No porque no necesite trabajar más, sino por la escasez de empleos. Se necesita ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad.

En el Congreso Nacional hay varias iniciativas legislativas que proponen disminuir la jornada laboral legal. La idea subyacente es que reduciendo la jornada laboral a menos de 8 horas diarias o 48 horas semanales que rigen actualmente, las empresas serán compelidas a demandar más trabajadores sin afectar negativamente las remuneraciones. De esta forma, se cree, habrá más trabajo para todos.

La idea de reducir la jornada laboral no es nueva ni propia de Argentina. En el mundo desarrollado también es un tema de agenda. Pero la particularidad en estos países es que está más centrada en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo. En los países desarrollados, el sostenido crecimiento de la productividad laboral lleva a plantear el dilema de si conviene que esto se siga traduciendo en aumentos en las remuneraciones o incrementar el tiempo libre que disponen los trabajadores, dejándolos optar a ellos entre más remuneraciones o más tiempo libre.

Para un buen diagnóstico de la situación argentina, resulta útil indagar cuánto trabajan los argentinos actualmente. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, referida al año 2023, se observa que:

- Un 15% trabaja más de 48 horas semanales.
- Un 19% trabaja entre 40 y 48 horas semanales.
- El 66% trabaja menos de 40 horas semanales.

Estos datos muestran que en la Argentina 2 de cada 3 trabajadores ya lo hacen en jornada reducida. En la mayoría de los casos esto viene asociado con pobreza por bajos salarios y elevada informalidad. El problema, entonces, no es que hay trabajadores que trabajan mucho y que les quitan empleo a otros, sino que hay una severa escasez de buenos empleos. Por lo tanto, el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas. Esta es la vía para que haya más puestos de trabajo, con mayor productividad laboral, con altos salarios y con jornadas laborales razonables.

Bajar la jornada legal manteniendo las remuneraciones demanda un inédito aumento en la productividad. Por ejemplo, si se fijara una jornada diaria de 6 horas en lugar de 8, para compensar habría que aumentar la producción en un 33%. Si no aumenta la producción (es decir, la productividad no compensa el aumento de costos), la empresa optará por aumentar los precios de los productos que vende, contratar empleados en la informalidad o directamente suspender la producción y no contratar. Dado que se acumulan décadas con niveles de productividad estancados, se puede afirmar que, en las actuales condiciones, reducir la jornada legal tendrá asociado más informalidad y más inflación.

Para multiplicar los empleos formales es necesario abordar un ordenamiento integral del Estado y la modernización de las instituciones laborales. Aumentar la inversión y la capacidad de generación de empleos de calidad depende crucialmente de contar con un sistema tributario más simple y racional. También de que el Estado incremente sus niveles de eficiencia para producir servicios públicos de calidad y proveer mejor infraestructura. La revisión de las instituciones laborales, por su parte, debe apuntar a simplificar la registración laboral, disminuir las cargas sociales, prever nuevas formas de relación en el empleo adaptadas a las dinámicas actuales y darle previsibilidad a la indemnización por despido.

Hace una década que la producción está estancada, la inflación es muy alta y no se generan empleos de calidad. Las empresas privadas apenas contratan 6 millones de personas cumpliendo con las normas, cuando hay casi 20 millones de ocupados. Esto es la consecuencia de que desde hace mucho tiempo solo se crean empleos informales (sean en relación de dependencia no registrada o como cuentapropistas) y empleo público. Además, ayuda a disimular la falta de empleos las muy altas tasas de inactividad laboral. En un contexto de tan profunda degradación productiva y laboral, disponer por ley la reducción de la jornada no aportará soluciones, sino más problemas.

Fuente: Idesa