Esta es otra evidencia de que para aplicar políticas públicas progresistas se necesita un Estado ordenado y profesionalizado.

La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia mantienen muy altos los precios de las oleaginosas, los cereales y la energía. Argentina supo ser exportadora neta de estos tres complejos hace 20 años atrás. Sin embargo, por su política de atraso tarifario se convirtió en una importadora neta de energía. El resultado es que Argentina no está aprovechando el muy favorable contexto internacional que se le ofrece. Los precios récord en los productos agropecuarios quedan contrarrestados por la insuficiente actualización de las tarifas de electricidad y gas que desestabilizan las cuentas públicas.

Los subsidios a la energía para compensar el atraso en las tarifas es una política del presente siglo. En la década de los ’90 no había subsidios a la energía. Entre el 2002 y el 2004, con la salida de la convertibilidad, se congelaron las tarifas de luz y gas bajo el argumento de la emergencia económica. A partir del 2005, en lugar de aplicar un esquema racional de tarifas, se pasó a la política de mantener el congelamiento tarifario y subsidiar con fondo públicos el consumo de energía.

Según datos de la ASAP, los subsidios a la energía alcanzaron su máximo en el 2014 con 3,7% del PBI. El gobierno anterior avanzó en el sinceramiento de tarifas y redujo los subsidios, pero el gobierno actual revirtió esta política. La evolución de los subsidios a la energía con la actual gestión es como se muestra a continuación:

- En el 2019, cuando asume, representaban el 1,1% del PBI.

- En el 2021, ya eran del 2,5% del PBI.

- En función de lo ocurrido en el 1° cuatrimestre de este año, se proyecta que el 2022 cerrará en un 4% del PBI en concepto de subsidios a la energía.

Estos datos muestran que los subsidios a la energía se cuadriplicaron en términos del PBI desde que asumió el gobierno. El nivel es preocupante porque supera el máximo valor del 2014, año que –no por casualidad– fue de fuerte inestabilidad macroeconómica, incluyendo devaluación y aceleración de la inflación, aún con cepo cambiario. Aunque la experiencia muestra que los subsidios a la energía desestabilizan las cuentas públicas, el actual gobierno volvió a cometer el mismo error.

La tardía reacción se plasmó en el reciente Decreto 332/22 que establece la denominada segmentación de tarifas. Se estipula que pagarán tarifa plena de luz y gas los hogares cuyos ingresos superen los $333 mil mensuales, o posean 3 o más autos o inmuebles, o tengan aviones o barcos, o acciones en empresas que demuestren capacidad de pago. El esquema es extremadamente arbitrario e inequitativo ya que las propiedades tienen, para el Estado, valores muy alejados de la realidad reflejando condiciones socioeconómicas erróneas. Pero, además, si bien el Estado administra los registros de inmuebles, autos, barcos y aviones, el decreto crea de manera solapada el Registro de Acceso de Subsidios a la Energía (RASE) donde se tienen que inscribir quienes aspiren a no pagar la tarifa plena. En lugar de este incoherente mecanismo sería mucho más pertinente utilizar las declaraciones de los impuestos a la Ganancias y Bienes Personales para identificar a las familias del estrato socioeconómico más alto.

De esta impericia administrativa se derivarán inequidades, conflictos, burocracia, corrupción y, lo más grave, una insuficiente reducción de hogares subsidiados. Si bien la información disponible es muy limitada, en base a la declaración de ingresos en la EPH del INDEC, se puede estimar que aproximadamente a sólo el 5% de los hogares se les quitará el subsidio.

Mantener el 95% restante fuertemente subsidiado es inconsistente con la gravedad del problema fiscal. A esto hay que agregar los subsidios al transporte, que suscitan reclamos por aumentos en el AMBA y paros de colectivos en el interior. Esto sugiere que el total de subsidios económicos terminará el 2022 por encima del 5% del PBI.

Este es un ejemplo más de que para instrumentar buenas políticas públicas, especialmente con orientación progresista, es imprescindible un Estado financiera y gerencialmente sólido. Por eso el ordenamiento del Estado, paso imprescindible para salir de la decadencia, no tiene ideología. Se necesita tanto para un programa de desarrollo con orientación de “derecha”, como aún más si se opta por una estrategia de “izquierda”.

Fuente: Idesa.org