La primera es que el Gobierno requiere de las reservas para sostener el inaudito nivel de aumento del gasto público. La segunda es que pretende gobernar sin estar atado a elementales procedimientos republicanos.

"Nosotros sabemos cómo acumular reservas. Déjennos seguir avanzando. No nos pongan palos en la rueda", reclamó ayer con llamativa desesperación Amado Boudou. Casi al mismo tiempo, Aníbal Fernández insistía por enésima vez en el día en que "las políticas monetarias y cambiarias las conduce la presidenta de la Nación" y que las reservas "no son de Martín Redrado", sino que "las juntó este gobierno con el esfuerzo de la gente".

Ambas declaraciones apuntaban a una supuesta "máquina de impedir", expresión acuñada por Néstor Kirchner, que encubre una concepción de los procedimientos republicanos y de los límites al Poder Ejecutivo como meros mecanismos burocráticos que molestan e impiden gobernar.

Lo ocurrido ayer con el pedido de renuncia a Redrado a la presidencia del BCRA, nueve meses antes de que concluya su mandato, es una muestra más de un estilo de gestión con ribetes autoritarios, que considera que hasta quienes están al frente de entes autónomos o de órganos de control le deben rendir pleitesía a quien esté a cargo del Poder Ejecutivo.

El artículo 3 de la Carta Orgánica del BCRA señala que "en la formulación y ejecución de la política monetaria y financiera, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional". El artículo 9 establece que la remoción de los miembros del directorio del BCRA podrá ser decretada por el Poder Ejecutivo Nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, debiéndose contar para ello con el previo consejo de una comisión del Congreso aún no conformada.

El conflicto entre el Poder Ejecutivo y el titular del BCRA sucede a otras disputas que dieron lugar al alejamiento de figuras independientes del oficialismo de ámbitos del Estado o al avance del kirchnerismo en órganos de control y en el Consejo de la Magistratura.

Se trata de un estilo que ha apuntado a gobernar sin rendir mayores cuentas y que fue inaugurado por Néstor Kirchner en Santa Cruz, cuando forzó en 1995 el desplazamiento de Eduardo Emilio Sosa como procurador general del Tribunal Superior provincial.

En los dos últimos años, el kirchnerismo dio pasos decisivos para tener mayoría de miembros en la Auditoría General, al tiempo que logró disminuir el poder de denunciar de organismos clave como la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. En este último órgano, consiguió la renuncia de su titular, Manuel Garrido, y su reemplazo por un hombre afín al proyecto oficialista, como Guillermo Noailles, quien recientemente ni siquiera consideró la posibilidad de apelar el controvertido fallo judicial que sobreseyó al matrimonio Kirchner en una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Claro que la inestabilidad de los presidentes del Banco Central no es patrimonio exclusivo del kirchnerismo. Redrado sueña todavía con ser el primer titular de esa entidad que se mantenga en su cargo durante seis años, desde el récord de Ernesto Bosch, quien presidió el BCRA durante diez años, entre 1935 y 1945.

En 2002, por citar un ejemplo, el BCRA tuvo cuatro titulares: Roque Maccarone, Mario Blejer, Aldo Pignanelli y Alfonso Prat-Gay, reemplazado en septiembre de 2004 por Redrado.

El jefe de Gabinete reconoció ayer que el Fondo del Bicentenario que se constituiría con 6569 millones de dólares de reservas del BCRA no se utilizaría como una mera garantía para el cumplimiento de los pagos de la deuda, sino lisa y llanamente para cancelar esos pagos.

Explicó que antes que tener esas reservas colocadas a tasas internacionales del 3%, cuando el país debe pagar más del 10% para endeudarse, sería preferible utilizar aquellos fondos del BCRA para cancelar compromisos. Ergo, las partidas presupuestadas por el Congreso para el pago de la deuda quedarían liberadas para ser usadas en obras públicas u otros destinos.

La primera conclusión de esas confesiones de Fernández es que el Gobierno piensa seguir aumentando el gasto público por encima incluso del 12% de incremento que fijó la ley de presupuesto de este año. La segunda conclusión es que el Gobierno desconoce las posibles consecuencias de utilizar para gastos corrientes reservas destinadas a respaldar la moneda local.