La inflación provoca graves daños productivos y sociales. Si bien muchos factores explican el aumento persistente de los precios, en el caso de la Argentina hay una fuerte y estrecha asociación con déficits fiscales crónicos. Décadas de gastar por encima de los ingresos públicos, obligó a excesos de deuda pública y emisión monetaria. Esta es la principal razón por la que la historia económica argentina está plagada de crisis económicas derivadas de repetidos defaults de deuda pública y alta inflación.

Frente a esta situación empiezan a confluir los consensos en torno a la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Si bien en el oficialismo hay matices de opiniones, el actual Ministro de Economía hace denodados esfuerzos por mostrar reducción del déficit fiscal.

Entre los referentes económicos de la oposición, el déficit fiscal es el punto central de las críticas y el objetivo primordial que se plantean en el caso de que les toque gobernar. En otras palabras, cada vez más se va cimentando la idea de que al déficit fiscal hay que eliminarlo o bajarlo sustancialmente.

La pregunta que cabe hacerse es si con eliminar el déficit fiscal es suficiente. En este sentido, sirve analizar los diferentes comportamientos fiscales que vienen mostrando el Estado nacional y las provincias. Según información publicada por el Ministerio de Economía para el 2022 se observa que:

El déficit fiscal consolidado entre el Estado nacional y los Estados provinciales asciende a 2,8% del PBI.

El déficit del Estado nacional es de 3,8% del PBI.

Los Estados provinciales, en cambio, presentan un superávit de 1,0% del PBI.

Estos datos muestran el enorme contraste entre la situación de las cuentas públicas a nivel nacional y el del conjunto de las provincias. Mientras el Estado nacional está ahogado por el déficit fiscal, del cual se derivan crisis de deuda pública y emisión monetaria, las provincias muestran holgura. Si bien hay diversidad entre provincias, resulta muy sugerente que en el agregado muestren superávit. Al punto tal que, con sus ahorros, auxilian al Estado nacional suscribiendo letras de la Tesorería nacional o plazos fijos que –por la vía de las Leliqs– terminan también indirectamente financiando a la Nación.

Son muchas las diferencias entre provincias y diversos los factores que explican el contraste entre el desempeño fiscal nacional y el de las provincias. Pero uno muy importante es el rol que juega la alta inflación como instrumento de ajuste fiscal. Mientras que la recaudación impositiva tiende a crecer a ritmos parecidos a la inflación, el gasto público se actualiza con rezago. Los salarios son uno de los componentes que más sufren el retraso respecto de la inflación. El retraso de los salarios tiene un impacto decisivo en las finanzas provinciales porque más de la mitad del gasto son remuneraciones. La Nación también licua erogaciones con inflación, pero con menor intensidad ya que su principal gasto son las jubilaciones que están indexadas por ley de manera trimestral.

El ajuste fiscal de muchas provincias es poco sustentable porque depende de que la inflación siga siendo alta. Una baja de la inflación reduciría o directamente eliminaría los superávits de varias de ellas. Pero lo más relevante de esta experiencia es que demuestra que conseguir equilibrio financiero no implica eliminar los déficits de gestión. Las provincias son las responsables de los servicios de educación básica, salud pública, vivienda, infraestructura urbana, asistencia social, justicia y seguridad, funciones en donde no se revirtieron los déficits de gestión. Por ejemplo, más de la mitad de los jóvenes de 15 años no tiene capacidades de lectura debido a los déficits de gestión en la educación básica o la tasa de mortalidad infantil en las provincias es superior a la de Chile y Uruguay.

El desajuste fiscal nacional es muy dañino. Pero el ajuste fiscal inflacionario o un ajuste fiscal ortodoxo –como plantean sectores de la oposición– no sirven para salir de la decadencia.

Para iniciar un ciclo de progreso social sostenido se necesita corregir tanto los déficits financieros como los déficits de gestión pública. La única manera de lograrlo es con un ordenamiento integral del Estado.

Fuente: Idesa