Se estima que la media nacional superará el nivel de 32 QQ por hectárea.

La zona núcleo ha dado una grata sorpresa. Muchos lotes han superado el nivel de 70 QQ por hectárea.

La realidad es que el volumen a cosechar -ya lo sabemos- habrá de alcanzar una cifra superior a 14,50 millones de toneladas.

Hasta acá, todo es para festejar.

Pero, lamentablemente, el trigo sigue bajo el cepo del Estado intervencionista. Un Estado que, a esta altura, no logra siquiera establecer un argumento con algún grado de lógica para sostener el esquema de ROE Verde que ha eliminado la competencia y, por ende, ha permitido el armado de un oligopolio de perversas consecuencias.

Por el cierre de las exportaciones, el precio interno es una quimera.

La pérdida que los productores deben asumir no es ganancia para el Estado. Es una ganancia que, injustificadamente, reciben otros eslabones de la cadena agroindustrial.

Se habla de una pérdida de $200 por tonelada.

De esta forma, la intervención del Estado logra enemistar a unos eslabones de otros. Y estimular la capacidad de oportunismo de muchos de ellos. El valor de la confianza, algo por lo que la cadena viene peleando, ha comenzado a desaparecer.

Un ejercicio sencillo revela la inaceptable situación.

Dado que el valor FOB (puertos argentinos) se halla en poco más de u$s 300 por tonelada, el FAS teórico debería ser aproximadamente u$s 225. Debería ser así puesto que el derecho de exportación es de 23% y los gastos de “originación” y demás rubros ligados giran en torno al 3%.

En tal caso, ¿por qué este FAS teórico se aproxima tan sólo a u$s 217? Nótese la diferencia: u$s 8 por tonelada.

Y si en los números de arriba hay una equivocación, en los que siguen difícilmente pueda decirse lo mismo.

Acá va lo más grave. Si el FAS teórico de u$s 217 representa un valor de aproximadamente $868 ¿por qué el productor recibe tantos pesos menos?

A consecuencia de esta situación, buena parte de las operaciones de venta que se habrían hecho en un cuadro de normalidad han quedado desplazadas en el tiempo.

¿Tiene ello implicancias sobre la economía? Por supuesto. Y es en el área rural donde más se siente el golpe.

El pago por trabajos de trilla y de todos los agentes involucrados está demorado. Al menos, en gran parte. Muchos de los proveedores, por trabajos, servicios e insumos cuyos costos iban a ser cancelados en seguida de la cosecha, no logran cobrar. Y así el cuadro se va agravando.

Y ello no sólo repercute en todo lo ligado al trigo. También afecta a la ganadería, y demás granos. En consecuencia a la vida rural toda.

Frente a nosotros, se advierte un oscuro panorama. De conflictos e incertidumbres.