La doble vara de la burocracia de Bruselas parece estar a la orden del día, dado que mientras pretenden aplicar sus exigencias supuestamente a favor del ambiente en los sectores productivos agropecuarios de terceros países, también fomentan los coches eléctricos, cuya tecnología depende de la obtención de cobalto incrementando así la presión de extracción en la República Democrática del Congo con impactos ambientales y sociales irreparables.

La Regulación 1115 tiene impacto para la Argentina en dos de sus principales productos de exportación y sus derivados, la soja y el ganado bovino. Es decir, según esta normativa los productores argentinos hartos ya de trabas y regulaciones del Estado nacional, ahora deberán rendirle cuentas además a la burocracia de Bruselas demostrando que la soja y la carne que producen y exportan no proviene de áreas deforestadas, y que cumplen con la legislación vigente. Huelga aclarar que la mayor parte de las producciones argentinas provienen de áreas en las que nunca hubo árboles y por lo tanto nunca fueron deforestadas. Por ello, aceptar esta regulación pasivamente no sólo incrementa la carga burocrática del sistema productivo, sino que además implica una posición de suma debilidad de soberanía para la Argentina.

Estados Unidos y Brasil ya anunciaron que van a hacer caso omiso de la regulación europea. En idéntica posición, la Argentina debería poner en claro que de ningún modo va a degradar su status de nación libre y soberana, para acudir a la ventanilla de Bruselas a someterse al escrutinio de sus burócratas y su Agenda 2030. Si calculamos la superficie nacional que puede ver afectada su soberanía por aceptar pasivamente esta regulación foránea, supera las 157 millones de hectáreas, equivalentes a más de 131 Islas Malvinas.

En el caso de que el gobierno argentino no asuma una posición soberana análoga a la que sostienen Estados Unidos y Brasil, aceptaría pasivamente que Bruselas regule y legisle acerca de nuestras producciones y que desconozca nuestras leyes. Por otra parte, aceptar las condiciones de Europa posicionaría a nuestro país en una competencia desleal con nuestros pares, a costa del altísimo precio de ceder soberanía y de aceptar regulaciones y legislación extranjera que atenta contra el propio desarrollo, contra las libertades individuales y de empresa en nuestro país; cuando sería muchísimo más estratégico y beneficioso mantener una posición solidaria con Estados Unidos, Brasil y Uruguay.

La Argentina es el tercer productor global de soja detrás de Brasil y Estados Unidos. La proteína vegetal de soja es la de mayor relevancia y volumen en el mundo. El continente americano es el mayor productor y exportador global, reporta 342 millones de toneladas de las casi 400 millones de toneladas que se originan en el mundo. Es decir, los países americanos aportan más del 85% de la soja que la humanidad consume de manera directa e indirecta. En cuanto a la carne bovina, la Argentina vuelve a tener un posicionamiento relevante junto a Estados Unidos y Brasil, quienes son los dos principales productores y exportadores, en tanto que nuestro país se ubica en quinto lugar como exportador y en sexto lugar como productor, por ello resulta inaceptable que exista algún atisbo de cesión por parte de la Argentina ante las presiones de la burocracia europea.

La normativa 2023/1115, de la Agenda 2030, baja a tierra en nuestro país a través de la Plataforma VISEC y el gobierno hasta ahora ha mantenido una posición colaborativa dado que consideran que se trata de un acuerdo entre privados; cuando en los hechos, esta plataforma constituye el vehículo del Parlamento Europeo para ejercer su propia legislación en nuestro territorio y en nuestros sistemas de información.

Es mundialmente conocida la posición contraria a la Agenda 2030 y a las regulaciones estatales por parte del presidente Milei. Por ello, y en función de mantener una coherencia institucional y geopolítica, consideramos que el Gobierno Nacional debería revisar los acuerdos de colaboración que celebró con VISEC a través de la Ex Secretaría de Bioeconomía, SENASA y AFIP, pretendiendo suministrar información sensible de los productores a un grupo de empresas, y a través de ellas a Estados foráneos. Esta consideración se basa en el hecho de que seǵun los términos de la Ley 27275, artículo 8 inciso d), “el Estado no debe proporcionar información que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero”. Mucho menos cuando el receptor de la información funciona como mandatario de otros Estados. Por lo mismo, y tal como se está planteando la implementación de VISEC, constituye una acción ilegal que además cede soberanía.

Además de todo lo mencionado, en el interior profundo resuena una pregunta que golpea de lleno en la representación del sector productivo, ¿a qué se debe que la mayoría de las entidades del agro se han mostrado favorables a esta intromisión extranjera en nuestros sistemas productivos y hasta la acompañan institucionalmente? Es trágico que los argentinos permanezcamos tan aletargados ante el avasallamiento que promueve la UE pretendiendo que grandes áreas de Argentina no se desarrollen productivamente. Deberíamos ser conscientes que a través de estas regulaciones y las que vienen detrás de ella, estamos entregando un inmenso Parque Nacional promovido y legislado desde Bruselas.

Ojalá exista la posibilidad de cambio en el sentido del interés general de los argentinos, la libertad de empresa, las libertades individuales sin la intromisión de ningún gobierno extranjero en nuestras producciones y en nuestras necesidades de desarrollo.

Por Juan Balbín, Luis Villa, Armando Zavala, José Luis Tedesco, Santiago del Solar Dorrego