Reina la incertidumbre en el sector productivo cruceño. La oficialización de una resolución del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que declara el 90% del predio de las Londras como tierra no fiscal no disponible, preocupa a los agricultores de la región oriental. Esta superficie tiene una extensión de 18.000 hectáreas de las cuales, la entidad estatal reconoció solo 1.800 como área de uso agrícola.

La noticia fue oficializada por el director regional del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, que en declaraciones al medio estatal Bolivia TV aseguró que la resolución final del proceso de saneamiento del área, establece que el 10% corresponde a 16 predios y el restante 90% es tierra fiscal no disponible que corresponde a la Reserva Forestal Guarayos.

Desde octubre el predio entró en disputa, entre productores que llevan asentados hace varios años en el lugar y campesinos, que se identificaron como interculturales, que exigieron la expulsión de los empresarios y la dotación de las tierras a su favor.

Esto derivó en hechos de violencia que tuvieron su punto más álgido el 29 de ese mes, cuando los campesinos armados emboscaron y secuestraron a 17 personas: entre policías, trabajadores agrícolas y periodistas que llegaron a cubrir el conflicto.

Estas personas permanecieron retenidas por siete horas y de acuerdo a informes forenses sufrieron torturas. Hasta la fecha no existe ninguna persona arrestada.

Incluso se cuestionó la cercanía de Rojas con el grupo armado después de que el funcionario visitó a estas personas; un día después de los hechos de violencia en los terrenos en disputa.

Imágenes emitidas por la Red Uno muestran a Rojas recibiendo guirnaldas y aplausos del grupo que secuestró a los periodistas.

Informe

En su informe a Bolivia TV Rojas explicó que en agosto se remitió la carpeta del predio junto con una propuesta de resolución final de saneamiento, por lo que “en este momento ya se cuenta con documento final y se está en proceso de notificación” a los involucrados.

“Mañana o pasado ya se conocerá si se terminaron con las notificaciones a las partes porque ya existe una resolución final del proceso. Y con eso concluye nuestra competencia respecto de dicho predio”, explicó.

Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) indicaron que esperan que la dirección nacional del INRA de un informe oficial al respecto o que desde el nivel central del Gobierno se dé una solución a este conflicto.

No obstante, un productor que prefirió no ser citado, sostuvo que la medida adoptada genera mucha incertidumbre dentro del sector productivo. Recordó que estas tierras se encuentran en proceso de saneamiento y que desde hace años la actividad agrícola en el lugar es constante.

Desde la empresa Jihussa, que es dueña de uno los 16 predios ubicados en Las Londras, indicaron que aún están evaluando el informe que dio el INRA y se pronunciaría en las próximas horas.

Gonzalo Colque exdirector de la Fundación Tierra, sostuvo que la norma es clara y que los terrenos deben ser declarados como Tierra Fiscal no disponible. A criterio suyo las normas facultan a los productores a recurrir al Tribunal Agroambiental para tratar de revertir la resolución.

Para el especialista, el conflicto se pudo evitar si el INRA hubiera emitido esta resolución antes de que los campesinos ingresen a estos predios.

Colque sostuvo que desde la entidad agraria se quiso favorecer a este sector por razones políticas.

“Hubo intereses para entregar esta tierra al sector intercultural que forma parte del conflicto, pero gracias a las denuncias el INRA retrocedió, dando una mínima parte a los empresarios que estaban demandando esta propiedad”, dijo.

Caso secuestro

Por otro lado, la comisión fiscal integrada por los fiscales Roberto Ruiz, Delmy Guzmán Iván Quintanilla y Walter Cisneros, emitió una citación contra el director nacional del INRA, Eulogio Núñez para que preste su declaración en calidad de testigo dentro de las investigaciones que se desarrollan por el caso de Las Londras.

Tras ser emitida, la citación fue enviada a La paz con un pedido formal de cooperación a la Fiscalía de la sede de Gobierno para que mediante un acto de cooperación hagan efectiva la notificación al director nacional del INRA. Según la orden, Núñez debe presentarse a declarar en Santa Cruz dos días después de su notificación oficial, a las 16:00.