El gobierno anunció que mayo 2024 fue el quinto mes consecutivo en el que se logra superávit financiero. Para alcanzar esta meta se pasó de un déficit de $10 billones a precios actuales en los primeros 5 meses del 2023, a un superávit de 2 billones entre enero y mayo del corriente año. Es decir, se logró una impresionante reversión en las cuentas públicas por aproximadamente $12 billones.

Este cambio en las finanzas públicas se explica por una relativa estabilidad en los ingresos (la comparación interanual muestra una caída real del 3%) y una fuerte reducción en las erogaciones (caída real del 28%). Todos los rubros del gasto muestran variaciones negativas respecto al año pasado. Por los órdenes de magnitud, se destacan la reducción en las jubilaciones ($4 billones que equivalen al 34% del total de la baja del gasto), inversiones ($2 billones que representan el 16% del total de la baja del gasto) y transferencias a las provincias (1,8 billones que representan 15% del ajuste en el gasto).

La inédita reducción del gasto y la relativa estabilidad de los ingresos lleva a no prestarle suficiente atención al comportamiento de los impuestos. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía, entre enero a mayo del 2023 y el mismo período del 2024, se observa que:

- Los derechos de exportación aumentaron en $0,8 billones.

- El impuesto PAIS aumentó en $2,1 billones.

- El resto de los ingresos, sumando tributarios y no tributarios, cayeron $3,9 billones.

Estos datos muestran que el superávit no solo se explica por la fuerte reducción del gasto público, sino también por el aumento en la recaudación de dos impuestos muy distorsivos como son los derechos de exportación y el impuesto PAIS. Así como la sostenibilidad de la baja en el gasto público motiva controversias, similar preocupación debería causar el rol que vienen cumpliendo en la generación del superávit fiscal dos tributos que tienen un potente sesgo anti-exportador. Sesgo divorciado del objetivo del gobierno.

Un fenómeno parecido se viene dando a nivel de las provincias y sus municipios. A la caída de la recaudación asociada a la recesión se le sumó un drástico recorte en las transferencias nacionales no automáticas. En los primeros 5 meses del año el recorte llegó al 86% en comparación con el año previo. La reacción, bastante generalizada, fue paliar el derrumbe de ingresos aumentando las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos o, de manera más perjudicial para la producción, haciendo más gravosos los regímenes de pago a cuenta de este impuesto (retenciones y percepciones). Los municipios, por su lado, siguen similar estrategia con las tasas de Industria y Comercio que operan como un tributo análogo a Ingresos Brutos o aumentando la tasa vial que encarece el precio de los combustibles.

La férrea voluntad del gobierno por lograr el superávit fiscal es un paso fundamental para que la Argentina salga de la decadencia. Pero no se van a lograr buenos resultados si no se mejora la calidad de los impuestos que se usan para generar el superávit. Por eso, es estratégico y urgente avanzar en las transformaciones del Pacto de Mayo. Un ítem particularmente relevante en este Pacto es el ordenamiento del sistema tributario.

La experiencia de estos 5 primeros meses del año muestra que el superávit fiscal se sustenta, en parte, con aumentos de muy malos impuestos. Esto pone en evidencia que la propuesta de eliminar los malos impuestos a medida que se reduzca el gasto es voluntarista. Un camino alternativo es que los mejores impuestos absorban los malos impuestos. Por ejemplo, sin esperar nuevas (y deseables) bajas del gasto público, establecer que el IVA nacional absorba a los Ingresos Brutos provinciales y en lo posible a las tasas de Industria y Comercio municipales. Esto permitirá avanzar más rápido hacia un mejor sistema tributario.

Fuente: IDESA