Una fuerte campaña mediática y un masivo acto de juramento fueron los rasgos distintivos del proceso de cambio de ministro de economía. En los aspectos sustanciales, los primeros anuncios mantuvieron el mismo diagnóstico de sus antecesores: la situación fiscal es insostenible. Pero resulta paradójico que frente a un problema que requiere un abordaje urgente se enuncien medidas tan ambiguas y contradictorias. Pareciera que prevalece una combinación de subestimación de la gravedad de la crisis y un exceso de confianza en que el despliegue político y mediático pueden solucionar los problemas.
Comparando el primer semestre del 2022 con igual periodo del 2019, el gasto público nacional creció un 20% por encima de la inflación. Este fuerte aumento fue liderado por la expansión de los subsidios energéticos. En esta área siguen las indefiniciones sobre las medidas a tomar y quiénes serán los funcionarios responsables de aplicarlas. El anuncio más importante es la intención de fijar un tope al consumo subsidiado. Se trata de una regla mucho más simple de aplicar que el complejo esquema pergeñado para la segmentación de los consumidores según nivel socioeconómico.
Las transferencias monetarias a las familias también crecieron por encima de la inflación. Aumentaron un 13% real en 3 años, pero con comportamientos dispares entre componentes. Comparando datos en términos reales del primer semestre del 2022 con el mismo período del 2019 se observa que:
Las jubilaciones cayeron un 3%.
Las asignaciones familiares (activos, pasivos y AUH) subieron un 10%.
Los planes asistenciales crecieron un 297%.
Estos datos muestran que el crecimiento del gasto asistencial fue explosivo. Se multiplicó por 4 en apenas 3 años. Frente a estas evidencias, el nuevo ministro hizo anuncios más bien elípticos y un tanto contradictorios. Por un lado, dijo que se auditará a través de las universidades el gasto en planes asistenciales. Por el otro, que se fortalecerá a las cooperativas, que son las organizaciones piqueteras en las que se ha “tercerizado” la gestión de los planes. A pesar de que son medidas tibias, los líderes piqueteros manifestaron su rechazo y amenazaron con abandonar la coalición gobernante.
La situación heredada por el gobierno en materia de asistencia social es la de una proliferación de planes asistenciales administrados por el Ministerio de Desarrollo Social nacional, las provincias y los municipios. Las superposiciones son una enorme fuente de ineficiencia. El gobierno actual, en lugar de apuntar hacia la unificación y simplificación, optó por seguir multiplicando el gasto asistencial poniendo como prioridad congraciarse con el movimiento piquetero y usar a los pobres con fines políticos.
La incompetencia y la demagogia son los principales factores que están detrás del acelerado crecimiento del gasto asistencial. Apenas asumido, en enero del 2020, la coalición gobernante creó la “Tarjeta Alimentaria” que se distribuyó entre las mismas familias que ya recibían la Asignación Universal por Hijo (AUH). Existiendo la necesidad de mejorar la AUH, se optó por crear otro programa superpuesto. Esta fue la excusa para desplegar a lo largo de todo el país actos políticos a los que se convocaba a la gente ya identificada con la AUH para entregarles personalmente la tarjeta. Por otro lado, los programas “Hacemos Futuro” y “Salario Social Complementario” pasaron a la denominación “Potenciar Trabajo” y se multiplicaron los beneficiarios que las organizaciones piqueteras reclutaron.
Esta situación no se revierte con los tradicionales “ajustes” fiscales. Se necesita un fuerte ordenamiento centrado en la unificación y simplificación de programas. El punto de partida es respetar la distribución de funciones del Estado, asumiendo que la asistencia social es responsabilidad de cada provincia y sus municipios. La única excepción podría ser la AUH, con las mejoras que necesita. En particular, la absorción de la Tarjeta Alimentaria y reimplantar la condicionalidad de que los chicos vayan a controles de salud y a la escuela.
Fuente: Idesa
