El primer escenario, y sin dudas el más pesimista, podríamos ser llamarlo “profundización del modelo populista”. Esto implicaría continuar con alto déficit fiscal, financiado vía emisión monetaria. Atraso del dólar oficial y tarifas. Más regulaciones y controles de precios. Esta estrategia ignora el nivel de reservas, la aceleración de los subsidios, saturación de las leliq para sacar de circulación los pesos que la gente rechaza. Ante semejante nivel de inconsistencia macroeconómica el final es fácil de predecir, sin dudas traerá aparejado aún más deterioro social por mayor inflación, menor producción y destrucción de empleos.
El segundo escenario, podría denominarse “continúa la mediocridad”. Este escenario implicaría la firma de un acuerdo con el FMI para diferir vencimientos y moderar el riesgo país, y que finalmente comience a revertirse el atraso tarifario. En la misma línea, que el Banco Central administre una devaluación del peso alinear el dólar oficial con la inflación. Esto debería ir acompañado de cierta austeridad en el manejo del gasto público apostando a que con una inflación de no menos del 50% se licuen los excesos fiscales. El desempeño de la economía, dependerá de si el contexto internacional sigue siendo favorable. Pero siendo que hay todavía recorrido para recuperar los niveles de producción y de empleo anteriores a la crisis iniciada en el 2018, la economía y el empleo podrían repuntar levemente, aunque la inflación seguirá siendo alta. La situación social se sigue degradando, sin embargo, con un escenario más controlado.
El tercer escenario, se llamaría “salir de la decadencia”, implica una especie de punto de inflexión. La situación actual, a la que le quedan dos años para transitar con un oficialismo derrotado y una situación económica y social extremamente delicada, debería llevar a una toma de conciencia de que se llegó a un punto crítico de decadencia. Se debería entender que asumir una actitud pasiva lleva a la explosión inflacionaria y aplicar los ajustes tradicionales, además de políticamente costoso, en el mejor de los casos aporta paliativos, pero no soluciones. La dirigencia política debería comprender que se necesita una nueva organización del sector público. Dicho de manera simplificada se debe abordar el desafío de rediseñar el Estado para que de ser una pesada carga para la sociedad pase a ser un agente promotor de progreso. Para cumplir con esta premisa se necesita un ordenamiento integral del Estado.
Un ordenamiento integral del Estado es mucho más que el tradicional ajuste de reducir el déficit fiscal e introducir un nuevo régimen cambiario, implica ambiciosas e innovadoras medidas en el ordenamiento del Estado. El camino es ordenando al Estado para que pueda funcionar con equilibrio fiscal, una presión impositiva tolerable para la producción y brindando servicios estatales de alta calidad y profesionalismo. Con esto, se puede tener una macroeconomía ordenada, una tasa de inflación de un dígito y una legislación tributaria y laboral mucho más moderna que transforme el crecimiento económico en mayores empleos de calidad. Lo más desafiante en este caso es que no pareciera haber toma de conciencia ni de la dirigencia policía ni de la sociedad en asumir que el problema central está en la mala organización y baja calidad de gestión del sector público.
Fuente: idesa.org
