La Argentina no es por cierto una excepción. Desde 1983 hasta hoy, más de un 80% de la opinión nacional coincide en esta demanda de concertación como el punto de mayor acuerdo en una sociedad que mantiene su valoración de la democracia, aunque con dudas crecientes acerca de la calidad de sus procedimientos.

En el nuevo contexto de crisis global, la demanda de acuerdos ha vuelto a acorralar a la política. De allí la presencia del tema en discursos, plataformas, cartas abiertas, pronunciamientos y debates. Parece claro, sin embargo, que el desafío presenta dificultades mayúsculas, derivadas sobre todo de la debilidad institucional de los sistemas de partidos y los condicionamientos de una cultura política adversarial, sin mayores tradiciones y experiencias de cooperación.

Sorprende la brecha creciente que sigue separando las declaraciones de intención y la capacidad efectiva de avanzar en el plano de las realizaciones concretas.

El dialogo social opera de hecho como un componente central del imaginario democrático contemporáneo. Cuenta con la excelente reputación de las estrategias de pacto social desarrolladas sobre todo en la Europa de las décadas del 70 y 80. Con la única excepción de la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, casi todos los países europeos implementaron entonces estrategias de estabilización económica y reforma institucional, desde plataformas de acuerdos entre fuerzas políticas y sociales.

Los pactos sociales fueron también herramientas básicas en la construcción de la Europa comunitaria. De allí su recepción, en las constituciones, leyes y practicas institucionales tanto en Europa como en el resto de las democracias en transición.

Sorprende sin embargo que más de cuarenta años de aquellas experiencias, no existan hoy en el mundo ejemplos importantes de pactos económicos y sociales del tipo de las "Moncloas" de los años 70.

¿Cómo explicar entonces la incapacidad actual de la política de partidos para concretar la promesa de la concertación social?

La respuesta a este interrogante es compleja y exige tener en cuenta un conjunto de barreras y obstáculos estructurales a las políticas de concertación, generados por la propia evolución natural de la sociedad y de sus instituciones y prácticas políticas.

Una primera dificultad es la que plantea la virtual desaparición entre las elites tanto políticas como corporativas de una cultura de la cooperación y el compromiso. Las causas del fenómeno son múltiples.

Por un lado, la entronización de las campañas electorales permanentes y la irrupción en el escenario político de personalidades disruptivas, que combinan un principismo dogmático con el rechazo a cualquier alternativa de cooperación. Se consolida así un patrón general de competencia adversarial, en el que la disputa por los espacios del poder deriva en un combate a vida o muerte, orientado a la derrota y supresión del adversario. El resultado es un empate social que paraliza a la sociedad y encierra a gobiernos y oposiciones en un juego imposible de suma-cero.

Una segunda dificultad, también de carácter estructural, es la perdida gradual de representatividad de los partidos y de las organizaciones económicas y sociales. Nadie representa ya a nadie, más allá de su eventual capacidad para expresar e incluso imponer posiciones o vetos sectoriales. La crisis del mandato representativo no es algo coyuntural. Tiene que ver con cambios profundos en la sociedad que afectan el funcionamiento de muchas instituciones tradicionales de la democracia representativa.

En el marco de la sociedad-Red surgen nuevas formas de ejercicio de la inteligencia colectiva que desbordan los cauces de participación y representación política ideados a finales del siglo XVIII. Muchos ideales de la democracia directa, estimados hasta no hace mucho como utopías impracticables son hoy realidades tangibles que estimulan la movilización participativa y directa de la sociedad, sin necesidad de intermediaciones institucionales parasitarias.

Existen incluso sectores sociales cada vez más amplios, no representados ni representables. ¿Cómo pretender que sindicatos o centrales empresarias pensadas y diseñadas en la Argentina corporativa de los 40 ó 50 puedan llegar a representar en una negociación a una sociedad con más de la mitad de su población activa fuera del sistema?¿Qué capacidad de articulación y compromiso efectivo pueden tener funcionarios, referentes empresarios o sindicatos hoy cuestionados en su legitimidad y sospechados en sus procedimientos por una sociedad que incluso sustenta agendas y prioridades muy diferentes de las de sus dirigentes.

Una tercera dificultad es la derivada del rechazo frontal de la sociedad civil a la pretensión de la política de partidos de monopolizar la representación social. La idea de que en democracia "los acuerdos sólo se hacen en el Congreso que es donde está representada de la sociedad", un verdadero común en el discurso de las oligarquías partidarias, resuena desde hace ya tiempo en el vacío.

Los obstáculos básicos a una política de concertación derivan en buena medida del modo de producción de la política tradicional. En las democracias actuales una cosa es competir electoralmente y ganar elecciones y otra muy diferente gobernar. En la Argentina actual, la experiencia de los últimos gobiernos demuestra que coaliciones exitosas a la hora competir electoralmente resultan luego incapaces para articular coaliciones de gobierno.

Las dificultades se multiplican y reproducen. Un gobierno fuerte, capaz de concentrar facultades decisionales, monopolizar la gestión de la emergencia y, al mismo tiempo de acorralar y dividir a sus adversarios, tropezará con serias dificultades para afrontar los problema de la debilidad de los aparatos estatales, superar el conflicto permanente propio de la heterogeneidad radical de su base electoral, controlar la tendencia natural en los gobiernos de coalición al reparto o loteo de la administración y sobre todo a suplir la ausencia cuadros técnicos independientes y calificados.

En una democracia de alta complejidad, quienes gobiernan están obligados a escuchar, incluir, integrar, acordar y hacer concesiones. Ello exige nutrir los elencos gubernamentales con equipos preparados y efectivamente dispuestos a políticas de cooperación. A falta de acuerdos de gobernabilidad se impone la necesidad de estrategias de transversalidad aptas para incorporar recursos materiales y humanos indispensables para garantizar la gobernanza.

Las barreras estructurales a la concertación pueden y deben ser superadas. Para ello, es necesario entender que los problemas de la política solo se resuelven con más y mejor política. Una política entendida de un modo más integral, capaz de trascender las limitaciones de la cultura de la confrontación y la perspectiva estrecha y cada vez más defensiva de las oligarquías sociales y políticas tradicionales.

Fuente: Cronista