La Sociedad Rural Argentina lamenta las recientes declaraciones de la presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner que minimizaron el impacto de la sequía y la grave situación que atraviesa una gran cantidad de productores de todo el país, y que generará quebrantos en muchas familias agropecuarias, ya que si bien las estadísticas no lo reflejan, existen productores que perdieron toda su cosecha.
Resulta penoso que desde el Poder Ejecutivo se refieran así a un problema reconocido incluso por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) como un fenómeno con consecuencias productivas, económicas y financieras para las empresas rurales y que impactó también en los mercados internacionales.
La grave sequía fue también reconocida por la gran mayoría de las provincias, que ya decretaron la emergencia agropecuaria, mientras que es la Nación la que aun no ha ratificado esos decretos para que la ayuda prevista por la Ley de Emergencia Agropecuaria llegue en tiempo y forma.
Estamos convencidos que la pérdida de ingresos al Estado Nacional por un monto que supera ampliamente al “superávit fiscal primario”, anunciado por el mismo gobierno pocas semanas atrás, en un escenario de escasez de recursos, debería ser, por lo menos preocupante.
Coincidimos con la primera mandataria en la necesidad de previsibilidad, por eso solicitamos que finalicen la intervención a los mercados de granos y las trabas a las exportaciones, para que los productores, especialmente los afectados por la sequía, puedan vender su trigo sin los descuentos de hasta 50 dólares por tonelada, a través de un sistema que sólo beneficia a las grandes empresas en desmedro de miles trabajadores rurales y consumidores.
Es hora de pensar en una eliminación progresiva de los derechos de exportación, especialmente para aquellos productores que hoy afrontan quebrantos.
Por otro lado, acerca de los seguros, cuando existen, estos no son de fácil acceso para los trabajadores agropecuarios. Además, la falta de información estadística sobre la incidencia de los siniestros encarece los seguros e imposibilitan su contratación. De las más de 180 empresas aseguradoras en nuestro país, sólo el 15% ofrecen seguros al sector agropecuario.
En otros países, el Estado subsidia el seguro agropecuario, como es el caso de las Naciones con políticas de largo plazo que estimulan la inversión y valoran la producción agropecuaria.
Finalmente, el agro no le pide dinero al Estado, sino que se aplique la Ley de Emergencia y Desastre Agropecuario, para que los productores puedan seguir trabajando y apostando a un país mejor, con más y mejores empleos.
