Casi todos los observadores internacionales -incluida la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), encabezada por nuestro ex canciller Dante Caputo- denunciaron uno tras otro la existencia de groseras irregularidades.

Como en las elecciones municipales de 2008, el sandinismo parece ser otra vez el responsable de anomalías que sugieren la existencia de fraude en las elecciones presidenciales. Incluso parecería estar involucrado el propio Consejo Supremo Electoral, en función de que muchas actas de escrutinio aparentemente no coinciden con el número de boletas asignadas a las respectivas juntas receptoras de votos, a lo que se suma la falta de entrega de las cédulas necesarias para votar en aquellas regiones donde se sospechaba que la oposición era más fuerte. Al cierre de los comicios, se excluyó, burda y sistemáticamente, a los fiscales de la oposición de una parte sustancial de las operaciones de revisión.

No sorprende, entonces, que la agrupación opositora más votada, el Partido Liberal Independiente, liderado por el empresario Favio Gadea, haya presentado ya un recurso de revisión aritmética, de acuerdo con lo que establece la ley electoral local, por considerar que existió una larga y específica lista de irregularidades. Después de todo, muchos de sus fiscales habrían sido increíblemente expulsados, con abierto auxilio policial, del propio centro de votación, según las denuncias presentadas.

Una vez que el Consejo Supremo Electoral nicaragüense publique los datos definitivos, mesa por mesa, como obliga la ley -algo que llamativamente todavía no ha sucedido-, la oposición partidaria presentará un recurso formal de revisión con relación a todos los cómputos. Esto permitirá, se supone, comparar las cifras oficiales con las de las propias actas individuales que están en poder de la oposición.

Coincidentemente, distintos analistas y la conocida calificadora de riesgo Moodys han señalado que la reelección de Daniel Ortega estaba prohibida específicamente por la propia Constitución de Nicaragua, restricción que el jefe del Estado habría logrado "eludir" mañosamente, "manipulando el sistema judicial", es decir, recurriendo a jueces que no son ni independientes ni imparciales.

Por todo eso, más la corrupción extendida que, según Moodys, afecta al sector público, y la grave dependencia de la asistencia financiera venezolana -que podría desaparecer si la salud del presidente venezolano se deteriora aún más, o si la oposición unificada derrotara a Chávez en las elecciones presidenciales del año próximo-, la calificadora mantuvo una baja calificación crediticia para Nicaragua.

Cuando el poder se concentra en pocas manos y la Justicia se le somete, la democracia desaparece rápidamente y es reemplazada por el fraude, la corrupción y el autoritarismo, como parece suceder en distintos rincones de un particular universo latinoamericano, que incluye desgraciadamente a la propia Nicaragua.