Nuestro sector productivo, al igual que la Argentina, necesita más que nunca importantes inversiones para poder impulsar el crecimiento como han hecho nuestros países vecinos, y para ello se requiere una seguridad jurídica, que la postulación de este juez no ofrece.
La Corte Suprema tiene la misión imprescindible de asegurar la supremacía de la constitución, la equidad del proceso político democrático y garantizar el respeto y realización de los derechos fundamentales. La suerte de esta misión depende de manera crítica de la idoneidad, moralidad, virtudes cívicas, compromiso democrático y competencia de sus integrantes.
Su nombramiento solo se traducirá en una pérdida de confianza y legitimidad para la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su conjunto, y en una negativa mirada de los inversores, que tanto necesitamos. que solo desembarcarían si existe seguridad jurídica.
Desde CARBAP, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, que representa a decenas de miles de productores bonaerenses y pampeanos que invierten día a día en nuestro país, expresamos nuestro desacuerdo con la postulación del juez Ariel Lijo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
