Para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional se necesita un abordaje integral que tienda a la unificación, donde la mayoría de los afiliados se encuadren en el régimen general.

La cobertura previsional en la Argentina es brindada a través de varios sistemas de características muy disímiles y con bajos niveles de articulación. En este sentido, no hay un único sistema o ente central de regulación de los múltiples sistemas que conviven.

A nivel nacional quien administra la seguridad social es la ANSES, en donde controla un sistema contributivo, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y un pilar no contributivo. Dentro del sistema contributivo existen tres grandes regímenes: el general, los especiales y los diferenciales. El primero funciona para asalariados del sector privado, asalariados públicos nacionales, trabajadores autónomos, monotributistas y de casas particulares. Junto con el general conviven 7 regímenes especiales, con parámetros de aportes y jubilación más beneficiosos. Por último, existen los regímenes diferenciales, que también tienen parámetros diferentes, justificados en la naturaleza riesgosa o de insalubridad, para lo cual hay 88 esquemas, y regímenes de retiro para el personal de fuerzas armadas y de seguridad, que son 6. El sistema no contributivo está conformado por las pensiones no contributivas, que son beneficios asistenciales para gente en situación de vulnerabilidad, y, más recientemente, por la PUAM, para personas de 65 años de edad o más que no tengan aportes suficientes para el sistema contributivo.

En paralelo con el sistema nacional funcionan 13 sistemas provinciales que cubren a empleados públicos provinciales y municipales. A su vez, cada una de estas cajas tiene su régimen general, con parámetros mas beneficiosos que el sistema nacional, y sus propios regímenes especiales, diferenciales y no contributivos. Por último, también operan de manera independiente y aislada las cajas previsionales para profesionales, que son 76, y otras 26 cajas de previsión para trabajadores municipales. En definitiva, se trata de más de 200 regímenes jubilatorios con sus reglas propias y desconectadas entre sí.

Lo problemático de este entramado institucional es que los esquemas especiales y las cajas provinciales, lejos de ser la excepción, representan casi la mitad del sistema y otorgan beneficios ampliamente superiores a los del régimen general, sin una contraparte de sostenibilidad financiera. Así, jubilaciones anticipadas, haberes jubilatorios de más del doble que los del régimen general y duplicaciones de beneficios llevan a que el gobierno nacional deba cubrir los déficits previsionales de estos regímenes mediante subsidios, lo que torna al sistema en altamente inequitativo. Sumando las moratorias, 2 de cada 3 jubilaciones y pensiones fueron otorgadas con normas diferentes al régimen general. En el extremo, esto posibilita casos como el de la vicepresidenta, que acumula una doble pensión vitalicia por 2,5 millones de pesos mensuales, lo cual equivale a 96 jubilaciones mínimas o 63 jubilaciones que cobran el haber medio.

Un abordaje integral

Para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional se necesita un abordaje integral que tienda a la unificación, donde la mayoría de los afiliados encuadren en el régimen general. Las excepciones para compensar envejecimiento prematuro deberían estar científicamente justificadas. Por último, si algún colectivo de trabajadores aspira a tener jubilaciones más altas que las del régimen general debería administrar una caja complementaria de manera independiente, que sea actuarialmente consistente y no necesite de la asistencia de la Nación.

Fuente: Idesa