Ante la inminencia del vencimiento de la actual ley de promoción de los biocombustibles previsto para el próximo 12 de mayo, los sectores pymes ligados a la producción de biodiesel y bioetanol iniciaron la semana intentando que la Cámara de Diputados finalmente le dé tratamiento a la prórroga de la normativa vigente desde el año 2006 y que en octubre del 2020 logró media sanción en el Senado.
Alrededor del tema confluyen muchos intereses, como el de las firmas petroleras que buscan que se caiga la ley actual y que no haya prórroga, con la consecuente desarticulación del plan de promoción que beneficia con exenciones impositivas a las pequeñas y medianas empresas, que en el caso específico del biodiesel, están fundamentalmente instaladas en territorio santafesino.
“Lo que nuestro sector está pidiendo fundamentalmente es que se continúe con el régimen actual”, planteó Juan Facciano, presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Casfer). “Lo poco que queda del plazo hasta el 12 de mayo está marcado por la incertidumbre ya que venimos escuchando múltiples rumores entre los que está la posibilidad de que salga la prórroga o conversaciones que versan sobre un nuevo proyecto de ley del que no conocemos detalles”, indicó el dirigente, en contacto con Base de Datos (Meridiano 107.1)
“Hya una clara posición de determinados sectores, puntualmente el petrolero, que está haciendo lo suyo para que de mínima no prospere nueva ley y de máxima no se prorrogue la actual”, añadió Facciono.
En las últimas horas también se expresaron desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb). Fue a través de un comunicado en el cual defiende la variante de la prórroga de la normativa actual que tiene media sanción en la Cámara alta.
“La Ley 26.093, establecida por el Estado Argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre de 2020, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria”, puntualizaron.
Pero sobre todo intentan desterrar la idea de que la actividad representa una carga para la alcancía del Estado nacional. “El Estado Argentino a través de la ley 26.093 estableció un marco regulatorio para las industrias pymes nacionales que de ninguna manera constituye una actividad subsidiada ni representa ninguna carga para dicho estado nacional, como intentan instalar, algunos sectores que cuentan con un poderosísimo lobby. Esta conducta mezquina solo busca proteger sus propios intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente”, manifestaron desde la Cepreb.
Además pusieron el foco en la fuente de empleo que representan las pymes productoras de biodiesel y bioetanol. “Más de 30 mil trabajadores y familias del interior del país dependen actualmente de unas 30 plantas productivas que se construyeron al abrigo de este régimen, generando un fenomenal impacto en el desarrollo de las comunidades vecinas a dichos centros productivos”, reza el comunicado.
Fuente: Puntobiz
