La idea de la propuesta es ayudar a los millones de trabajadores informales de la Argentina que no poseen un ingreso que cubra un piso alimentario.
En el propio proyecto de ley se estiman en unos 9 millones de potenciales beneficiarios. Teniendo en cuenta la canasta básica de mayo que fue de 14.400 pesos, esto podría representar para el estado un gasto de mas de 129 mil millones de pesos por mes. Este monto representaría, por si mismo, un 10% del gasto corriente primario que hubo en mayo 2022, por lo que es un monto increíblemente alto para un solo programa. Su implementación agravaría de forma desmedida el ya importante déficit del Estado nacional, que ya está siendo financiado casi enteramente con emisión monetaria e inflación.
Desde el punto de vista del mercado laboral, el Salario Básico Universal también es problemático. En la última década hubo más de 1 millón de nuevos ocupados informales mientras que hubo nula creación de empleo asalariado registrado privado. Una medida como esta, que apunta a ayudar económicamente principalmente a los informales, incentivaría aun mas el trabajo informal al generar un “premio” por ser informal. Además, pone mayor presión en el sector privado formal que tendrá que financiar este nuevo plan asistencial, por lo que dificulta aún más la generación de empleo formal.
En el propio proyecto de Ley se admite la superposición que hay con otros programas y se propone que el paso siguiente a seguir luego de la aprobación de la ley sea “reorganizar el universo de políticas sociales.” Esto parece sencillo, pero hay varios referentes de movimientos sociales que ya se pronunciaron diciendo que buscaran evitaran recortes en los planes asistenciales. Esto implica que sería muy difícil evitar el solapamiento en las políticas sociales si el nuevo proyecto es aprobado.
En el proyecto del Salario Básico universal también se establecen ciertos criterios para que las familias puedan acceder al beneficio. Pero en muchas ocasiones ya se observó que el estado no es capaz de verificar el cumplimiento de los requisitos y de gestionar estos proyectos con la rigurosidad que ameritan. Se demostró ya con el IFE que el Estado argentino carece de la suficiente capacidad de gestión que requieren este tipo de programas de asistencia social.
Si bien el proyecto propuesto por el oficialismo puede tener buenas intenciones, trae aparejado demasiadas complicaciones. Este proyecto es inviable desde todo punto de vista. Implementarlo a la fuerza va a acelerar todavía más, de lo acelerada que está, la inflación.
Fuente: Idesa.org
