Salvo que se produzca un acontecimiento muy especial, todo parece indicar que es un hecho que Cristina Fernández renovará su mandato en octubre. El gran interrogante: ¿es qué hará en materia de política económica? Cada uno tiene su discurso al respecto. Unos creen que va a intentar un soft landing y otros piensan que seguirá con su política populista confiscando más activos líquidos, sean stocks o flujos. Lo que sí sabemos con certeza es que hoy no cuenta con un equipo económico creíble. Para ser más preciso, en realidad no cuenta con un equipo económico. Todo este tiempo se han limitado a redistribuir lo que le quitan a la gente con impuestos salvajes, a aprovechar el precio de la soja y a confiscar activos cuando la soja ya no alcanzó para financiar el populismo.
Ahora bien, uno de los temas que muchos ponen como primordial es el de la inflación, una cuestión que no es menor por la magnitud que ha tomado y que va a seguir tomando si el BCRA sigue emitiendo papeles pintados al ritmo que lo viene haciendo hasta ahora. Pero el otro dato es la distorsión de precios relativos. Si bien la inflación genera una distorsión de precios relativos, también hay otros mecanismos que se han utilizado para distorsionarlos y hacer ineficiente el funcionamiento de la economía. ¿Por qué afecta la distorsión de precios relativos afecta la eficiencia de la economía? Porque impide hacer cálculo económico y la inflación no hace aumentar en forma simultánea los precios de todos los bienes y servicios al mismo tiempo. Primero suben unos precio y luego otros modificando los precios relativos.
Antes de seguir sobre este punto conviene aclarar qué se entiende por precios relativos. Para decirlo de la forma más sencilla posible, los precios relativos son la cantidad que hay que entregar de una determinada mercadería a cambio de otra. Por ejemplo, cuánta soja hay que entregar por una computadora o un celular. En los últimos tiempos los precios relativos han cambiado y cada vez hay que entregar menos cantidad de soja por un celular o una notebook.
Los ejemplos podrían seguir, pero el concepto básicamente es el dicho anteriormente. Los precios relativos son la cantidad del bien Y que hay que entregar a cambio del bien X.
Pero resulta ser que en la economía los precios relativos cambian constantemente porque la gente modifica el valor que le otorga a determinados bienes o aparecen nuevas tecnologías que permiten reducir costos de producción y precios de venta, etc. Es decir, es el proceso de mercado que al cambiar los precios relativos por las valoraciones de la gente el que produce una reasignación de recursos. Negocios que en un momento eran muy buenos dejan de serlo y aparecen otros en su reemplazo.
Justamente, son las valoraciones subjetivas que la gente le otorga a los bienes y servicios los que definen la asignación de recursos, los salarios que puede pagar una empresa por producir determinado bien, etc.
Ahora bien, los precios relativos son la manifestación de las valoraciones que las personas tienen sobre los diferentes bienes, pueden ser distorsionados por la intervención del Estado.
Justamente este gobierno se ha caracterizado por ignorar las valoraciones que
las personas tienen sobre los bienes y servicios y decidió, por diferentes
mecanismos, imponer una estructura de precios relativos de acuerdo al capricho
de los gobernantes.
Uno de los precios relativos que están muy distorsionados son las tarifas de los
servicios públicos y preocupa a muchos analistas. Este año posiblemente se
gastarán $ 75.000 millones en subsidios para, entre otras cosas, mantener
artificialmente bajas las tarifas de los servicios públicos como boleto de
colectivo, trenes, subtes, energía, etc. Sin duda este es uno de los problemas a
resolver, tema que no es un problema menor, pero hay otras distorsiones de
precios que generarán serios problemas sociales cuando haya que corregirlos.
Por ejemplo, como el gobierno ha incentivado artificialmente el consumo en detrimento de la inversión, sectores comerciales dedicados al consumo se han expandido de tal manera que el día que inevitablemente el salario real caiga, más de un restaurante, cadena de electrodomésticos o concesionaria de autos tendrá que cerrar sus puertas.
Lo mismo pasa con el tipo de cambio. Un país que fuga capitales en la magnitud que ha hecho desde 2003, con U$S 75.000 millones de fuga, es un país que, por definición tiene que tener un tipo de cambio alto. Como por un lado hubo un fenomenal ingreso de divisas por la soja, el mercado de cambios no explotó. Pero hoy la fuga de capitales ya casi supera al saldo de balance comercial y, además, el gobierno ha deteriorado el tipo de cambio real expandiendo moneda y generando un fenomenal proceso inflacionario. Para ponerlo en otros términos, si uno esperara cierta sensatez en la política económica y con un gobierno que respeta los derechos de propiedad, disciplina fiscal y monetaria, tal vez el tipo de cambio real sería más bajo por ingreso de capitales. Pero con un gobierno confiscador y arbitrario, la fuga de capitales hace pensar en que el tipo de cambio debería ser más alto. En otros términos, el nivel de tipo de cambio depende, entre otras cosas, del tipo de gobierno que tengamos. Si tenemos un gobierno sensato que genera expectativas positivas sobre el futuro de la economía el precio actual del dólar puede ser caro. Si tenemos un gobierno insensato, confiscador y arbitrario, el actual tipo de cambio está regalado.
La alianza del gobierno con sectores sindicales generó aumentos de salarios por encima de la inflación y de la productividad de la economía. Esta política es insostenible en el tiempo y, por lo tanto, en algún momento los salarios del sector formal de la economía subirán por debajo de la tasa de inflación afectando el consumo. Y los salarios no ajustan por precio ajustarán por cantidad, que es lo mismo que decir que aumentará la tasa de desocupación y, por lo tanto, la economía también se enfriará. Si el consumo cae, las exportaciones se estacan por las condiciones internacionales y el gobierno sigue generando desconfianza la inversión, no podrá sustituir el nivel de actividad de los dos anteriores y la economía, como mínimo, se desacelerará notablemente. La recaudación será menor y el gasto público actual será insostenible.
Hasta ahora, caprichosamente el gobierno ha declarado ganadores y perdedores. Cuando ya no pueda seguir con esta política, el dilema a enfrentar no consistirá en que todos los precios y salarios suban al mismo ritmo (digamos al 10% anual) sino que el dilema será recomponer los precios relativos lo que implicará que unos precios aumentarán el 10% otros el 20% y otros el 40% y otros directamente bajarán.
Si se acepta el razonamiento anterior, lo que cabe esperar es que, al final del día, asistamos a una situación de conflicto social porque los que venían ganando cómodamente verán que ya ahora son perdedores. Y verdad es que nadie quiere ser perdedor en la economía.
En definitiva, el punto que quiero resaltar es que si uno mira el mediano plazo de la economía argentina se encuentra con que la desaforada emisión monetaria del BCRA, las intervenciones arbitrarias de Moreno, la batería de subsidios populistas, las regulaciones sobre la economía, la distorsión cambiaria, las prohibiciones de exportación, las restricciones a las importaciones, el nivel de gasto público desmesurado y la carga tributaria asfixiante han producido tal distorsión en la asignación de recursos generando arbitrariamente ganadores y perdedores, que el día que haya que corregir todo esto, frenar la inflación será un tema complicado pero no el más grave. Lo más grave será convencer a muchos sectores que hasta ahora vivieron una fiesta de consumo que la fiesta se acaba y ahora deberán pagar el costo de la misma.
Con las diferencias del caso, si uno mira a varios países de Europa, el
problema que tienen es que mucha gente que vivió un progreso artificial hoy se
resiste a aceptar el engaño al que fueron sometidos durante años. Quieren seguir
siendo ganadores.
Este es el desafío de CFK en su propio mandato. Evitar un descontento social,
como la desconfianza que hoy le muestra la economía con la fuga de capitales,
sin que se traduzca en una desconfianza política que le abra los ojos a la
presidente y le permita ver que no se puede engañar a todos todo el tiempo.
Fuente: Economía para Todos