Este informe tiene por objeto conocer cuánto gastan las provincias en el funcionamiento de sus legislaturas. Para ello, se relevó el importe destinado al Poder Legislativo según los Presupuestos Provinciales 2021, para luego vincular este dato con la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, que tiene cada una de las 24 jurisdicciones del país incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y obtener de este modo cuál es el costo por legislador en cada una.

Concretamente, de acuerdo a los presupuestos sub-nacionales, el importe total de los 24 distritos destinado a las legislaturas provinciales para el año en curso asciende a $78.173 millones. Si se tiene en cuenta que el total de diputados y senadores es de 1.199, implica que cada uno de ellos tiene un costo de $65 millones al año. O, en otras palabras, equivalente a $5,4 millones mensuales.

El resultado por provincia arroja resultados dispares entre ellas. Al tope de la tabla con el costo más alto por legislador se halla Tucumán, con $166,7 millones anuales, le siguen Ciudad de Buenos Aires con $132,1 millones y Chaco con $130 millones. En el otro extremo, es decir, las que registran menor costo por legislador son Santiago del Estero y San Luis, con erogaciones de $8,9 y 13,3 millones anuales respectivamente.

Un legislador tucumano cuesta seis veces más que un legislador jujeño, una diferencia considerable teniendo en cuenta que dichas jurisdicciones poseen similares cantidades de legisladores. Otro contraste importante se da entre las provincias de Catamarca y San Luis, en este caso, la primera más que cuadriplica el gasto por legislador de la segunda. Una mayor disparidad se da entre las provincias de Chaco y Santiago del Estero, cuyos gastos por legislador son de $130 y $8,9 millones, respectivamente, es decir, que el costo en la provincia chaqueña es casi 15 veces el de la santiagueña.


En relación a las variaciones de los presupuestos con respecto a los del 2020[1], se advierte que las jurisdicciones que presentaron mayores incrementos son: Santiago del Estero (99,5%), San Luis (60,8%) y Jujuy (46,5%). En el otro extremo, se encuentran La Rioja (3,4%), Mendoza (4,6%) y Chubut (8%) con los menores aumentos. En términos generales, se debe resaltar que 17 jurisdicciones experimentaron crecimientos por debajo de la inflación del período (36,1%).


Debe tenerse en cuenta que la mayor parte del gasto del Poder Legislativo se destina a personal, no sólo considerando el sueldo de los legisladores, sino también, secretarías, asesores y demás empleados permanentes y transitorios. Para las provincias que se pudo obtener este dato, se observa que la participación promedio del gasto en personal en el total del gasto legislativo es del 80%. En las provincias de San Luis y de Misiones este porcentaje es del 59% y 64% respectivamente, siendo las dos de menor ratio para las cuales se dispone de información. En el polo opuesto, se encuentran Río Negro (95,5%), Formosa (91,2%) Santa Cruz (91%) que, junto a Salta (90,8%) y Mendoza (90,3%), son las provincias donde 9 de cada 10 pesos gastados en sus respectivas legislaturas corresponde a erogaciones de personal.

En lo que refiere al personal de las legislaturas, para las que se pudo acceder a información, en promedio, hay 25 trabajadores por legislador. La jurisdicción con la mayor cantidad de empleados por legislador es Chaco, cuya planta de personal del poder legislativo asciende 2.037 trabajadores, lo que significa que posee 64 por cada legislador, más atrás, aparecen Catamarca y Santa Cruz (ambas con 38) y Tierra del Fuego (28). En el otro extremo, se encuentra Entre Ríos con 8 empleados por legislador, Mendoza con 12 y La Pampa con 14.

El Gasto del poder Legislativo en los presupuestos provinciales

El presupuesto destinado al Poder Legislativo en las provincias representa en promedio el 1,42% del total de gastos. Las tres jurisdicciones que exhiben una mayor participación son: Tucumán (3,8%), Catamarca (2,9%) y Chaco (2,4%). Si bien estos porcentajes parecen poco significativos dentro de los Presupuestos, cuando se realizan algunas comparaciones sobre otras erogaciones que realizan las provincias se puede advertir la importancia relativa de los mismos.

Tucumán, como se mencionó, es la que tiene el mayor costo por legislador y destina un monto total de $8.170 millones a su Legislatura. Si bien no se pudo obtener la desagregación del Presupuesto por jurisdicciones, puede señalarse que este importe equivale al 37,5% de lo que la provincia destina a la Inversión Real Directa ($21.774 millones), de acuerdo al Presupuesto para el actual ejercicio.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene un presupuesto asignado al Poder Legislativo de
$7.927 millones, este monto equivale al 84% de lo destinado al Ministerio de Hacienda y Finanzas ($9.406 millones), al 81% de lo asignado al Ministerio de Cultura ($9.775 millones) y al 19% de lo proyectado para el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano ($41.145 millones).

La provincia de Santa Fe, destina al Poder Legislativo un monto de $7.058 millones, esta cifra es 1,2 veces superior a la destinada al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ($5.648 millones). También, este monto equivale al 64% del monto destinado al Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad ($10.978 millones) y al 61% de la suma destinada Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología ($11.664 millones).

Por su parte, Tierra del Fuego ha presupuestado para el Poder Legislativo un monto de $1.389 millones, 1,8 veces mayor al destinado a la Dirección Provincial de Vialidad ($775 millones), 6 veces superior al Ministerio de Trabajo y Empleo ($225 millones) y también equivale al 53% del importe previsto para la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios ($2.586 millones).

Comparación con las Comunidades Autónomas de España

Para dimensionar mejor las dimensiones de estos guarismos se requiere contrastarlos con los números de las legislaturas de otros países. La comparación con España resulta de utilidad ya que posee una población y una estructura legislativa similar a la de nuestro país. A partir de los datos de los Presupuestos 2021 de las Comunidades Autónomas, se desprende que el gasto por legislador para el total[2] de las legislaturas españolas asciende a 426 millones de euros, que al tipo de cambio actual[3], asciende a $48.466 millones, valor que resulta considerablemente inferior a los $78.173 millones de la Argentina. En forma puntual, el costo en nuestro país resulta 1,6 veces mayor al español.

Si se considera la cotización al 31 de diciembre del 2020[4], momento en el cual la mayoría de los presupuestos provinciales estaban recientemente aprobados, el presupuesto argentino es 1,8 superior al español. Por su parte, siguiendo estos mismos parámetros, el gasto por legislador del país europeo, alcanza los $36,1 millones, es decir que el gasto argentino por legislador prácticamente duplica al español en este escenario.

Pasando a comparaciones más específicas entre provincias argentinas y comunidades españolas con cantidades de legisladores similares, se pueden destacar los casos de Tucumán ($166,7 millones) y Murcia ($30,1 millones), donde el costo de un legislador de la provincia tucumana es 5,6 veces mayor al de su par española. Otra diferencia considerable se da entre la provincia de Buenos Aires y la Comunidad de Madrid, aquí la primera quintuplica a la segunda con gastos de $122,6 y $24,3 millones respectivamente. También, vale mencionar el contraste que se da entre Chaco y Cantabria, donde la jurisdicción argentina gasta 5,5 veces más que la española ($130 y $23,6 millones respectivamente).

En efecto, los datos anteriores ponen de manifiesto el elevado costo de las legislaturas provinciales -más aún cuando se efectúa una comparación internacional – y las significativas diferencias entre provincias. A la vez, la participación del gasto en el Poder Legislativo dentro de los presupuestos provinciales, adquiere relevancia cuando se lo contrasta con otras erogaciones de las provincias, ya sean en materia de producción, desarrollo social u obra pública y cuando se percibe que los legisladores presentan proyectos que no tienden a resolver las innumerables problemáticas que aquejan a nuestra sociedad.

Fuente: ON24