a) Aumentar la producción y la exportación en el ciclo 2012/13;
b) Frenar la inflación a través de una mayor oferta real de bienes; y
c) Empezar a cumplir con las metas del Plan Estragégico Agroalimentario (PEA) en
un trabajo en conjunto de todos los sectores del país, en defensa de los que
menos tienen.
Más adelante llegará el momento de reclamar y proponer las llamadas políticas de Estado. El presente es un programa mínimo para el sector agroindustrial, a fin de dejar de conversar sobre los grandes temas, mientras la historia real pasa a nuestro lado sin mirarnos.
Esta agenda mínima debe contener siete puntos:
1) Retrotraer las funciones que tenía la ex Oncca (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) cuando se creó en 1996, derogando todos los ROE (Registros de Operaciones de Exportación) que interfieren la libre comercialización y exportación a la producción y liberar todas las importaciones de los insumos en forma automática, para no limitar la capacidad de producción del sector agropecuario.
2) Ejecutar una política transitoria, hasta que se eliminen los derechos de exportación. Mientras las retenciones permanezcan vigentes, se utilizarán como pago a cuenta de impuestos nacionales y provinciales.
Para quienes no tengan el compromiso fiscal que pagar en el ciclo que se generó este bono fiscal, el Estado tendrá que restituirles dicho saldo en forma inmediata, como la mejor forma de ser ecuánime con todos los productores y zonas del país en el tratamiento impositivo.
Aunque parezca una simpleza la propuesta de los dos puntos anteriores, fue con estos dos instrumentos que el gobierno castigó a los productores por medio de la expropiación de la renta y la implementación de subsidios cruzados. Con este sistema, terminó castigando también a los consumidores a quienes decía defender, distorsionó los precios relativos y generó una corrupción estructural que alcanza niveles intolerables.
3) Legislar un incentivo fiscal al mayor uso de fertilizantes, a fin de hacer sostenible el modelo productivo. El aumento de la productividad no es antagónico con una buena rotación de cultivos y el cuidado del medio ambiente. No debemos seguir exportando los nutrientes de nuestros suelos y no reponerlos por falta de rentabilidad de los cultivos por causa de los derechos de exportación.
4) Sancionar un nuevo proyecto de ley sobre el régimen federal de uso de productos fitosanitarios, a fin de actualizarlo a las demandas sobre la seguridad alimentaria y el cuidado del medio ambiente.
5) Promover políticas que aseguren el reintegro a la propiedad intelectual de los semilleros. No se trata de acciones de lobby en defensa de nadie, sino de poner a nuestro país al mismo nivel de la legislación del Mercosur y del mundo.
6) Establecer una legislación cuyo objetivo sea cubrir los riesgos agrícolas y comerciales, que incentive el mayor uso del seguro privado y la creación de un fondo permanente anticíclico, para atender los fenómenos climáticos no previsibles.
7) Modificar la actual ley de warrant vigente desde el año 1914, porque necesitamos abaratar la financiación, adaptando la actual ley al nuevo y más moderno sistema de producción, comercialización, industrialización y exportación.
Esta agenda mínima es la que necesita urgente el productor para bajar sus costos de financiamiento y aumentar su productividad, para que el país pueda aumentar las exportaciones, generando los dólares genuinos que precisa la Argentina para salir de la actual deformación de precios relativos. Esta agenda debe completarse con políticas sociales que atiendan especialmente al pequeño productor y con subsidio a la demanda de alimentos de los que menos tienen por medio de una tarjeta magnético universal.
El párrafo anterior no es un principio teórico: es el camino que eligieron los países más exitosos en los que existe el más alto nivel de vida para sus habitantes. Esto es lo que están alcanzando, por ejemplo, los miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): simultáneo desarrollo económico y alto nivel de integración social.
Todos los debates ideológicos terminan cuando los que tienen menos viven cada día mejor.
Esta debe ser la agenda mínima, no negociable, para sostener en el nuevo período ordinario del Congreso, que se inicia el 1 de marzo, por la Comisión de Enlace. Este fue el mandato --y no otro-- que recibió hace tres años desde el fondo de los campos en los memorables días de la Resolución 125 y hoy se mantiene vigente si analizamos los reclamos de la mayoría de los productores.
Por Arturo Navarro
Fuente: Años de Campo
