En algunos medios se lee que el gobierno decidió aplicar una política económica ortodoxa porque optó por no recurrir más a la emisión monetaria y bajar el déficit fiscal ajustando el gasto.

Habría que ver qué se entiende por política ortodoxa, pero en todo caso el gobierno se topa con la dura realidad de haber empeorado la herencia económica que le dejaron a Cambiemos y que Cambiemos se encargó de financiarla con deuda pública y devolverle lo que le habían dejado, salvo en el tema de las tarifas de los servicios públicos, que Cambiemos había arreglado parcialmente y ahora volvimos al punto de partida con el nuevo retraso tarifario.

En lo que hace a la emisión monetaria, el ministerio de Economía emitió un comunicado unos días atrás en los cuales afirma que dejará de financiarse con la emisión monetaria que hace el BCRA vía los Adelantos Transitorios. Lo que no aclaró es que seguirá financiándose con emisión monetaria proveniente de la transferencia de utilidades del BCRA. Cabe aclarar que la emisión monetaria para financiar al tesoro que hace el Central proviene de dos cuentas: 1) Adelantos Transitorios que tienen un límite fijado por ley y 2) transferencia de utilidades, que es emisión monetaria basada en utilidades surgidas de la creatividad contable por la forma en que el BCRA valúa unos bonos que tiene del tesoro que, por cierto, no sirven para nada. Justamente, en noviembre el BCRA emitió $ 60.000 millones por transferencia de utilidades al Tesoro, con lo cual continuó financiando el déficit con emisión monetaria.

En lo que va de 2020 y hasta el 20 de noviembre, el BCRA emitió $ 1,7 billones para financiar al tesoro, de los cuales $ 1,3 billones se emitieron por transferencia de utilidades y $ 0,4 billones por adelantos transitorios. De manera que afirmar que el tesoro no va a recurrir a más adelantos transitorios del BCRA no dice nada respecto a la disciplina monetaria. Es más, el comunicado decía que era hasta fin de año, con lo cual solo queda un mes para “vender” disciplina monetaria. ¿Y después?

Finalmente, en los primeros 10 meses del año, la emisión monetaria para financiar al tesoro fue equivalente al 49% de los ingresos tributarios del tesoro. Viendo, entonces, que la expansión monetaria se les iba de la mano, decidieron levantar el pie del acelerador y tratar de bajar el déficit fiscal.

Ahora bien, aquí viene el segundo punto. La forma de reducir el déficit fiscal. En primer lugar, los tres rubros en los que más se le disparó el gasto público al gobierno en los primeros 10 meses del año es en: 1) prestaciones sociales con un incremento del 75%, no solo por las jubilaciones, sino por el IFE y los ATP, 2) por los subsidios económicos con una suba del 110%, producto del atraso de las tarifas de los servicios públicos y 3) transferencia a las provincias al margen de la coparticipación federal, cuyo monto se incrementó el 201% en los primeros 10 meses del año.

De los $ 2,3 billones de aumento del gasto corriente en el período enero-octubre, $ 1,9 billones corresponden a los tres rubros citados.

Con fuertes tensiones inflacionarias, el gobierno va a tener que utilizar menos la emisión monetaria y, aun así, no tiene asegurada la estabilidad monetaria si llega a caer la demanda de moneda a niveles más bajos.

Limitado por el lado de los ingresos, a pesar de intentar con el impuesto a la riqueza que acaban de aprobar, el gobierno tiene que recurrir al maldito ajuste. Ese que siempre denunció y dice que no se lo va a aceptar al FMI. Lo cierto es que ya anunciaron que el aumento del 5% que les darán a los jubilados en diciembre es a cuenta del ajuste de las jubilaciones que se darán en marzo con el nuevo sistema de ajuste de las jubilaciones, si es que se termina de aprobar en el Congreso. O sea, el primer gran ajuste viene por el lado de las jubilaciones, sin distinguir entre los que aportaron al sistema previsional durante su vida laboral y los que no aportaron. Igualan a todos hacia abajo.

El otro ajuste pasa por suspender las IFE y las ATP que se establecieron al inicio de la cuarentena y ya no queda margen para sostenerlas.

Vienen otros dos ajustes importantes para poder reducir el déficit para tratar de postergar el descontrol total de la economía. La suba de las tarifas de los servicios públicos para reducir los gastos en subsidios económicos y las transferencias a las provincias.

En el primer caso tendría que hacer algo parecido a lo que hizo Cambiemos pero pagando el costo político que pagó Cambiemos por el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Lo curioso es que Macri había resuelto parte del problema y Alberto Fernández volvió a complicar ese punto retrasando las tarifas para que la gente tenga tarifas de servicios públicos artificialmente baratas. Hacer ese ajuste en un año electoral, en principio iba a ser a partir de enero pero tal vez se postergue hasta marzo, va a impactar plenamente en el año electoral.

Y, por último, el tema de las provincias. Con el déficit fiscal que tienen, no luce que puedan equilibrar sus cuentas de manera de no tener que recibir el apoyo extra del gobierno.

El problema fiscal se debe a dos factores: 1) el fenomenal aumento del gasto público que hizo el gobierno y 2) la caída en los ingresos tributarios fruto de la cuarentena. De manera que no solo es cuestión de bajar algo el gasto público para reducir el déficit, sino que mientras no se recupere la recaudación, los ingresos tributarios (nacionales y provinciales) seguirán siendo muy pobres. Para eso la economía debería tomar una senda de recuperación que es muy tenue por el momento y solo por la menor exigencia de la cuarentena. Ver la nota de Daniel Sticco en INFOBAE ( https://www.infobae.com/economia/2020/11/30/cuantos-anos-necesitara-el-gobierno-para-volver-a-niveles-de-actividad-de-precrisis/ )

El estimador mensual de actividad económica todavía está un 7% por debajo de febrero, el mes anterior al inicio de la cuarentena y un 7,5% por debajo de noviembre de 2019, último mes completo de Macri en el gobierno. Por cierto, ese noviembre venía con una economía en caída libre luego de las elecciones. A septiembre, el nivel de actividad estaba igual que en octubre de 2017. Es decir, la economía retrocedió 13 años en su nivel de actividad, cuando el gasto público estaba en 33% del PBI, en vez del 47% actual. Es decir, la economía se achicó a niveles de 13 años atrás con un peso del estado mucho más alto. Esto da una idea de la magnitud de la baja del gasto público que hay que encarar para poder poner orden en las cuentas públicas.

Pero, en definitiva, hay dos puntos a resaltar sobre este ajuste que no quiere reconocer el gobierno. El primer punto es que no es un ajuste enmarcado en un plan económico general que genere confianza. Un plan que incluya reforma monetaria, tributaria, laboral, etc. Por lo tanto se limita a hacer lo de siempre, cambiar los precios relativos licuando transitoriamente parte del gasto público, atacando el grueso del gasto que son las jubilaciones y pensiones.

El segundo punto es que no hay un ajuste del gasto en forma ordenada de manera tal de hacer más eficiente el gasto. Solo se limita a licuar parte del gasto pero dejar intacta su ineficiencia.

En síntesis, todo parece indicar que es un ajuste de los tradicionales, licuando algunos gastos, pero de dudoso resultado y corta duración.

Lejos de estar en un ajuste ortodoxo, estamos frente a las típicas licuaciones del gasto como hizo Duhalde en 2002, es decir, una carnicería económica.

Fuente: Economía para Todos