Los pasivos remunerados del Banco Central aparecen como uno de los desafíos más urgente que enfrenta el nuevo gobierno. En leliq (deuda del Banco Central con los bancos comerciales a 28 días del plazo) y en pases (deuda a 1 día de plazo) se acumula un pasivo de $23 billones. Representa casi 3 veces la base monetaria, es decir, triplica la cantidad de dinero en manos de la gente.

Si las leliq y pases se transformaran de manera inmediata en dinero en poder de la gente habría una fuerte estampida inflacionaria. Se haría explícita toda la inflación reprimida que el gobierno saliente no exteriorizó. Por otro lado, un fenómeno que se viene observando desde las PASO y que se aceleró luego de la segunda vuelta electoral es la conversión de leliq (28 días) a pases (1 día). En las PASO, el 73% de los pasivos del Banco Central eran leliq, mientras que hoy se invirtió la proporción: los pases representan el 73% y las leliq el 27%.

Este acortamiento de plazos intensifica las señales de alerta.

La manera no traumática para desarmar los pasivos del Banco Central es aumentando la demanda de pesos por parte de la gente. Si el público se convence de que el déficit fiscal se está resolviendo, aumentará la disposición a tener pesos. Para persuadir a la gente de que se ingresa en una fase de equilibrio fiscal sustentable es necesario analizar la composición del gasto público nacional. En este sentido, según datos del Ministerio de Economía para el 2022, el gasto público nacional se integra de la siguiente manera:

El gasto en funciones estrictamente nacionales ascendió a 15,1% del PBI.

El gasto nacional en funciones provinciales fue de 2,5% del PBI.

En gasto en subsidios económicos fue de 2,8% del PBI.

Estos datos muestran que la Nación ejecuta gastos por el equivalente a más del 5% del PBI en áreas que no son de su responsabilidad. Según la Constitución, salud pública, educación básica, asistencia social, vivienda y urbanismo son funciones locales. En el mismo sentido, los subsidios económicos deberían ser sustituidos por esquemas de tarifa social (que forman parte de la política social a cargo de las provincias y sus municipios). Tampoco corresponde que se usen fondos públicos para subsidiar las empresas públicas.

Para avanzar en esta reducción del gasto público nacional es imprescindible consensuar con las provincias la reconstrucción de la organización federal. La manera de instrumentarlo es a través de un acuerdo de coordinación tributaria y funcional. Allí hay que establecer que el Estado nacional se ocupará exclusivamente de las funciones interprovinciales delegadas (estabilidad política y económica, representación ante el exterior e infraestructura interprovincial) por lo que se eliminan todos los programas nacionales que involucren funciones provinciales y municipales (desmantelando las estructuras administrativas que los gestionan). De esta forma, las provincias con sus municipios serán los exclusivos responsables por financiar y administrar los servicios sociales (salud, educación, desarrollo social, vivienda y urbanismo) y los servicios públicos urbanos (distribución de electricidad, agua y saneamiento y transporte urbano).

En materia de coordinación tributaria el acuerdo tiene que contemplar la unificación de impuestos y la correspondencia fiscal. Es decir que, salvo las provincias más rezagadas del norte que recibirán asistencia de un Fondo de Convergencia, el resto de las provincias se deben autofinanciar. De esta forma, los ciudadanos tendrán más claro a qué nivel de gobierno le pagan los impuestos y a quien reclamar por los servicios que reciben.

El volumen que tienen los pasivos remunerados del Banco Central y los plazos cada vez más cortos inducen a desenfocar las prioridades. Por esto, es importante insistir en que el origen del problema no es monetario sino fiscal. Si la gente se convence de que habrá equilibrio fiscal sustentable, las leliq y pases serán absorbidos por un aumento en la demanda de dinero. Aquí la importancia estratégica de llegar a un acuerdo de coordinación tributaria y funcional con las provincias que demuestre la vocación por desmantelar las estructuras nacionales que operan de manera solapadas con las provincias y municipios. Si además se avanza en el ordenamiento previsional que modere la expansión del gasto por el envejecimiento poblacional, el equilibrio fiscal es posible y sostenible en el tiempo.

Fuente: Idesa