El movimiento empresario argentino califica de inadecuada y tibia la respuesta que la Quinta de Olivos dio frente a la decisión de Venezuela de estatizar compañías de origen argentino. Este es el trasfondo de las declaraciones de la Unión Industrial Argentina y la Asociación Empresaria Argentina.

Ambas entidades buscaron un atajo público: condenar y censurar un eventual ingreso de Venezuela al Mercosur. Pero en realidad usaron ese argumento para manifestar su desagrado por la pasividad oficial y la actitud complaciente del Gobierno frente a la dura decisión de Hugo Chávez.

Clarín confirmó que el martes en la central fabril y también en la reunión de la AEA hubo tres críticas centrales a los pasos que siguió la Casa Rosada. Primero, afirmaron que obvió defender la inversión argentina, porque siempre dio el "hecho como consumado". Héctor Méndez lo dijo así en privado: "Antes de hablar de una indemnización justa, el Gobierno tendría que haber hecho un reclamo político concreto".

Segundo, dijeron que la Presidenta en lugar de objetar -por lo menos- la decisión inesperada de Chávez, se dedicó a fustigar a la compañía Techint y a culpar del lógico reclamo fabril sólo a operaciones políticas internas. La actitud de la Presidenta obedeció a que vio en la monolítica respuesta del movimiento empresarial una acción para desgastar a su Gobierno. No evaluó que fue fruto de un error político y diplomático y prefirió centrar el análisis en un supuesto aval del grupo de Paolo Rocca a sectores de la oposición.

Tercero, cuestionaron la posición diplomática argentina en Caracas, más propensa a justificar a Chávez que a defender los intereses argentinos. Hay cortocircuitos entre Alicia Castro y la Cancillería.

Desde la Quinta de Olivos se activaron varios operadores que intentaron aplacar la furia de los empresarios. Los emisarios fueron Roberto Baratta, y Guillermo Moreno. Pero no alcanzó. La UIA emitió el duro documento y ahora trabaja en el armado de una reunión de empresarios del Mercosur. Ignacio de Mendiguren la negocia con el líder de la Federación de Industriales de San Pablo, Paulo Skaf, y el vicepresidente de la Confederación Nacional de la Industria del Brasil, Dagoberto Lima Godoy. Los tres ya habrían pactado una cumbre en Montevideo la semana próxima con Diego Palestra, titular de la Cámara de Industriales de Uruguay, y la intención es afirmar que el "socialismo de Chávez" es incompatible con el Mercosur.

En el encuentro de la UIA, Pedro Waisman, Jose Fumagalli. Cristiano Rattazzi y Jorge Zorreguieta fueron los empresarios más duros contra la pasividad del Gobierno. Cuestionaron la disociación entre el discurso proindustrial del kirchnerismo y el abandono de Techint. En la reunión previa del comité de presidencia, un miembro de la cúpula de Héctor Méndez afirmó que el Gobierno conocía la decisión de Chávez y que se trataba de una "represalia combinada" contra Techint. Pero fue el titular de COPAL -la poderosa industria de la alimentación- quien oficializó un rumor que circula en el movimiento empresarial.

Jorge Zorreguieta -el padre de Máxima- habló del temor que existe entre los hombres de negocios de que después de las elecciones el Gobierno lleve adelante una política de estatización de firmas privadas en Argentina. Zorreguieta expresó en forma diplomática una opinión que - intencionada o no- repiten desde el fin de semana los empresarios más ortodoxos y contrarios al Gobierno. Zorreguieta lidera COPAL, en la cual militan las multinacionales de alimentos que denuncian en la Embajada de Estados Unidos la ausencia de clima de negocios en la Argentina. Lo dijo aludiendo al "efecto espejo" con Venezuela, y después exhortó: "Esta es una cuestión política y es necesario manifestarse para ponerle un límite."

Méndez agregó un comentario que escuchó en la reunión del Grupo de los 7. Los banqueros e industriales recuerdan que Amado Boudou y Sergio Massa prometieron que la estatización de las AFJP no implicaba que el Estado iba a poner directores en las empresas controladas por el fondo de pensión estatizado. Cinco meses después ocurrió lo contrario.

Estas preocupaciones formaron parte del diálogo telefónico secreto entre Julio De Vido y Luis Betnaza, el influyente vicepresidente de Techint Internacional, que se registró el sábado. El ministro se quejó de las duras declaraciones de Betnaza y el empresario reprochó la ausencia de defensa de las inversiones de Techint. Betnaza reconoció la gestión de Cristina Kirchner para definir satisfactoriamente la compensación por Sidor. Una multimillonaria cifra de la cual se pagaron US$ 400 millones al contado, y el resto se cancelará en seis cuotas trimestrales. Pero después afirmó: "Si realmente se trata de un país amigo y un socio preferencial, ¿no se pudo buscar otro mecanismo en vez de anunciar ahora semejante decisión?

La última información que tenía Techint de Venezuela era que Hugo Chávez pretendía asociarse al holding siderúrgico argentino Tavsa y no expropiarlo .

Eulogio del Pino, vicepresidente de PDVSA, fue quien cerró la negociación por la indemnización de Sidor. Entonces, y en presencia de un funcionario argentino, le propuso a Techint una asociación estratégica en Tavsa. Esto ocurrió hace tres meses y después siguió un fuerte silencio, que terminó con la polémica estatización, una medida que generó una reacción inusual en el empresariado local y que tiene otro trasfondo: los estrechos márgenes de acción que tiene ahora la economía argentina.

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