Los entes (empresas, emprendimientos, etc.), que adoptan sociedades regulares para desarrollar sus actividades, deben cumplir con determinados requisitos legales y contables relacionados a la presentación de información financiera y legal. Dichos requisitos algunas veces no son tenidos en cuenta en el momento de elegir cual es el formato legal para adoptar. Una adecuada elección conlleva optimizar costos de funcionamiento y de administración que al menos deben ser considerados adecuadamente.

Lo primero a tener en cuenta es el domicilio legal porque fija la jurisdicción para su constitución, es decir, una Provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada jurisdicción tiene particularidades para el control de las entidades que se constituyen en la misma. Por ejemplo, la Inspección General de Justicia (IGJ) ente de control de las sociedades con domicilio legal en CABA, exige que todas las sociedades realicen un examen de auditoría sobre sus estados contables, es decir, requerir la opinión de un contador público independiente sobre la razonabilidad de estos. (Art 156. Inciso 3 Resolución 7/2015). Esto es independiente que el ente necesite este trabajo profesional o no. Además, de exigir la presentación anual de los estados contables auditados, también requiere el pago de la tasa anual de Justicia y la presentación anual de toda la documentación post asamblearia. En cambio, en las provincias en general no tienen estas normas que implican altos costos de administración.

Las sociedades anónimas en todas las jurisdicciones deben llevar libros rubricados, básicamente: Libro Diario, Inventario y Balances, Actas de Asambleas, Actas de Directorio, Registros de Asistencia de Asambleas, Registros de Accionistas. Llevar actualizado estos registros son costos de administración donde en algunos casos intervienen profesionales del derecho.

En el libro Diario deben registrarse los asientos con no más de 15 días de atraso, de imposible cumplimiento cuando tenemos que registrar hechos posteriores al cierre de ejercicio, muy común como ajustes de fin de ejercicio y cuando lo requieren los auditores para realizar una revisión de auditoría externa. Sin embargo, ante el requerimiento de una pericia judicial es obligatoria su presentación en forma actualizada.

La preparación anual de Estados Contables en contextos inflacionarios requiere un trabajo adicional de ajustar los mismo a la moneda de cierre de ejercicio, además de medir los activos en valores de mercado lo cual implica ajustes de cierre de ejercicio lo cual demanda costos de administración para preparar la información correspondiente.

Estos son algunos temas que demandan costos adicionales de administración que las Pymes deben tener en cuenta a la hora de tomar decisiones sobre el instrumento a utilizar para desarrollar su actividad. Para ello lo más adecuado es recibir asesoramiento profesional que le permitir conocer cuales son los costos de constitución y administración que a la larga complican los presupuestos cuando, justamente, los recursos no sobran.

Por CPN Carlos Barrero
Director y Consultor de BL&Cia – Barrero Larroudé