• No puede disociarse el fenómeno de la marginalidad laboral con la elevadísima presión tributaria existente, derivada de un nivel de gasto público desproporcionado para el tamaño de las actividades productivas del país. Los ingresos sumados de unas 10 millones de personas que pertenecen a la categoría de informales y cuentapropistas (incluidos profesionales) captura sólo el 22,0 % de la masa salarial del país, siendo que los estatales (3,5 millones) logran para sus bolsillos el 23,2 % de la masa de ingresos

• Todo indica que las autorizaciones a importar para lo que resta del año llevarán a terreno negativo la variación interanual de las compras al exterior, cuando hasta octubre subían por encima del 20 %. Este ajuste no es una “maldición divina”. El superávit comercial se ha achicado en forma significativa este año, mientras se incrementa el uso de los créditos de comercio exterior en unos 8,0 mil millones de dólares. Pero no parece factible que esta deuda siga creciendo

• La sequía está afectando en forma significativa el trigo y demás cultivos de invierno, y amenaza hacerlo también con la soja y el maíz, pero de ningún modo puede atribuirse a “La Niña” la responsabilidad de las tribulaciones del sector externo argentino. La proporción de las cosechas argentinas en términos de las de Brasil se está achicando de un 59,0 % en 2018/19 a un 42,5 % en el presente, según los volúmenes esperados para 2022/23. Es un fenómeno tendencial, no atribuible a la meteorología

• Hacia 2007/08, Brasil y la Argentina tenían una participación similar dentro de las exportaciones mundiales del complejo sojero, del orden del 25 %. Sin embargo, 13 años después, Brasil trepa hasta un market share cercano al 40 %, mientras la Argentina desciende hasta un andarivel del 15 %. En divisas, el costo de esta divergencia es sideral, ya que si nuestro país hubiera podido replicar el recorrido del vecino, hoy estaría exportando 28,0 mil millones de dólares adicionales al año, sólo considerando el complejo sojero

• En algún momento, gobiernos anteriores llegaron a justificar elevadas retenciones y trabas para las exportaciones de determinados productos como parte de un “modelo de industrialización”. Sin embargo, la participación de los productos “made in Argentina” en las importaciones totales de los países vecinos se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 25 años

• En 1998, el market share de la Argentina en las importaciones totales de Brasil había llegado a un 13,9 %, y los datos de 2021 muestran que esa participación se ha derrumbado a 4,8 %. Este año, el vecino país apunta a anotar importaciones totales por unos 275 mil millones de dólares: si la Argentina y sus políticas económicas hubieran sido capaces de sostener el market share de 1998, en lugar de 13,0 mil millones de dólares, que es la cifra estimada para este año, deberíamos estar exportando 38,0 mil millones a Brasil

• Las emisiones de deuda interna del Tesoro llegaron a 7,3 puntos del PIB en 2020, pasaron a 8,2 % en 2021, se estiman en 9,9 % en 2022 y se proyectan a 10,5% en 2023. Esta dinámica no es gratuita para el sector privado. Parece haber una “tendencia secular” de contracción del crédito a empresas y familias, como contrapartida de políticas que promueven el desvío del financiamiento bancario a favor del sector público. En los últimos cuatro años, la merma del crédito al sector privado supera el 40 %, medida en pesos constantes

El gobierno está tratando de imponer que un grupo importante de empresas congele el precio de 1400 productos durante 120 días y que, en paralelo, para el resto de bienes que conforman la canasta de oferta de esas firmas, las remarcaciones corran a un ritmo del 4,0 % mensual. En un contexto en el que el tipo de cambio, los salarios y las tarifas se están indexado en un andarivel superior al 6,0 % mensual, la inconsistencia del plan es llamativa. Sin embargo, este no es un hecho aislado, ya que se acumulan muchos ejemplos de un ajuste demasiado escorado del lado del sector privado. Tres casos reveladores para mencionar, considerando la dimensión laboral, el acceso a dólares por parte de las actividades productivas y la dinámica del crédito al sector privado.

Respecto del mundo laboral, el salario de cada trabajador informal equivale al 50 % de la remuneración promedio de cada empleado estatal, sin considerar las diferencias regionales, que son muy significativas. Los informales suman 5,5 millones de personas y los estatales 3,5 millones. Y los primeros no cuentan con ninguno de los beneficios de los segundos, en términos de estabilidad, aportes jubilatorios y obras sociales e, incluso, en no pocos casos, de aguinaldo.

Las asimetrías se hacen más elocuentes cuando se desglosa la composición de la masa salarial, que involucra a trabajadores, jubilaciones y planes sociales. En este caso, se tiene que los ingresos sumados de unas 10 millones de personas que pertenecen a la categoría de informales y cuentapropistas (incluidos profesionales) captura sólo el 22,0 % de la masa salarial del país, siendo que los estatales (3,5 millones) logran para sus bolsillos el 23,2 % de la masa de ingresos. No es un error. Considerando que el segmento de informales y cuentapropistas abarca a 10 millones de personas, se tiene que los estatales, que son casi un tercio de ese universo, capturan una porción mayor de la torta salarial. Estos datos surgen del estudio realizado recientemente por los economistas de IERAL Marcelo Capello, Laura Caullo y Joaquín Aguirre. Los autores subrayan, además, que lo único dinámico en términos de creación de empleos es el sector público, con una nómina que en la década de la estanflación se incrementa al ritmo del 3,0 % anual acumulativo, contra una variación nula para el segmento privado.

En el “pos covid”, estos contrastes se han agravado respecto de los datos previos a la pandemia, ya que aumentó la participación en la masa salarial de estatales y planes sociales, en detrimento de jubilaciones y trabajadores privados, tanto formales como informales, como se observa en el gráfico adjunto. La desaceleración del nivel de actividad, que ya se trasunta en diversos indicadores a partir de setiembre, habrá de acentuar esas tendencias, con formales e informales del sector privado como variable de ajuste. El tema es que no puede disociarse el fenómeno de la marginalidad laboral con la elevadísima presión tributaria existente, derivada de un nivel de gasto público desproporcionado para el tamaño de las actividades productivas del país.

Conseguir insumos importados, la principal preocupación

Muy intensivo en tiempo de los ejecutivos, el nuevo régimen de autorización de importaciones (SIRA) está confirmando las sospechas: el embudo es cada vez más angosto y está destinado a alterar el ciclo productivo de no pocos sectores/empresas. Las importaciones registradas por el INDEC para setiembre (ya publicado) y octubre (estimado) todavía se sitúan el terreno positivo en la medición contra iguales meses de 2021, en guarismos de entre el 15 y el 20 % interanual.

Sin embargo, todo indica que las autorizaciones a importar para lo que resta del año llevará esa variación a terreno negativo. No habría que sorprenderse si las compras al exterior de noviembre y diciembre terminen marcando una caída interanual del 20% al 25 % respecto de los registros de un año atrás, con todo lo que esto implica en términos de abastecimiento de insumos de los procesos productivos locales.

Este ajuste no es una “maldición divina”. El achique del superávit comercial de este año, a unos 5,5 mil millones de dólares, puede atribuirse en buena medida a la brecha cambiaria y a los retrasos en poner en valor a Vaca Muerta. Además, en un país que no tiene crédito, parece difícil que pueda ampliarse el mecanismo de posponer pagos de importaciones, que este año estaría llegando a los 8,0 mil millones de dólares. Ocurre que las deudas por operaciones de comercio exterior ya habrían superado los 30,0 mil millones de dólares a fin del tercer trimestre, una cifra récord. La falta de crédito nos condena a pagar “al contado” las mercaderías despachadas a plaza.

La sequía está afectando en forma significativa el trigo y demás cultivos de invierno, y amenaza hacerlo también con la soja y el maíz, pero de ningún modo puede atribuirse a “La Niña” la responsabilidad de las tribulaciones del sector externo argentino.

En un horizonte más cercano, la política macroeconómica es la que explica el deterioro del sector externo. El exceso de gasto del sector público ha empujado el consumo en detrimento del ahorro y esto impulsa la demanda de importaciones y afecta la competitividad de las exportaciones, por el atraso cambiario que conlleva (la inflación sube más rápido que el tipo de cambio). En una “vuelta de tuerca” adicional, el cepo y las distintas restricciones afectan la disposición de las empresas a asumir compromisos de exportación. El tremendo sesgo antiexportador de impuestos tan distorsivos como retenciones e Ingresos Brutos hace que las oportunidades que surgen en el mercado mundial se aprovechen parcialmente. Por eso, cuando aparecen ciclos de mejora de los términos de intercambio, su impacto positivo se ve amortiguado por los múltiples desincentivos que surgen de las trabas y los impuestos.

Obsérvese al respecto la trayectoria divergente en el último quinquenio entre la producción agrícola de Brasil y la Argentina, siendo que tienen en común el hecho que la soja y el maíz son sus principales cultivos.

Tomando como base la campaña 2018/19, la cosecha de Brasil está pasando de 234 millones de toneladas a 296 millones según las últimas proyecciones de la campaña 2022/23, un incremento de 26,5 %. En cambio, la Argentina retrocede de 138 millones de toneladas en 2018/19 a un estimado de 126 millones para la campaña 2022/23, una merma de 8,7 %.

La brecha entre ambas trayectorias es de nada menos que 35,2 puntos porcentuales, en sólo un quinquenio. Si para la Argentina nos detenemos en 2021/22, para aislar el posible efecto de la sequía, de todos modos, la caída respecto de 2018/19 es de 4,4 % y la diferencia con la evolución de Brasil es de 30,9 puntos porcentuales.

De estos datos surge que la proporción de las cosechas argentinas en términos de las de Brasil se está achicando de un 59,0 % en 2018/19 a un 42,5 % en el presente, según los volúmenes esperados para 2022/23. Es un fenómeno tendencial, no atribuible a la meteorología.

Otro modo de subrayar estas diferencias, desde una perspectiva más amplia, surge de comparar la evolución del market share de Argentina y Brasil en las exportaciones mundiales de productos del complejo sojero.

Hacia 2007/08, ambos países tenían una participación similar dentro de las exportaciones mundiales del complejo sojero, del orden del 25 %. Sin embargo, 13 años después, Brasil trepa hasta un market share cercano al 40 %, mientras la Argentina desciende hasta un andarivel del 15 %. En divisas, el costo de esta divergencia es sideral, ya que si nuestro país hubiera podido replicar el recorrido del vecino, hoy estaría exportando 28,0 mil millones de dólares adicionales al año, sólo considerando el complejo sojero.

Nuevamente, como en el caso del empleo y sus remuneraciones, es difícil disociar la involución del complejo sojero en relación a lo ocurrido en Brasil de las políticas que primaron en la Argentina, con un marcado sesgo antiexportador, incluido el peso de las retenciones. Las actividades agrícolas, en general, se han expandido a un ritmo inferior al del vecino país no por falta de competitividad potencial, sino por políticas que han afectado su rentabilidad y, por ende, su capacidad de inversión y de generación de empleos.

Como un boomerang, esas políticas terminan afectando la capacidad de los gobiernos de contar con instrumentos para operar sobre el ciclo económico, tanto por el lado fiscal como el de las reservas del Banco Central. No es gratis para el estado desalentar la expansión de las actividades productivas. Y el tema es que medidas como las del congelamiento de precios de alimentos, como las comentadas más arriba, pueden llevar a acentuar las inconsistencias en el plano cambiario, con un tipo de cambio que se retrase cada vez más respecto de los costos para la gama de productos exportables que forman parte de la canasta básica.

¿Sacrificando al agro en beneficio de la industria?

En algún momento, gobiernos anteriores llegaron a justificar elevadas retenciones y trabas para las exportaciones de determinados productos como parte de un “modelo de industrialización”, según el cual proveer a las fábricas de commodities baratas (por debajo del precio internacional) habría de favorecer inversiones y desarrollo de actividades manufactureras que habrían de exportar con “mayor valor agregado”.

La Argentina exporta cada vez menos, en términos de su PIB y también medido en relación a las exportaciones mundiales. Tradicionalmente, las ventas al exterior de productos industriales “made in Argentina” se han concentrado en los países vecinos, sólo una fracción ha tenido como destino el “resto del mundo”.

Pues bien, las estadísticas de comercio exterior no convalidan la idea un modelo exitoso de industrialización con mayor valor agregado. La participación de los productos “made in Argentina” en las importaciones totales de los países vecinos se ha reducido a menos de la mitad en los últimos 25 años.

En 1998, el market share de la Argentina en las importaciones totales de Brasil había llegado a un 13,9 %, y los datos de 2021 muestran que esa participación se ha derrumbado a 4,8 %.

No se trata de un fenómeno aislado, ya que similar tendencia se observa cuando se compara la participación de las exportaciones argentinas en las importaciones totales de Chile (de 11,1 % a 5,3% en igual período) y a Uruguay (de 22,0 % a 13,1 %). Para no abrumar con números, pero subrayar las implicancias que esto tiene, nos concentramos en el caso de Brasil. Este año, el vecino país apunta a anotar importaciones totales por unos 275 mil millones de dólares: si la Argentina y sus políticas económicas hubieran sido capaces de sostener el market share de 1998, en lugar de 13,0 mil millones de dólares, que es la cifra estimada para este año, deberíamos estar exportando 38,0 mil millones. Los responsables de las políticas económicas de los últimos 20 años deben explicar por qué se esfumaron 25,0 mil millones de dólares de exportaciones potenciales a Brasil.

El crédito al sector privado, otra de las variables de ajuste

Se subrayó más arriba que el exceso de gasto público acarrea consecuencias macroeconómicas, deteriorando las variables del sector externo, y que la sobrecarga de impuestos distorsivos genera un marcado sesgo antiexportador. Sin embargo, los efectos colaterales no terminan ahí. Financiar el déficit fiscal sin crédito externo provoca también un gigantesco “efecto desplazamiento”, ya que en un contexto de “cepo cambiario”, el sector público “caza en el zoológico” los pesos necesarios para alimentar los desequilibrios.

Así, como quedó registrado en el último “Staff Report” del FMI, hay una escalada de necesidades de financiamiento del Tesoro a ser cubierta por el mercado de capitales local. Las emisiones de deuda interna llegaron a 7,3 puntos del PIB en 2020, pasaron a 8,2 % en 2021, se estiman en 9,9 % en 2022 y se proyectan a 10,5% en 2023. Dado que el gobierno genera mecanismos para que el sistema bancario participe activamente en las licitaciones del Tesoro, esta política tiene el doble efecto de una expansión monetaria por fuera de los límites de asistencia directa al Tesoro por parte del Banco Central y, como contracara, de un incremento sostenido de la Deuda Remunerada de la entidad (las Leliq), por la tarea potenciada de evitar desbordes de liquidez por aquellas operaciones.

Nuevamente, esta dinámica no es gratuita para el sector privado. Como se observa en el gráfico adjunto, parece haber una “tendencia secular” de contracción del crédito a empresas y familias, como contrapartida de las políticas que promueven el desvío del financimiento bancario a favor del sector público. En los últimos cuatro años, la merma del crédito al sector privado supera el 40 % en pesos constantes.

Los tres casos analizados muestran como el achicamiento del sector privado relativo al gigantismo estatal termina operando como un boomerang, afectando la capacidad de los gobiernos de mantener bajo control la macroeconomía. Esto es así con las asimetrías de ingresos laborales, sector público vs sector privado; el marcado deterioro de las exportaciones de la Argentina tanto en términos de mercado mundial como de captura de las importaciones de países vecinos, y la tendencia de caída del crédito al sector privado como contracara de la aspiradora de fondos en la que se ha convertido el sector público. De allí que resulte tan difícil recuperar horizonte para la toma de decisiones de los agentes económicos con medidas cortoplacistas, que muchas veces parecen desafiar la “ley de la gravedad”, intentando resolver un determinado problema pero al costo de acentuar la crisis en otros frentes.

Fuente: IERAL