santacruceño ni siquiera cuida las formas para proteger a los jerarcas locales, el feudo ha profundizado su crisis económica y política, que amenaza con volverse crónica.

No debe llamar la atención que un distrito rico en recursos naturales y con escasa población se haya convertido en una provincia pobre o, mejor, dicho, empobrecida a tal punto por sus autoridades que el pago de los sueldos de los empleados estatales se torna un desafío de resultado incierto.

El gobernador Daniel Peralta tuvo que escalonar el pago de los salarios, debiendo girar primero fondos para pagar a los empleados que ganan hasta 9000 pesos y luego a los de hasta 12.000. Al mismo tiempo se supo que había autorizado el pago de 60.000 pesos en vinos adquiridos para su residencia oficial.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que, al dejar Néstor Kirchner la gobernación, Santa Cruz tenía un saldo favorable de 650 millones de dólares y acotó que esos fondos provenientes de las regalías petroleras "se evaporaron".

No dijo, en cambio, que la evaporación fue favorecida por los nunca aclarados movimientos que efectuó Kirchner con esos fondos que él envió al exterior y que otros cálculos elevaron a más de 900 millones de dólares. Los fondos, en efecto, se diluyeron mientras la provincia se empobrecía hasta acumular un déficit de 1500 millones de pesos, con nuevos endeudamientos y pedidos de préstamos, como uno de 100 millones de pesos al Banco Nación.

Se trata de una provincia pauperizada con funcionarios y empresarios oficialistas enriquecidos, como Lázaro Báez, quien hace cinco años compró una docena de estancias pagándolas en efectivo por un total de 28 millones de dólares. Se supo después que la provincia las expropiaría para construir represas, compensando al empresario kirchnerista.

El año pasado, la dirigente de ARI de Santa Cruz Mariana Zuvic llevó a cabo una investigación en esa provincia y en Neuquén y, según los datos que difundió, habría descubierto cuantiosas inversiones realizadas por el gobernador y también por su grupo familiar, así como la presunta utilización de la aeronave sanitaria de la provincia con fines meramente personales.

Los datos fueron presentados en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en septiembre del año pasado como "presunto lavado de dinero", pero Santa Cruz y su Justicia ni siquiera abrieron una investigación.

En cambio, Zuvic, de denunciante, ha pasado a denunciada porque el gobernador Peralta y el ex secretario presidencial Daniel Muñoz le iniciaron una demanda por daños y perjuicios, en virtud de sus dichos públicos recogidos por diversos medios nacionales, por lo cual la denuncia se radicó en la Capital Federal.

Zuvic aclaró que, hasta el momento, ningún fiscal santacruceño actuó de oficio a partir de alguna de sus múltiples denuncias. Nada extraño en una provincia que cuenta con una Justicia siempre ausente cuando está de por medio la asombrosa falta de transparencia de sus funcionarios.

Como informó LA NACION, Zuvic sostuvo que halló frecuentes viajes del avión sanitario de la provincia a Bariloche y, al seguir el rastro, expresó: "Dimos con la compra de varias propiedades en Villa La Angostura, San Martín de los Andes y Buenos Aires".

Entre las compras adjudicadas a Peralta y sus familiares habría una propiedad en venta por 1,9 millón de dólares en Villa La Angostura, que se encuentra a nombre de Daniel Omar Blanco, hermano de la diputada nacional y esposa de Peralta, Blanca Blanco. "La propiedad fue comprada por la mitad de su valor y ahí cabe la carátula por lavado de dinero", explicó Zuvic.

La investigación también atribuye a Peralta y a sus familiares un complejo turístico de 25 cabañas en San Martín de los Andes, que se encuentran a nombre de los socios Daniel Omar Blanco y Carolina Pochetti, sobrina del gobernador en pareja con Muñoz.

Como puede apreciarse, se trata de asuntos de extrema gravedad como para ser soslayados por la Justicia de una provincia en donde el camino de la prescindencia judicial lo marcó Néstor Kirchner.

En efecto, el entonces gobernador desplazó en 1995 al procurador general Eduardo Sosa quien, debido a su reconocida independencia, se había constituido en un obstáculo para los designios autocráticos de Kirchner.

Un par de años más tarde, los tribunales santacruceños desestimaron una denuncia en contra del gobernador Kirchner por el uso del avión sanitario para sus vacaciones en familia. El juez Santiago Lozada entendió que la investidura del gobernador no puede separarse en pública y privada. Es el mismo juez que en 2005, con un trámite más que veloz, archivó la causa que investigaba el destino de los cuantiosos fondos por regalías petroleras que la provincia depositó en entidades bancarias del exterior. En 2008, el ex fiscal Andrés Vivanco intentó que algún juez santacruceño avanzara con el tema, pero ninguno se atrevió.

Hoy, jubilado, Vivanco acaba de denunciar penalmente al gobernador Peralta por la retención de aportes de los empleados estatales que luego no son depositados en la obra social provincial. La salud pública de la provincia está en coma.

El caso Sosa también compete al gobernador Peralta, pues la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace tiempo que ordenó al gobierno de Santa Cruz restituirlo como procurador general. Desde 2001 la Justicia viene fallando en favor del funcionario desplazado y hace más de dos años la propia Corte denunció a Peralta por no cumplir con el mandato del máximo tribunal, sin que haya habido consecuencias para el autor del ilícito penal.

Triste pero coherente: mal puede investigar Santa Cruz a sus máximos funcionarios cuando varios de ellos pueden desobedecer a la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación sin que nada ocurra.

El modelo feudal que Kirchner implantó en su provincia fue el que luego intentó trasladar al plano nacional. El empobrecimiento material y moral que ese modelo acarrea es la prueba más palmaria de su fracaso.