Como parte de su estrategia para reprimir la inflación, el gobierno venía aplicando sobre el dólar oficial pequeñas devaluaciones diarias por debajo del aumento de los precios. La principal consecuencia fue que el valor del dólar oficial se retrasó (se hizo más barato) desalentando las exportaciones e incentivando las importaciones. A pesar de las trabas cada vez más estrictas para acceder al mercado oficial de cambio, las reservas del Banco Central quedaron exhaustas.

La insostenibilidad de esta dinámica llevó a aplicar un salto devaluatorio el día siguiente a la PASO. Esto permitió retomar el acuerdo con el FMI para recibir de este organismo los USD 7.200 millones que la Argentina le había pagado a fines de julio, aliviando transitoriamente la caída de reservas del Banco Central. Casi simultáneamente se tomaron una serie de medidas que implican mayor emisión monetaria (bonos a estatales, jubilados y beneficiarios de planes sociales) y mayor presión sobre las empresas privadas (bonos a empleados privados, congelamiento del precio de las prepagas). El impacto fue que los precios automáticamente se dispararon y la tasa de inflación mensual se colocó en los 2 dígitos mensuales.

¿Cómo quedó el tipo de cambio real luego de este salto devaluatorio acompañado de salto inflacionario? Según datos del Ministerio de Economía se observa que:

- El dólar oficial está en $350.
- El dólar oficial promedio entre los años 2002 y 2022 es de $485 a valores actuales.
- El dólar paralelo está en $730.

Estos datos muestran que el dólar oficial después de la devaluación sigue estando barato en la comparación con su valor histórico. De hecho, a este ritmo de inflación en pocas semanas más tendrá –en términos reales– un nivel inferior al que tenía antes del salto devaluatorio de la PASO. Tampoco sirvió para acortar la brecha con el dólar paralelo. Todo lo contrario, hay que remontarse a fines de los 80, cuando se desencadenó un proceso hiperinflacionario, para encontrar un valor del dólar paralelo similar al actual.

Aplicar un salto devaluatorio es un proceso complejo, doloroso y riesgoso. Por eso, son decisivas las políticas acompañantes que se orienten a moderar los impactos sobre los precios. Esta es la manera de que suba el tipo de cambio real mejorando las perspectivas exportadoras del país y las oportunidades para producir competitivamente con las importaciones. Por el contrario, si no se minimiza el impacto de la devaluación sobre los precios internos, no solo que no se logra mejorar la competitividad, sino que se agregan presiones en favor de la aceleración de la inflación.

Este fue el camino por el que optó el gobierno. Por oportunismo político retrasó el salto devaluatorio hasta el día después de la PASO y se comunicó a la población que se hizo por imposición del FMI. Al FMI se le pidió que hiciera el desembolso para lo cual el organismo tuvo que perdonar el incumplimiento de todas las metas y hacer un nuevo acuerdo. Luego, de manera casi inmediata se tomaron medidas de expansión del gasto que van en el sentido contrario. La operación sirvió para superar el escollo que planteaba el acuerdo con el FMI, pero las consecuencias internas son triplemente negativas.

Por un lado, no se mejoró el tipo de cambio real de manera que seguirá la acuciante escasez de divisas, llegando a casos extremos como, por ejemplo, la falta de insumos para el funcionamiento de los hospitales. Por el otro, saltó la inflación a niveles de dos dígitos mensuales. Finalmente, se deterioró aún más la credibilidad y autoridad del gobierno. La rebelión de gobernadores e intendentes (incluso oficialistas) en pagar el bono anunciado y los aumentos de precios y copagos que se están produciendo en la medicina privada, a pesar del congelamiento anunciado, testimonian esta degradación institucional.

La devaluación mal hecha profundizó la crisis y aumentó los desafíos para el próximo gobierno. Un nuevo paso dentro de un proceso de deterioro largo, generalizado y profundo. Frente a esto, más importante que diseñar un nuevo régimen monetario es contar con una estrategia para ordenar integralmente el Estado. De su consistencia y velocidad de instrumentación depende la posibilidad de frenar el deterioro vigente y revertir la decadencia.

Fuente: Idesa