El Fondo del Bicentenario, constituido por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) con US$ 6500 millones sacados de las reservas del Banco Central, pretendía ser, como dice el vulgo, "una señal a los mercados". El Gobierno utilizaría ese patrimonio para asegurar a los tenedores de bonos que la Argentina no entraría en cesación de pagos. La negociación con los holdouts, entonces, mejoraría.
Los resultados de la operación fueron los opuestos. Aníbal Fernández exigió ayer, durante su rally radial, la renuncia de Martín Redrado por demorarse en la ejecución de la medida. La aspirada reconciliación con los inversores se transformó en una tormenta en un área hipersensible, con una intervención de la Corte Suprema, dos planteos judiciales de la oposición, un presidente del Banco Central en estado de rebeldía, un candidato a sucederlo -Mario Blejer- que sólo aceptaría el ofrecimiento cuando el cargo quede vacante, el alejamiento de por lo menos tres directores de la institución (Biagosch, Pérez y Bocco) y un estado de incertidumbre en el resto del directorio.
Para ensombrecer más el paisaje, la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), que preside Jorge Brito y reúne a las entidades de capital nacional, pidió la renuncia de Redrado. ¿A qué se debe estedesarreglo entre medios y fines? Se podría buscar una explicación sencilla: el kirchnerismo acostumbra, cuando se trata de modales institucionales, a comer sin cubiertos. Pero hay otra razón para el dramatismo con que se intenta doblegar a Redrado. Afectados por los niveles inquietantes de desprestigio que consignan las encuestas, la Presidenta y su esposo necesitan de recursos cada vez más abundantes para obtener el mismo grado de disciplina de la colectividad peronista. Con un Tesoro que debió raspar todas las ollas para cerrar las cuentas a fin de año, el Fondo del Bicentenario es, sobre todo, "una señal a la política". Es decir, un mensaje a gobernadores, intendentes y sindicalistas de que sigue habiendo caja y, por lo tanto, se sigue reclamando obediencia. Lo dijo el viceministro de Economía, Roberto Feletti: "Ahora se liberarán recursos para sostener la demanda", es decir, el dinero previsto para pagar deuda se aplicará al gasto corriente.
Este problema político está enmascarado por una disputa institucional. Ayer, los radicales Ernesto Sanz, Gerardo Morales, Oscar Aguad y Ricardo Gil Lavedra presentaron un recurso de amparo en el juzgado federal de María José Sarmiento. La jueza debería expedirse en estas horas. No es una funcionaria dócil con el poder: de su tribunal salió la primera disposición contra la ley de medios y, a comienzos de los 90, se hizo famosa por la medida de no innovar que desencadenó el "per saltum" de la Corte en la privatización de Aerolíneas.
Redrado agradeció ayer a los radicales. "Pinedo hizo lo mismo, pero se olvidó de pedir habilitación de la feria", lamentó. Y trató de impulsar un pronunciamiento de economistas de la oposición en su favor.
Si la doctora Sarmiento convalidara el decreto, precipitaría la renuncia de Redrado. Si dictara la cautelar, se abriría un espacio de negociación, con una salida similar, tal vez más civilizada. Un director amigo del presidente del Central admitió a LA NACION: "Podemos conversar todo, pero no en los términos en que lo están proponiendo desde la Casa Rosada". Desde el oficialismo se anticipaba el escarmiento. Un director alineado con la Presidenta pronosticó: "En la primera reunión de directorio le vamos a sacar a Martín todas las atribuciones delegadas. Va a quedar pintado". Por la dudas, Redrado decidió ayer no convocar, con la excusa del receso estival, a la sesión habitual de los jueves. Cerca de los Kirchner las amenazas eran más temibles. En caso de acefalía, la conducción del Banco recaería en Miguel Pesce, un radical ligado al oficialismo.
El ritual institucional tiene pocas soluciones para esta crisis. En el trámite procesal se han producido, por lo menos, tres empates. En el Central circulan dos dictámenes jurídicos, uno desaconsejando la transferencia de las reservas a Economía y otro avalándola. En la comisión bicameral de control de los DNU del Congreso el oficialismo se pronunció a favor, con ocho votos, y sus adversarios en contra, con otros ocho votos. Como ese comité carece de presidente, sólo podrían desempatar las cámaras. Para desplazar al presidente del Central, Cristina Kirchner debería firmar un decreto después de consultar a una comisión ad hoc, también bicameral. La integran los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas de Diputados y sus equivalentes del Senado -allí la de Finanzas se denomina "Economía"-. En el caso de la Cámara baja, los integrantes son el diputado Gustavo Marconato, kirchnerista, y Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica. En el Senado todavía están sin designar. De todos modos, Presupuesto y Hacienda sería encabezada por el oficialista Eric Calcagno, y Economía, por un radical. Como se ve, otro empate. ¿Quién debería resolverlo con su voto? Un experto: Julio Cobos, que como presidente del Senado preside ese equipo, según el artículo 9 de la Carta Orgánica del Banco Central. Comenta un talibán: "También es posible que la Presidenta firme otro decreto, modifique ese artículo y remueva a Redrado sin el Congreso".
Para la mayoría de los observadores, la jugada del presidente del Banco Central obedece a pruritos jurídicos. Pero en ella también hay un descarnado cálculo político. Redrado podría ser recordado como el titular de una política monetaria que permitió una inflación superior al 25%, o como el funcionario que limitó al extremo -por docilidad con Guillermo Moreno- la libertad cambiaria en el país. Sin embargo, con el duelo que acaba de abrir, podría corregir ese aspecto y salir de la administración envuelto en la bandera de la autonomía del Central. Un ejemplo poco edificante para otros apóstoles del oficialismo mortificados por las encuestas.
A los operadores económicos anoche les interesaba más la identidad del eventual sucesor de Redrado. El comunicado de Adeba fue un indicio de que Blejer sigue en la grilla: Brito es muy amigo de ese economista. Blejer tiene, claro, las mismas cautelas judiciales de Redrado. Sabe, por ejemplo, que los abogados del Ministerio de Economía en los Estados Unidos alertaron sobre la posibilidad de embargos. Blejer escuchará un consejo casi inapelable antes de volver al Central: el de Eduardo Elsztain.
Los demás nombres que circulaban ayer generaban más preocupación entre los especialistas. Eran el de Feletti (ahijado de Julio De Vido) y el de Sergio Chodos (autor intelectual del DNU del escándalo). No es trivial la incógnita. En el corto plazo, estas designaciones podrían significar una "ochentización" mayor de la economía. En el mediano, el nombramiento es también relevante: aunque el mandato de quien podría asumir en lugar de Redrado termine en septiembre, lo más probable es que para esa fecha se lo renueve por seis años. Es decir: en estas horas se podría estar nombrando al presidente del Banco Central con el que debería convivir -o al que debería echar?el próximo gobierno.
