La Ley 26.093, establecida por el Estado Argentino en 2006 y aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores el pasado 30 de octubre de 2020, tiene todos los elementos virtuosos de una política pública establecida con visión de futuro cuya continuidad peligra por la incertidumbre del lobby petrolero y su influencia en la gestión parlamentaria.
Ha demostrado en todos estos años, con creces, una influencia positiva en aspectos socio-económicos como el empleo, la promoción de combustibles amigables con el medioambiente, el fomento de las industrias pymes nacionales, la federalización y el desarrollo económico de pequeñas comunidades vinculadas con la instalación de plantas productivas.
Más de 30 mil trabajadores y familias del interior del país dependen actualmente de unas 30 plantas productivas que se construyeron al abrigo de este régimen, generando un fenomenal impacto en el desarrollo de las comunidades vecinas a dichos centros productivos
El Estado Argentino a través de la ley 26.093 estableció un marco regulatorio para las industrias pymes nacionales que de ninguna manera constituye una actividad subsidiada ni representa ninguna carga para dicho estado nacional, como intentan instalar, algunos sectores que cuentan con un poderosísimo lobby. Esta conducta mezquina solo busca proteger sus propios intereses económicos y no tiene ningún interés en promover la diversificación de la matriz energética, ni la producción de combustibles más amigables con el medio ambiente.
Cualquier modificación o cambio que atienda los intereses de este sector, claramente irán contra el espíritu original de la ley y atentarán contra las posibilidades de supervivencia de las pymes y contra la continuidad de todos los beneficios que la ley ha promovido desde su implementación.
