La Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de diciembre pasado alcanzó un inesperado acuerdo general (con la sola oposición de Bolivia), que, aunque modesto, representa un considerable avance para enfrentar el "efecto invernadero".
El acuerdo establece, entre otros compromisos: continuar negociaciones para acordar una extensión del Protocolo de Kyoto más allá de 2012 sin brecha temporal alguna entre el primer período de cumplimiento (2008-2012) y el segundo; perfeccionar los "mecanismos flexibles" (de mercado) del Protocolo para canalizar inversiones y transferencia de tecnología desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo; crear un Fondo Climático Verde, de 30.000 millones de dólares anuales a corto plazo y de 100.000 millones anuales en 2020, para financiar acciones en países en desarrollo; emprender acciones para reducir emisiones generadas por la deforestación y la degradación forestal mediante el apoyo tecnológico y financiero de los países desarrollados; aprobar el "Marco de Adaptación de Cancún" para ayudar a las comunidades a adaptarse mejor a los efectos del cambio climático.
¿Qué rol juega la Argentina en este escenario?
Nuestro país cuenta con extraordinarias posibilidades para producir energías renovables. Si bien nuestra matriz energética es comparativamente limpia (mucha generación de energía hidroeléctrica), el potencial para llevar adelante emprendimientos de energía eólica en Cuyo y la Patagonia, por ejemplo, es inmenso. Lo mismo para repotenciar la capacidad de las usinas hidroeléctricas existentes, y ni que decir, para procesar los residuos orgánicos de las ciudades y pueblos, generando energía a partir de biomasa, y a la vez resolviendo el problema de la disposición final de la basura, que en las grandes ciudades alcanza proporciones alarmantes.
Asimismo, la matriz agro-ganadera de nuestra producción otorga enormes oportunidades para la captura y disposición de los excrementos animales, fuentes de grandes emisiones de metano, un gas 21 veces más nocivo en materia de calentamiento global que el dióxido de carbono.
Sin embargo, la Argentina, en comparación, cuenta con un número muy escaso de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Al día de hoy, la página de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático ( www.unfccc.int ) reporta que nuestro país ha registrado ante la junta ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio un total de 23 proyectos, mientras que economías más pequeñas cuentan con un mayor número, como Colombia (27) o Chile (45). Brasil, en tanto, supera largamente los 200. No parece que los argentinos estemos haciendo nuestra parte, teniendo en cuenta además que ya estamos sufriendo en un alto grado los efectos del cambio climático. En un informe presentado en Cancún, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas (UNEP) ha reportado entre otras cosas que la superficie de los glaciares argentinos ha disminuido en forma significativa en el último medio siglo. La aparición del mosquito del dengue en Buenos Aires y el crecimiento de la leptospirosis en el segundo y el tercer cordón del conurbano bonaerense son también consecuencias del efecto invernadero.
¿Qué tareas debemos enfrentar para acometer acciones más significativas?
Los proyectos de mitigación del cambio climático requieren ciertas condiciones. Precios genuinos de la energía, que provean incentivos para comprometer el monto de capital necesario. Un clima de negocios pacífico y estable, que provea de expectativas razonables para el retorno de la inversión. Y todo ello en el marco de una clara política pública en materia de cambio climático, que comprometa al Estado en forma previsible y decisiva.
Alarma la ausencia de la problemática del cambio climático en nuestra agenda pública. Más allá de algunas iniciativas interesantes, no existen propuestas claras ni programas concretos de acción en la medida necesaria para crear una verdadera política de Estado.
Con una política clara y consensuada, la Argentina debería poder aprovechar las oportunidades que se le ofrecen: establecer marcos regulatorios que incentiven la separación de residuos sólidos urbanos, reciclando los inorgánicos y utilizando los orgánicos para generar energía o producir fertilizantes naturales; crear mecanismos legales y económicos para que la ganadería intensiva (feedlots) capture las emisiones de metano causadas por los excrementos animales y las elimine o utilice para producir energía; estimular la eficiencia energética en forma sistemática; promover acciones contra la deforestación y la degradación de bosques (llamadas "REDD+"); explorar, en fin, qué alternativas existen para coordinar iniciativas con los países de la región -en especial Brasil, que se ha comprometido a reducir sus emisiones hasta un 39% para 2020-, de modo de aprovechar economías de escala.
Una gran tarea nos espera, que a la vez representa grandes oportunidades para el desarrollo sustentable de la Argentina. Tenemos los recursos técnicos, humanos y naturales; es hora de utilizarlos en forma ordenada y sistemática para aprovechar a fondo las numerosas oportunidades que se nos presentan.
