Mientras el gasto público mantiene un crecimiento alto, los ingresos públicos sufren la caída de los derechos sobre el comercio exterior y la desaceleración en la recaudación de impuestos.
En este contexto, la no devolución de impuestos se ha convertido en el principal factor de incremento de los recursos públicos. Se trata de un instrumento muy distorsivo, transitorio y que esta resultando insuficiente para evitar que el Tesoro tenga déficit. De esta manera, se acumulan las evidencias de los enormes costos que genera seguir postergando la modernización del Estado.
Según la Secretaría de Hacienda, en los primeros cuatro meses del año las cuentas públicas nacionales muestran un resultado financiero negativo de -$763 millones. En el mismo período del año pasado este resultado financiero era superavitario en $6.430 millones. Esta fuerte reversión se explica porque mientras el gasto público creció un 24%, los ingresos totales lo hicieron en apenas un 13%.
La desagregación de cómo se compone la recaudación aporta elementos que mejoran el diagnóstico sobre la situación fiscal. Según datos de la AFIP, en el primer cuatrimestre del 2009 los ingresos públicos por impuestos y derechos crecieron respecto a igual período del año anterior en aproximadamente $3.000 millones. Esta diferencia se conforma de la siguiente manera:
> $2.850 millones es explicado por el incremento en la recaudación de impuestos (IVA, Ganancias, Cheques y otros).
> -$1.600 millones fue la caída en la recaudación de derechos de exportación e importación.
>$1.750 millones se generaron por diferimientos compulsivos en la devolución de IVA a exportadores y otros reintegros.
Los datos señalan, por un lado, que la desaceleración en el crecimiento de la recaudación tributaria ha sido abrupta. Los $2.850 millones de incremento representan apenas un aumento de 5% respecto del mismo periodo del año anterior.
Por el otro, que los derechos de exportación e importación cayeron bruscamente, ya que los -$1.600 millones representan una caída del -12%. Y, por último, que la forma de compensar esta caída ha sido difiriendo devolución de impuestos en similar monto a la caída de los derechos al comercio exterior.
Si la información se desagrega según los principales impuestos aparece que el diferimiento en la no devolución de impuestos es el principal componente de incremento de ingresos públicos en los primeros cuatro meses del año. El IVA ha crecido en $1.200 millones, el impuesto a las Ganancias en $375 millones, el impuesto al cheque en $350 millones y el incremento en el resto de los impuestos fue de $892 millones. Todos montos que están por debajo de los $1.750 millones que el Estado generó retrasando la devolución de impuestos.
El IVA bruto viene creciendo en los cuatro primeros meses del año a una tasa del orden del 5% y el impuesto al cheque al 6%. Esto, frente a tasas de inflación anual en el entorno del 15% - 20%, pone en evidencia el debilitamiento en la capacidad del Estado para impulsar la recaudación a través de la inflación. Al punto tal que, aun apelando a un masivo diferimiento en la devolución de impuestos, el Tesoro Nacional genera un abultado déficit de $4.612 millones.
Si se suman los desequilibrios de los fondos fiduciarios y otros organismos fuera del presupuesto se llega a un desequilibrio de $5.518 millones. Esto no generó una emisión monetaria masiva gracias a que la seguridad social registra un superávit en los primeros 4 meses del año de $4.754 millones. Aun así el resultado consolidado del sector público nacional es negativo en $763 millones.
En lo sustancial son pocas las novedades en materia de gestión fiscal. Durante algunos años, luego de la crisis del 2002, se lograron superávits gracias a la licuación que produjo la devaluación y a precios internacionales excepcionalmente altos que generaron ingresos extraordinarios.
Como ambos fenómenos son de impactos transitorios ahora se ha entrado en una fase de endeudamiento encubierto. La única diferencia con los procesos que desencadenaron la crisis del 2002 es que el creciente endeudamiento no se materializa en títulos públicos, sino en deuda con los futuros jubilados (a quienes se les apropia sus aportes) y con los exportadores (a quienes se les difiere el reintegro de impuestos). Pero en la sustancia se trata del mismo problema: la insolvencia fiscal lleva a un endeudamiento público insostenible.
